Todo lo que debería resucitar tras el 19-J: los deberes pendientes del Congreso

Los 350 diputados y diputadas empiezan a ver más cerca el fin de la legislatura que el principio, y esto es algo que crea vértigo en sus señorías. Influye el componente emocional, pues al fin y al cabo se avecina un periodo de incertidumbre relacionado, por regla general, con el futuro profesional-laboral. E influyen la estrategia y la táctica. El Pedro Sánchez que salga del 19-J no va a ser el mismo. Ni tampoco lo será el PP. Ni Vox, ni Cs, ni Unidas Podemos. Todo, de hecho, va a cambiar después de las elecciones andaluzas y de su resultado inapelable: una mayoría absoluta de Juanma Moreno en una comunidad en la que semejantes gestas sólo estuvieron al alcance del PSOE.

A unos partidos las elecciones les ha dado un susto descomunal; a otros les ha insuflado ánimo a raudales. Los primeros querrán sacudirse los temores y recuperar la iniciativa. Los segundos intentarán mantener la inercia o mejorarla. Para que se entienda: el PSOE buscará la remontada tras los fiascos de Madrid, Castilla y León y Andalucía, y el PP dar la puntilla a los socialistas. 

Ahora bien, mientras el discurso político y sus ingenieros empujarán el día a día por unos derroteros, los legisladores lo moverán por otro. En el Congreso conviven dos planos siempre. Uno está en las ponencias y en las comisiones parlamentarias, y es inevitable. El otro habita fuera. 

Por las ponencias y las comisiones circularán una serie de proyectos y proposiciones de ley que terminarán de configurar el balance de la legislatura y su impronta progresista, ya que es el objetivo que maneja el Gobierno de coalición y al que con intensidad aspiran los habituales aliados parlamentarios. Así que no es banal ni secundario este tráfico. Quedan leyes por aprobar importantes, si es que se aprueban. El uso de los tiempos resultará fundamental. 

A continuación, por bloques, los hitos que se avecinan antes de que Sánchez dé por acabada la legislatura:

Lo inminente: el segundo decreto de la guerra de Ucrania

A partir de este mismo lunes, el Congreso recorrerá los tramos finales de la nueva Ley de Ciencia, encaminada, genéricamente, a propulsar la retención del personal investigador y recuperar a parte del que haya emigrado. Para ello, perfeccionará los regímenes de contratación. Asimismo, sentará las bases de una política científica más moderna y vanguardista, de manera que los gobiernos que se vayan sucediendo tengan difícil desentenderse. Es cierto que no aparece un blindaje de la inversión, pero sí interpela a las administraciones para que no se hagan las despistadas.

Habrá más leyes en el trampolín, una de ellas destinada a dar más agilidad a la lucha contra el terrorismo, para lo que legitimará un acceso a los movimientos financieros más ágil y sin apenas filtros garantistas. La UE la pidió hace tiempo y urge su aprobación. Como urge la nueva ley de regulación del juego, cuyo fin es dotar de eficacia y seguridad jurídica a la investigación de prácticas fraudulentas en las competiciones deportivas.

Del Senado es probable que regrese alguna ley, quizá la audiovisual, que tuvo una tramitación repleta de suspense. Varios grupos cambiaron sus votos sobre la marcha, dejando la norma casi en el libre albedrío. Al final, salió adelante por las abstenciones del PP y de Unidas Podemos. Tampoco fue sencillo el viaje de la ley de los planes de pensiones, que igualmente está en manos del Senado, ni el de la norma del “sólo sí es sí”.

Pero no son las leyes las normas que concitarán la atención, ni siquiera la urgencia. El Consejo de Ministros aprobará en breve el nuevo decreto anticrisis. La guerra de Ucrania se prevé larga y el primer decreto abarca hasta el 30 de junio. El Gobierno ha decidido ampliar el paraguas e incluir medidas nuevas, como el aumento de las pensiones no contributivas que PSOE y EH Bildu pactaron en el Congreso. Aún estremece en las filas socialistas el periplo de aquel decreto que por los pelos avaló el pleno el pasado 28 de abril. Si socialistas y populares lo negocian, se producirá un escenario interesante, ya que olerá todavía el resultado electoral andaluz.

