Podemos quiere blindar por ley el internet ultrarrápido en la España vacía antes de 2025

Cuando acabe la campaña electoral de Castilla y León, epicentro junto a Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia, de la llamada España vaciada, el Congreso se va a meter en una vorágine de tramitaciones legislativas como hace mucho tiempo que no se veía. Reconforta que la Cámara vuelva al frenesí normativo tras un 2019 en el que se repitieron las elecciones generales y un 2020 lastrado por la pandemia del coronavirus.

En la nevera, listos para sacar, están proyectos importantes, proyectos menos importantes y proyectos muy importantes. Entre estos últimos se encuentra el de la nueva Ley de Telecomunicaciones, pues se trata del instrumento sobre el que se va a impulsar la modernización digital del país. El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos ha desarrollado planes y medidas para extender las nuevas tecnologías por todo el territorio nacional. Es algo que las plataformas ciudadanas y los partidos políticos a los que apela la despoblación llevan tiempo reivindicando, más entre palabras y promesas que mediante inversiones.

Las zonas rurales se encuentran desasistidas porque la velocidad de conexión no es la adecuada. De acuerdo con los datos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del año pasado, la velocidad de cobertura hasta 30 Mbps (megabits por segundo) en la España vaciada alcanzaba al 90% del territorio despoblado. Sin embargo, la de 100 Mbps se quedaba en el 63. En provincias como Teruel la conexión a Internet depende, a veces, del azar, y esto, en un momento en el que la clase política y las jerarquías empresariales empiezan a hablar del teletrabajo como un escenario real (otra cosa es que lo incentiven), resulta contradictorio.

Unidas Podemos, por esta razón, ha registrado una enmienda al proyecto de ley de telecomunicaciones con la que pretende blindar la expansión de las velocidades de conexión que den cobertura a todo el territorio, de manera que la de 30 Mbps esté garantizada antes del 1 de enero de 2023 y la de 100 Mbps antes del 1 de enero de 2025.

La propuesta busca modificar el artículo 37 del texto, el que alude al servicio universal y a su definición, que es la siguiente: "conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza para todos los consumidores con independencia de su localización geográfica con una calidad determinada y a un precio asequible". Entre esos servicios, lo comentado: "acceso adecuado y disponible a una internet de banda ancha a través de una conexión subyacente en una ubicación fija".

Conforme al proyecto, la cobertura tendrá que soportar los siguientes servicios, enumerados en un anexo: correo electrónico; motores de búsqueda que permitan la búsqueda y obtención de información de todo tipo; herramientas básicas de formación y educación en línea, prensa o noticias en línea; adquisición o encargo de bienes o servicios en línea; búsqueda de empleo y herramientas para la búsqueda de empleo; establecimiento de redes profesionales; banca por internet; utilización de servicios de administración electrónica, redes sociales y mensajería instantánea; y llamadas telefónicas y videollamadas en calidad estándar. El listado podrá cambiarse a través de un real decreto.

Peticiones similares de ERC y Cs

Unidas Podemos hace esta apuesta por el blindaje de un objetivo que, en realidad, no es nuevo, ya que figura en el plan España Digital 2025 y en recomendaciones del Defensor del Pueblo recogidas en sus informes de 2019 y 2020. El salto que quiere dar la formación de Ione Belarra es cualitativo porque busca pasar del plano político al plano legislativo. Añaden los "morados" que la pandemia "ha demostrado que en amplias zonas del territorio del Estado Español es imposible realizar teletrabajo o acceder a servicios digitales de un cierto porte". "Sin un mínimo de ancho de banda garantizado, el sistema queda vacío de contenido", zanja el grupo parlamentario en su enmienda.

Con todo, no es el único que propone la sujeción de esta mejora de conexión a través de la ley. ERC ha registrado una enmienda parecida, y así, aboga por la fijación de ese aumento de velocidad de conexión hasta los 100 Mbps como mínimo. Su carencia es que no pone plazos, a diferencia de Unidas, que sí los establece. Lo mismo le sucede a Cs, que en su enmienda plantea la misma velocidad, pero sin horizontes temporales.

La formación de Inés Arrimadas, al justificar la propuesta, desgrana la realidad actual. Recuerda que en cinco autonomías la banda ancha de 100 Mbps no rebasa el 80% del territorio correspondiente. "Es inaceptable que haya zonas blancas -sin esa cobertura- tan extensas, mermando las posibilidades" de desarrollo. La "brecha digital" existe, aduce, y urge taparla.

Aunque el grado de cobertura en España es superior a la media europea, la priorización de los servicios que garantiza el 5G es común, tal y como pudo comprobarse esta pasado martes en el Congreso. El grupos socialista defendió una proposición no de ley (pronunciamiento político) a favor de la generalización de esta tecnología. No fijó umbrales temporales, pero sí mencionó la concesión de ayudas para ello. Fuentes parlamentarias que ya están trabajando en la posible modificación de la norma destacan que la digitalización del país está al alcance de la mano precisamente por el "maná" de los fondos europeos.

De la directriz europea a la ambición de Sánchez

La nueva ley de telecomunicaciones será realidad antes del verano si se cumplen los plazos que se han propuesto los grupos del PSOE y Unidas Podemos, que son los que sustentan al Gobierno. Las fuentes parlamentarias consultadas han señalado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que en dos semanas se formará la ponencia que, dentro de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se encargará de analizar las decenas de enmiendas presentadas y de ensamblarlas, si hay acuerdos entre los grupos, en el texto de la norma.

Además de las conversaciones entre partidos con presencia en el Congreso, que se han producido ya, habrá encuentros con la ministra del ramo, Nadia Calviño, y con los operadores empresariales afectados. Los portavoces socialistas en la citada Comisión se han entrevistado ya con representantes de Movistar, Vodafone o Más Móvil, a los que concierne claramente el proyecto. Habrá más.

La reconfiguración del modelo de telecomunicaciones será un hecho en unos pocos meses, y no será sólo por la ambición del presidente, Pedro Sánchez, que también. Por encima de sus planes y propósitos, está el marco que ha impuesto la UE para repartir los 140.000 millones de euros que constituyen los fondos. El "Componente 15" del Plan de Recuperación y Resiliencia enviado a la Comisión Europea, y por ahora aplaudido en Bruselas, consagra la conectividad digital, el impulso a la ciberseguridad y el despliegue del 5G.

Pero, además, en el citado plan "España Digital 2025" uno de los fines más solemnes es la "transformación digital del país", para lo que el Gobierno despliega aquí medio centenar de medidas. La segunda es exactamente la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones. Prioridad del presidente: tarea del PSOE.

Tarea que se hace acuciante si, como contexto, suenan tambores electorales en Castilla y León. El grupo socialista verá como este jueves sale adelante en el Congreso una proposición no de ley (pronunciamiento político, no legislativo) que pide ampliar la banda ancha ultrarrápida en las llamadas zonas blancas; potenciar la conectividad de hospitales, centros de salud, centros educativos o de servicios públicos; desarrollar las infraestructuras adecuadas en polígonos industriales; y "habilitar un marco de convocatorias de ayudas en el período 2021-2023 con el objetivo de impulsar la instalación de las infraestructuras y redes 5G".