DEBATE DE POLÍTICA GENERAL EN CATALUÑA

Pere Aragonès abraza la 'vía canadiense' para pactar un referéndum con el Estado

El 'president' ofrece elaborar una propuesta de "claridad democrática", como la que propició el Quebec, para acordar una consulta sobre la independencia de Catalunya

Pere Aragonès abraza la 'vía canadiense' para pactar un referéndum con el Estado
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Tras el paréntesis de la congelación de relaciones por el 'Catalangate', Pere Aragonès primó, en la mesa de diálogo y negociación con el Estado del mes de julio, la pata 'anti-represiva' en detrimento de la otra, la de la autodeterminación. Consciente, como mínimo por el volumen de críticas recibido desde el independentismo más híperventilado, de que la mesa cojeaba, el 22 de agosto, una semana antes del ultimátum de Junts, el 'president' anunció que en el debate de política general haría una propuesta "amplia e inclusiva" para un nuevo referéndum.

El día ha llegado. Y este martes, Aragonès, en su largo discurso en el hemiciclo del Parlament, en el que ha presentado su plan de choque para combatir los efectos de la inflación, ha planteado elaborar desde Cataluña una propuesta de "acuerdo de claridad democrática" para un referéndum de autodeterminación con el que plantarse en Madrid y forzar la celebración de una consulta vinculante y acordada. Una propuesta para superar "el bloqueo actual", ha dicho el 'president', por el que se establezca "cuándo y cómo" Cataluña "puede ejercer su derecho a la autodeterminación"

Jordi Pujol y el Quebec

El término "claridad democrática" ni es casual, ni es neutro. Remite, evidentemente, al proceso soberanista del Quebec, curiosamente, uno de los primeros referentes en los que el catalanismo autonómico de los años 80, entonces liderado por Jordi Pujol, se abrazó. Transporta, también, a lo que defendía Xavier Domènech cuando ejercía como líder de los 'comuns', en ese otoño del 2017 que aun se arrastra. Y a quien pocos en el independentismo hicieron caso. Sí el hoy 'conseller' de Empresa, Roger Torrent.

La ley de claridad democrática fue aprobada por el Parlamento federal canadiense y fija bajo qué condiciones el Ejecutivo canadiense podría, o más bien debería, abrir negociaciones con una región (provincia) que quisiera independizarse. Alude a todas, pero nació tras el segundo referéndum quebequés, en 1995. Y parte de un precepto expuesto por el Tribunal Supremo del Canadá: el Quebec no tiene derecho a a la secesión unilateral según las leyes domésticas canadienses y las internacionales. Pero se sobreentiende que si hay una mayoría democrática que reclama la celebración de un referéndum la obligación del Gobierno federal es atenderla.

El plan del 'president' no pasa por acogerse a la literalidad de aquella ley, que marca unas demandas en el contexto canadiense, sino a su espíritu de fijar las reglas de juego. Marcar un umbral que se convierta en objetivo y acabar, así, con la sensación de callejón sin salida que aboca a parte del independentismo a la frustración y a la vía unilateral.

El camino más rápido

El acuerdo de claridad democrática es definida por el jefe del Executiu, asimismo, como el "camino más rápido para volver a votar" y para que lo que se vote "sea reconocido por todas las partes y para que se pueda contar con el acompañamiento y reconocimiento de la comunidad internacional".

El 'president' usa como palanca la "reiterada voluntad" de una parte de la sociedad catalana, "expresada en las consultas populares de 2014, el 9-N y, sobre todo, el 1-O". La elaboración del pacto pasa por una primera fase de recolección de apoyos en Cataluña y en la comunidad internacional. Y ahí, en la arena exterior, en la capacidad por convencer de las bondades de llevar al campo "escrupulosamente democrático" el nuevo embate con el Estado, ya se otea que radicará el éxito o fracaso de la misión.

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Y no solo eso según el 'president' anclándose en el último barómetro del CEO, la resolución en las urnas del conflicto político es la preferida por el 100% de los votantes de los partidos independentistas, pero, también, "la del 73% de electores del PSC y el 50% del de Ciudadanos". Entre los que eligieron la papeleta de los 'comuns' , la fuerza con quien Aragonès quiere pactar los presupuestos del 2023 (imprescindibles para llevar a buen puerto el plan de choque anti-crisis anunciado), es del 90%.

A falta de mayores concreciones, la principal diferencia con otras iniciativas es que la elaboración de este libro blanco que debe definir, por ejemplo, quién vota, qué porcentaje se precisaría para alcanzar la secesión y cómo debe ser la pregunta, por ejemplo, la capitaneará el propio Govern. Incluso se piensa en nombrar una especie de 'embajador' que realice la tarea de recabar los apoyos más allá de las fronteras.