El caso Tándem-Villarejo tras cinco años de investigación

“Yo recuerdo que en mis primeras reuniones con los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa me dejaron claro que esta no era una investigación de la Policía y que ni siquiera iban a admitir propuestas de investigación. Nosotros íbamos a trabajar con la Fiscalía. También me permito decir que para mí ha sido un privilegio trabajar con estos fiscales, a quienes no conocía, y ha sido un auténtico honor colaborar con ellos. Y no tengo más que agradecimiento al trato dado a mí y a mis compañeros, y reconocimiento a su trabajo”, declaró Francisco Javier Migueláñez, comisario principal ya jubilado, el pasado miércoles, 27 de abril, en el juicio de tres piezas -Iron, Land y Pintor- de las unas 30 de la causa Tándem-Villarejo. “Siempre hemos actuado a requerimiento de la Fiscalía hasta que el tema se judicializó”, añadió.

Migueláñez, jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía entre abril de 2015 y mayo de 2021, trabajó, según ha enfatizado, a las órdenes de la Fiscalía Anticorrupción, siguiendo instrucciones de ambos fiscales, y rechazó haber profesado animadversión alguna- ni él ni los policías designados para asistir a la Fiscalía Anticorrupción- hacia el comisario Villarejo, jubilado en 2016.

El comisario principal prestó declaración en calidad de testigo a propuesta de la defensa del principal acusado, José Manuel Villarejo, cuyo objetivo era vincular la Operación Tándem con un informe previo del año 2016 realizado en la Unidad de Asuntos Internos por uno de los policías designados por Miguelaláñez - Gonzalo Fraga - archivado en la Fiscalía de Madrid. La fiscal Anabel Vargas consideró, sin realizar diligencias, que el informe suponía promover una “investigación prospectiva y desproporcionada” sobre la estructura societaria 1983-1993 de Villarejo durante su periodo de excedencia en la Policía, a la que se reincorporó en ese último año.

Miguelañez señaló que dicho informe previo no tenía relación con la investigación iniciada en abril de 2017.

Magnitud de las diligencias

Mira por dónde, este pasado miércoles 27 se cumplían exactamente cinco años desde que el entonces fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, firmó el decreto, el 27 de abril de 2017, (ver documento) que abrió las diligencias de investigación conocidas como 'caso Tándem' - llamada así por la presencia inicial conjunta de Villarejo y el comisario Carlos Salamanca.

En el decreto, Moix - que un mes más tarde, el 1 de junio de 2017, se vio obligado a renunciar - designaba para llevar adelante la investigación de Villarejo, al fiscal Ignacio Stampa, quien dada la magnitud de las diligencias propuso la incorporación de un nuevo fiscal. El fiscal Miguel Serrano se unió a la investigación a finales de mayo de 2017.

A la par que defendió el trabajo de los fiscales Serrano y Stampa, el comisario principal Migueláñez hizo una crítica de las constantes filtraciones durante las diligencias a raíz de que anteriormente a que los dos fiscales comenzaran la nueva investigación, el informe citado sobre el patrimonio de Villarejo se había publicado, en 2016, en un medio de comunicación.

“Lamentablemente con la costumbre que se tiene en este país de filtrar las historias”, se quejó.

La defensa de Villarejo preguntó por la existencia de un informe interno según el cual se aceptaba la compatibilidad de las actividades oficiales y privadas del comisario.

“Cómo un policía en activo va a realizar investigaciones de naturaleza privada, con remuneraciones privadas. Y usar fuentes policiales para investigaciones privadas. Si es de sentido común: es una actividad incompatible para un policía”, subrayó.

¿Por qué tenía que investigar Asuntos Internos? “Es una cuestión de competencia objetiva. Se trataba de investigar conductas presuntamente delictivas cometidas, o contrarias a la ética profesional. Eran hechos cometidos cuando estaba en activo. Somos policía judicial, nuestra labor básica es de policía judicial, dependemos de fiscales y jueces”.

