El Gobierno no tiene los apoyos para el decreto anticrisis y se enfrenta a una votación de infarto

El Ejecutivo es consciente de que aún no ha amarrado los votos y se ha volcado en convencer a ERC de que facilite su convalidación

Los socialistas creen que cuentan con la bala en la recámara de la abstención del PP porque "no se puede permitir" rechazar este texto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 26 de abril de 2022.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 26 de abril de 2022. / A. Pérez Meca / Europa Press

El Gobierno se enfrenta este jueves en el Congreso a otra votación de infarto. La tormenta política desatada por el supuesto espionaje a dirigentes independentistas ha acabado por afectar a la convalidación del real decreto ley de medidas frente a la guerra en Ucrania, que incluye la subvención directa de la gasolina. Con el paso de los días, ERC ha ido endureciendo su posición y no garantiza que lo apoyará. La Moncloa desconoce en estos momentos el sentido de su voto, que hasta la semana pasada era favorable. Fuentes del Ejecutivo reconocían ayer a este diario que las cuentas "no salen". EH Bildu, con un diputado entre los más de 60 cargos que han sido espiados por el 'software Pegasus' a través de sus teléfonos móviles, tampoco aclara qué votará.

Incluso Unidas Podemos se ha movilizado para intentar convencer a ERC y a la formación 'abertzale', que exigen al Ejecutivo una reacción mucho más contundente que la ofrecida hasta ahora. El Gobierno ha optado por abrir una investigación interna en el CNI, lo que significa asumir implícitamente que son los autores de las escuchas, y desbloquear la comisión de secretos oficiales, algo que ya se comenzó a hacer ayer martes con una resolución de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que rebaja la mayoría para su constitución y desactiva el veto del PP a estas dos grupos independentistas.

Pero nada de esto parece valerle a los republicanos, que insisten en su reclamación de responsabilidades políticas, es decir, que se produzcan dimisiones. "Hay que hacer algo potente", señalan algunas fuentes gubernamentales. Esta exigencia ha situado al Gabinete en el abismo. Sin esperarlo, casi sin comprender a qué intereses obedece esta campaña, en la que, sostienen algunas fuentes, hay un punto de "sobreactuación". Desde el Gobierno se niega que haya existido espionaje y se defiende que cualquier actuación del CNI, en relación con el referéndum ilegal del 1-O o con los disturbios en Barcelona y el resto de Cataluña en octubre de 2019 tras la sentencia del 'procés', ha contado siempre con aval judicial.

ERC amenaza con "tumbar" el decreto frente a la guerra mientras Bildu espera explicaciones del Gobierno

/ Agencia ATLAS / Foto: EP

LA SITUACIÓN ES COMPLEJA

Por tanto, nada está asegurado. "La situación es compleja y no es fácil de gestionar", reconocen fuentes socialistas implicadas en la negociación con los grupos. El Ejecutivo y la cúpula parlamentaria que dirige Héctor Gómez están redoblando las conversaciones con los partidos, especialmente con los socios habituales, aunque conscientes de que la entrada del 'caso Pegasus' en escena ha desbaratado por completo una votación que se presumía plácida. En principio, el bipartito de PSOE (120) y Unidas Podemos (33 más la diputada Meri Pita, que marchó al Mixto) contaría con los apoyos de Más País-Compromís (3), PNV (6), PDECat (4), Partido Regionalista de Cantabria (1) y Nueva Canarias (1), lo que elevaría la suma a 169 síes. 

Vox (52) y Ciudadanos (9) ya están situados en el no, como Junts (4), los dos exparlamentarios de UPN o Foro Asturias. Si ERC (13) y PP (88) votaran no pero Bildu se abstuviera, el texto estaría salvado, aunque por la mínima. Los republicanos, no obstante, no han definido aún su posición. Están a la espera de un nuevo movimiento del Ejecutivo para aclarar el presunto espionaje a los líderes independentistas, de ahí que sean claves las primeras palabras que este miércoles pronuncie Pedro Sánchez en el pleno en respuesta a su portavoz, Gabriel Rufián. El presidente, de hecho, emplazó este martes a los periodistas en el Senado a aguardar hasta la sesión de control en el Congreso para conocer su postura sobre el caso Pegasus, la que marcará un punto de inflexión. La que puede enderezar la tensísima relación con ERC o la que puede no arreglar las cosas. 

"Si hay grupos que nos han dicho que no, hay que trabajar con aquellos que muestran mayor predisposición", concluyen en la dirección del Grupo Socialista. Es decir, que en el PSOE no dan todo por perdido con ERC o con Bildu. Es más, aunque en el Ejecutivo dicen ser conscientes del enorme "enfado" de los de Pere Aragonès, creen que la interlocución con ellos no pasa por su fase más crítica, definitivo. "Sabemos desde el minuto uno que este es un Gobierno en minoría, y también hubo momentos complicados, como cuando no nos apoyaban en las prórrogas del estado de alarma", al comienzo de la pandemia, manifestaba una ministra este martes en los pasillos de la Cámara alta.

El PP, EN LA RECÁMARA

¿Y el PP? La portavoz primero, y después el propio Sánchez, llamaron públicamente al apoyo de los conservadores al decreto ley, emplazaron a Alberto Núñez Feijóo a demostrar con hechos que están más predispuestos al consenso. En este caso, no era solo una apelación retórica, porque no se descarta que el Gobierno logre salvar el texto gracias a la abstención de los populares. "A día de hoy no sabemos qué va a hacer el PP", afeó el presidente a Javier Maroto, portavoz del PP en la Cámara alta, "¿qué van a hacer, van ustedes a aprobarlo o no?". No hubo respuesta. 

En el Grupo Socialista y en el Ejecutivo interpretan que "lo normal" es que Feijóo ordene la abstención de los suyos en la votación del jueves, porque tendría difícil explicar el no a medidas como la bonificación de la gasolina o las ayudas directas a los sectores más afectados por la guerra en Ucrania. Pero los dirigentes más implicados en las conversaciones insisten en que no se puede hacer "depender" la suerte del decreto en el voto del PP. "Ni idea de qué harán, el PP siempre traiciona", sentencian taxativos en la Moncloa.

Isabel Rodríguez sí aseguró este martes tras el Consejo de Ministros que el Ejecutivo no asumirá ninguna de las propuestas planteadas por el nuevo líder popular, como una rebaja generalizada de impuestos, porque no es la línea que recomiendan los organismos internacionales y porque ofrece soluciones "del pasado". Además, el Ejecutivo no quiere introducir cambios en el decreto ley porque su duración está limitada a tres meses, hasta el 30 de junio, salvo que la guerra en el este de Europa se prolongue más allá de ese horizonte temporal.

Hasta noche de este martes, según ha podido saber este periódico, no se ha producido ningún nuevo contacto con los populares que se encuentra a la espera de una llamada de Moncloa y no ha fijación posición, por mucho que en el Gobierno consideren que "no se puede permitir votar no". Ciudadanos, de hecho, ha anunciado su rechazo al decreto.