CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Los socios de investidura creen que ERC va de farol y permitirá aprobar el plan anticrisis del Gobierno

Los partidos que conforman el 'bloque de investidura' creen que los republicanos no dejarán caer las medidas sociales, y creen que se abstendrá en caso de que el PP confirme su 'no'

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, en rueda de prensa en el Congreso.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, en rueda de prensa en el Congreso. / EFE

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Los socios de investidura rebajan en las últimas horas el ultimátum al Gobierno lanzado por ERC, que ha amenazado con tumbar este jueves en el Congreso el decreto anticrisis por el que, entre otras cosas, se rebaja el precio de los carburantes. Los republicanos han anunciado su rechazo a estas medidas a menos que el Ejecutivo depure responsabilidades en el 'caso Pegasus', por el que se destapó el presunto espionaje a líderes independentistas por parte del CNI. Sin embargo, las formaciones que han sustentado la acción de Gobierno creen que el partido independentista no puede permitirse dejar caer este decreto.

Los dos partidos afectados por las escuchas, ERC y EH Bildu, han endurecido su posición en las últimas horas, amenazando la viabilidad en el Congreso del real decreto ley de medidas frente a la guerra en Ucrania, que incluye la subvención directa de la gasolina. Los republicanos necesitan una respuesta contundente del Ejecutivo ante la trascendencia del presunto espionaje, y a lo sensible del asunto entre el electorado independentista. Y es por ello que han amenazado con tumbar el texto legislativo del Gobierno.

En las últimas horas el portavoz parlamentario del partido, Gabriel Rufián, ha llegado a advertir al PSOE de que podían "buscar otro Alberto Casero", en referencia al diputado del PP que votó por error a favor de la reforma laboral, permitiendo que esta medida saliera adelante, y tras la oposición de los independentistas republicanos.

Pese a la dureza mostrada en las últimas horas, desde Podemos, Más País o PdeCat consideran que el partido de Pere Aragonès no dejará caer un paquete de medidas eminentemente social y que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos. "No van a tumbar un decreto que supone transferencias económicas para su territorio"; defienden fuentes parlamentarias de estos partidos. Consideran que esta posición responde a un intento llevar al límite las conversaciones con Moncloa para forzarle a ir más allá en su respuesta a esta crisis. Un desenlace que satisfaga sus pretensiones y, a ser posible, termine con una depuración de responsabilidades en el propio seno del Gobierno.

En principio, el bipartito de PSOE (120) y Unidas Podemos (33 más la diputada Meri Pita, que marchó al Mixto) contaría con los apoyos de Más País-Compromís (3), PNV (6), PDECat (4), Partido Regionalista de Cantabria (1) y Nueva Canarias (1), lo que elevaría la suma a 169 síes. Pero la postura de los 13 diputados de ERC y los 5 de EH Bildu será determinante para alcanzar una mayoría sin tener que depender del voto del Partido Popular.

La posición final, pendiente del PP

Aunque los socios de investidura creen que el maximalismo de los republicanos es más bien un 'farol' para alcanzar su objetivo, ya existe el precedente de la reforma laboral, donde los independentistas cumplieron su amenaza y mantuvieron su oposición al texto como respuesta a la falta de negociación del Ejecutivo. Por entonces, sin embargo, sí existía una mayoría que, aunque ajustadísima, permitía aprobar el decreto. Tras el cambio sorpresa del voto de dos diputados de UPN, salió adelante solo por un lapsus de un dirigente popular. En este caso, los números podrían determinar su postura final.

"Les va a pasar como con la reforma laboral: que no la quieren apoyar, pero no quieren que caiga", apuntan desde estos partidos, donde creen que la posición más probable será la abstención. Aunque, de una forma u otra, todos coinciden en que "se van a hacer los remolones hasta el final", tienen claro que la postura que finalmente adopte el PP determinará su posición final.

En el caso de que el PP se abstenga, el voto de ERC no sería imprescindible para que salga adelante y solo esto, esgrimen, podría hacer que ERC mantuviera su 'no'. Si el partido de Alberto Núñez Feijóo rechaza finalmente el decreto, el voto de los republicanos se convierte en imprescindible y su opción más probable sería una abstención que permitiera sacar adelante el texto. El PP, que aún no ha fijado postura, ha exigido al Gobierno negociar una serie de puntos del decreto a cambio de su apoyo tras una reunión este mismo miércoles que resultó infructuosa.

ERC, advierten, suele ir en "pack" con EH Bildu, con quien conforman una alianza nacionalista en el Congreso. Y los abertzales mantuvieron su apoyo al plan anticrisis hasta este lunes, cuando dieron un giro de timón que se fue rebajando conforme avanzaban las horas. Este miércoles a última hora apuntaban a que "la voluntad es que se tramite el plan", pero avanzan que la decisión no está cerrada y que se anunciará oficialmente este jueves durante el debate en Pleno. Estos tiempos permitirían decidir sobre el voto una vez que el Partido Popular ya haya anunciado cuál será su postura. Y ERC podría ir, como sospechan sus aliados, en la misma línea que los independentistas vascos.

Podemos, molesto con los republicanos

En las filas moradas confían en que el partido de Aragonès "lo apoye en el último momento". "La estabilidad de Gobierno no puede estar en riesgo", determinan. El malestar en Unidas Podemos es patente con su socio republicano, uno de los partidos con el que guarda más afinidad política.

Muchos no logran entender la posición adoptada por los de Aragonès: "Su 'no' en la reforma laboral fue ideológico, pero en este caso el decreto es social, no tiene nada que ver con la denuncia de espionaje, en la que le hemos apoyado", lamentan. Si bien Podemos ha mostrado "solidaridad y empatía" total con los independentistas por el 'caso Pegasus', llegando a firmar una declaración conjunta condenando los hechos y señalando a Margarita Robles, creen que poner en riesgo el decreto de este jueves es un error. "No se puede poner en riesgo una votación como esta", señalan.

Los morados han apoyado la petición de responsabilidades por el presunto espionaje, y el propio Pablo Echenique ha cargado directamente contra la ministra de Defensa, de la que depende el CNI. Sin embargo, la subida del precio de la luz y los carburantes es uno de los principales problemas a los que se enfrenta el ejecutivo y salpica más aún al socio minoritario de la coalición, que acuñó la expresión del 'escudo social' durante la crisis del covid y denunció la llamada 'pobreza energética' durante la legislatura de Mariano Rajoy.

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