Antonio José García Cabrera, abogado de Villarejo, se interesó por la participación de Miguelañez en las diligencias, como seguimientos y detenciones.

"Jorobar" la investigación

“En la causa aparecen tres seguimientos, el primero siete días antes de la detención de Villarejo [el 3 de noviembre de 2017]. Pensamos que no había que “apretar” con anterioridad, es decir, poner en evidencia nuestras intenciones, porque corríamos el riesgo de “morder” y nos jorobasen la investigación antes de que pudiéramos proceder a su “explotación” [proceder a la detención y entradas y registros]” explicó el testigo. “Se hizo un 'briefing' que convocó el inspector para organizar la entrada y registro. El día anterior o dos días antes me reuní con los que iban a participar en la “explotación” y me dijeron qué personal de la unidad y qué recursos necesitaban para que yo lo pudiera gestionar. Si estuve allí, fue para desearles buena suerte”, relató Miguelañez.

El comisario sí admitió su participación en dos detenciones. “Mis únicas dos intervenciones directas han sido en la detención del comisario del comisario Carlos Salamanca y del comisario Enrique García Castaño. Fui a hacer la detención por respeto a los detenidos y para evitar problemas a mis funcionarios toda vez que los detenidos eran comisarios principales y jefes de unidades; en fin, para que no estuvieran coartados fui yo a hacer esas detenciones. Una vez practicada las detenciones quedaron a disposición del personal operativo y me retiré”.

No fue el caso del comisario Villarejo, repuso la defensa del ex comisario.

“¿Por qué no tuvo esa referencia con el comisario señor Villarejo?”

“Porque no era comisario principal ni jefe de una unidad, era un comisario”, zanjó Migueláñez.

Migueláñez acudió con sus policías a detener a García Castaño, El Gordo en la jerga del equipo de Villarejo, a la hora del almuerzo el 11 de julio de 2018 en el restaurante Due Αmici, en la madrileña calle de Ponzano, en el barrio de Chamberí. García Castaño comía con su amigo Gabriel Fuentes, ex comisario general de Información en la etapa de Juan Alberto Belloch, exministro de Justicia e Interior, exnúmero tres de la Policía durante el Gobierno de José María Aznar, y el padre Silverio Nieto, conocido como el cura de la Operación Kitchen.

Grabaciones con Corinna

La policía sospechaba que García Castaño estaba al corriente, vía judicial, de la posible detención. Precisamente, a primera hora de la mañana de ese 18 de julio, a las 6.00 horas, dos diarios digitales de Madrid publicaban las grabaciones de Villarejo con Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la examante de Juan Carlos I, en la que se desvelaban detalles de cuentas suizas y comisiones de intermediación. Quizá fuera un último recurso para crear dudas a los encargados de la detención. Si ese fue el objetivo, no se consiguió.

Migueláñez se despidió en el Due Amici, y García Castaño fue llevado a su domicilio para el registro. A los policías se unieron allí los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa, quienes habían ordenado la detención. Más limpio que una patena.

El abogado Baltasar Garzón habló con su cliente García Castaño durante el registro, y lo asistió personalmente ese día y los dos siguientes. Hablaron de que la detención era ilegal, ya que, arguyeron, había sido ordenada por los fiscales, de la posibilidad de interponer un recurso de habeas corpus por detención ilegal y de una querella contra los fiscales. Nada de ello tuvo lugar.

Cinco años después, Ignacio Stampa ya no está en el 'caso Tándem'. El 27 de octubre de 2020, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, pareja de Garzón, no le concedió la plaza fija a la que aspiraba en la Fiscalía Anticorrupción desde su comisión de servicios, después de alimentar artificiosamente desde julio de 2020 unas diligencias instadas por Vox y la asociación Acopad, en defensa de una de sus afiliadas, la periodista María Montero, contra el fiscal.

Unas diligencias archivadas que se revelaron un montaje para apartarle de la investigación.