Presupuestos y seguridad nacional

En septiembre, como en el colegio, empezará el nuevo curso político. El Gobierno ha transmitido ya su intención de llevar al Congreso el proyecto presupuestario del ejercicio 2023. Será el último de la legislatura, se apruebe o no.

A primeros de año, preguntar por unas nuevas cuentas públicas deparaba desconcierto. Había fuentes convencidas de que no habría más propuestas del Gobierno con desenlace feliz y que, por tanto, se prorrogarían las vigentes. Había otras, aunque las que menos, que creían que el año que viene sí contará con sus propios presupuestos, ya que la guerra de Ucrania ha removido la economía mundial. No hay instrumento más fiable que unos presupuestos de consenso para resistir los temblores económicos.

Aprobarlos requerirá un esfuerzo negociador encomiable. 2021 tuvo presupuestos; 2022 los tiene también. Ambos disfrutaron de un colchón de 188 escaños, una mayoría más que estimable. Pero ahora ERC no está tan entregada a la estabilidad parlamentaria como antes. El espionaje con “Pegasus” ha desdibujado algunas conclusiones más o menos formalizadas durante este tiempo. 

Resulta osado apostar por un apoyo del PP a la ley más importante de los balances anuales. El Gobierno seguramente sondeará a los portavoces económicos del partido de Alberto Núñez Feijóo, pero no serán su prioridad. PNV, EH Bildu, PDeCAT y los minoritarios, desde Más País a Teruel Existe, se han convertido en actores protagonistas por culpa de esta aritmética tan alambicada. 

No obstante, para leyes de menor enjundia, aunque sí de relevancia, los socialistas buscarán a los populares. La de Seguridad Nacional es la más evidente, sin olvidar la que reforma los procesos concursales y la que dinamizará la creación de nuevas empresas.

El “pack” de las leyes “democráticas”

No hace mucho, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, anunció que rescataría del saco de las leyes “calculadamente olvidadas” tres propuestas esenciales para su grupo, y su juicio, también, para la salud democrática del Estado. Son la nueva ley de seguridad que derogaría la “ley mordaza”, la ley de libertad de expresión (reforma del Código Penal mediante) y la de memoria democrática. Las tres han quedado guardadas en un cajón porque el PSOE comenzó a chocar frontalmente con algunos planteamientos de socios nacionalistas e independentistas. 

Lo improbable: renovar el CGPJ y la ley de vivienda

Otoño será una época frenética. A las inquietantes previsiones económicas habrá que sumar, aunque en otro nivel, las turbulencias parlamentarias. No va ser sencillo que PSOE y Unidas Podemos se pongan de acuerdo respecto de los tres proyectos mencionados en el epígrafe anterior. Y cuanto más dependan de aliados como ERC, numéricamente hablando, más se enmarañará la red de los pactos.

Es sabido que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sobrepasado con creces los 1.000 días sin renovarse. Una situación de provisionalidad tan larga no se recuerda. El umbral parlamentario para forjar el acuerdo está en los 210 diputados, los tres quintos. PSOE y PP tienen que unirse sí o sí, pero no lo han logrado ante el estupor de instituciones y UE. Apostar por el consenso tras las elecciones andaluzas del 19 de junio es arriesgado, pero al menos las dos principales formaciones españolas se han propuesto hablarlo. 

La ley que en estos momentos se encuentra más al fondo del cajón es la de vivienda. Aterrizó en el Congreso con la vitola, puesta por el Gobierno, de ser un pilar más del Estado de Bienestar. Aunque el CIS no refleja que la vivienda sea un problema principal de la sociedad española, en ciudades como Madrid o Barcelona los alquileres asequibles son una quimera para un gran sector de la población. El proyecto que ha presentado el Gobierno, en espera en la Comisión, no gusta mucho a ERC, EH Bildu y PNV, pero tampoco a PP y Cs. Tendrá que cambiarlo el Ejecutivo si quiere sacar la norma adelante.