El nuevo fiscal general también pide cuentas por el bloqueo del CGPJ: "El cumplimiento de la Constitución no se condiciona"

El nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha estrenado su cargo este lunes reivindicando la legitimidad de su nombramiento, después de que su elección por parte del Gobierno de Pedro Sánchez fuera duramente contestada tanto por la oposición como por sectores conservadores de la justicia. Pero su alegato no ha quedado ahí ya que además, y aunque sin citar expresamente el desencuentro político que mantiene sin renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha manifestado que el cumplimiento de la norma "no se condiciona" porque es precisamente el Estado de Derecho el que nos distingue "de otros sistemas políticos".

"Ante los mandatos constitucionales para la configuración de nuestras instituciones no hay alternativa, bien se trate de nombramientos discreccionales, bien sometidos a otros sistemas de designación", ha incluido García Ortiz en su discurso oficial. En este punto, ha añadido que su cumplimiento "es imperativo, indispensable para el funcionamiento y la credibilidad de nuestras instituciones, para el fortalecimiento de la democracia, tal y como la conocemos".

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Por esta razón, según ha continuado, quienes creen en el Estado de Derecho "sabemos que no se elige el cómo o el cuando, y que el cumplimiento de la norma no se condiciona", en una clara alusión a las posiciones del Partido Popular que están impidiendo, según el Gobierno, la renovación del órgano de gobierno de los jueces. La ley, según el nuevo fiscal general, es lo que nos distingue de otros sistemas políticos "que también dicen llamarse democracias y que no respetan la división de poderes y el funcionamiento de las instituciones del Estado".

A lo largo de su intervención ante la ministra de Justicia, Pilar LLop, varios magitrados del Tribunal Supremo y un nutrido grupo de la cúpula fiscal, García Ortiz ha desgranado los términos de un proyecto "continuista" con el de su predecesora Dolores Delgado, a quien ha agradecido su "generosidad y honestidad". "

Quiero recordar aquí, pues parece que algunos discuten su legitimidad y la discrecionalidad de su elección, que es al Gobierno, al Poder Ejecutivo, a quien constitucionalmente corresponde proponer al candidato o candidata a fiscal general del Estado para su posterior nombramiento por el Rey", ha señalado en alusión a su polémico nombramiento.

García Ortiz comenzaba de esta manera su discurso en la sede de la Fiscalía General tras un acto formal de toma de posesión en el Tribunal Supremo, donde ha prometido su cargo acompañado como madrinas de la propia Delgado y de la actual número dos de la carrera, la teniente fiscal del Tribunal Supremo María Ángeles Sánchez Conde. 

García Ortiz llegó a la cúpula de la Fiscalía rodeado de polémica después de obtener un aval por parte del CGPJ que incluyó un duro voto particular de siete vocales del sector conservador, que llegaron a calificarlo de no idóneo para el puesto. El nuevo fiscal general se defendió atacando frente a unos diputados de la oposición muy críticos con su designación durante su comparecencia en el Congreso.

En su primer discurso, García Ortiz ha aludido de forma puntual a lo que serán los ejes de su mandato, comenzando por lo que considera "una cuestión de Estado" en alusión a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que debe dar la instrucción penal a los fiscales. "Queremos ser protagonistas", ha manifestado, por lo que considera que ahora les toca obtener la confianza de la ciudadanía "para que esta trascendental reforma llegue a puerto".

EJES DE SU MANDATO

Reclama también García Ortiz mayores cuotas de autonomía para la Fiscalía y ha señalado que los ejes de su gestión pasarán por "la lucha por el repeto a la dignidad del ser humano", y por ello se seguirá viendo a los fiscales "en el combate contra la violencia de género" y en el camino "para la plena inclusión de las personas con discapacidad y mayores". La especial protección de la Fiscalía se extenderá especialmente a los menores extranjeros no acompañdos, por su especial situación de vulnerabilidad.

Como novedades, ha anunciado que Ana García León será la nueva jefe de la Secretaría Técnica y que se creará una unidad especializada contra los delitos de odio y discriminación, además de nombrarse un fiscal de Sala en materia de derechos humanos y memoria democrática.

En la agenda más inmediata, un Pleno del Consejo Fiscal el próximo día 14, a lo que seguirá la Junta de Fiscales de Sala que debe dirimir sobre la prescripción en el caso Miguel Ángel Blanco, tras la polémica surgida tras las discrepancias que motivaron la renuncia del fiscal inicialmente adscrito a este procedimiento. Esta reunión no se demorará más allá del próximo mes de octubre.