El Gobierno avisa a Mañueco de que irá al Constitucional si retrocede en derechos por pactar con Vox

El Gobierno de Pedro Sánchez no se va a pronunciar sobre cómo debe conformarse el Ejecutivo de Castilla y León, porque entiende que es una materia que compete a los partidos y, en primer término, al PP y su candidato, Alfonso Fernández Mañueco. Pero al tiempo deja clara cuál será su línea de actuación: seguir muy "atento" a lo que ocurra en esa comunidad, porque si hay cualquier mínimo "retroceso" en derechos y libertades, actuará "con contundencia". Una proclamación que apunta a que la coalición acudirá al Tribunal Constitucional si hace falta para frenar las medidas regresivas que pueda adoptar un hipotético Gabinete de PP y Vox.

Los socialistas quieren trasladar toda la presión a los populares, que sean ellos los que muevan ficha, los que digan claramente si están dispuestos a pactar o no con la ultraderecha y a integrarlos en la Junta. Por eso rechazan todo debate sobre la abstención, sobre esa posibilidad que lunes sugirió el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y que también apuntó este martes el regidor de León, José Antonio Díez. En Ferraz y en la Moncloa indican que no hay discusión, que está descartada esa opción, pero también retan al PP a que resuelva su dilema.

Tras el primer Consejo de Ministros posterior a las elecciones del 13-F, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, no quiso alimentar ese debate, pero sí situó la responsabilidad en la formación de Pablo Casado. Cuando se le preguntó si es posible un cordón sanitario a Vox sin el concurso del PSOE, contestó que "no corresponde" al Ejecutivo central "pronunciarse sobre la conformación de un Gobierno autonómico". Y lanzó de corrido este aviso: "Vamos a estar muy atentos para que no haya ni un solo retroceso en materia de derechos y libertades, especialmente los derechos de las mujeres, y para eso ya les digo que actuaremos con contundencia porque los derechos y las libertades nunca pueden ser moneda de cambio en la conformación de ningún Gobierno".

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El Ejecutivo mandaba el recado porque ya Vox está poniendo sobre la mesa sus primeras contrapartidas para apoyar a Mañueco: anular la ley autonómica contra la violencia machista y el decreto de memoria histórica. La negociación aún no ha comenzado, y no está claro que finalmente cuaje la primera coalición de gobierno entre populares y ultraderecha —"quien convocó las elecciones es quien tiene que gestionar este momento", despachó Rodríguez—, pero el aviso por parte de la Moncloa ya está dado. El propio presidente en funciones de la Junta respondía este martes de vuelta a Vox: "La igualdad no es negociable para el PP. La igualdad social, la laboral, la igualdad entre hombres y mujeres. No vamos a dar un paso atrás y quien lo piense, se equivoca".

Como el pin parental

En la Moncloa recordaban que no es la primera vez que el Gobierno central acude a los tribunales en defensa de los derechos. Ya impugnó el pin parental en Murcia. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia lo archivó en el verano de 2020 sin entrar a cuestionar su legalidad: le dio carpetazo alegando "pérdida sobrevenida de objeto al haber concluido el curso escolar". El Gobierno, pues, hará uso de "todos los recursos legales" a su alcance. Entre ellos, acudir al Constitucional.

Junto a Rodríguez comparecieron los ministros Miquel Iceta e Irene Montero. La titular de Igualdad fue preguntada por el aislamiento de la ultraderecha. Ella respondió que el "mejor cordón sanitario" contra los "antidemócratas" es hacer "políticas valientes" y "decididas" que garanticen los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI. Y subrayó que precisamente eso es lo que hace el Gobierno, como la medida que aprobó este martes: repartir en este primer trimestre del año a las comunidades autónomas los fondos para la lucha contra la violencia de género y favorecer la conciliación. Esas políticas son "el mejor antídoto y la mejor vacuna frente a quienes no creen en los derechos de las mujeres", concluyó.

Montero separó a PP y Vox. Remarcó que para su ministerio y para el Gobierno había sido muy importante que el PP firmara la actualización del pacto de Estado contra la violencia de género, a la que se opuso la ultraderecha. Es capital, sostuvo, que los populares sigan "jugando dentro de la cancha de juego de la democracia, que es jugar dentro de la cancha de juego de los derechos de las mujeres".