El Gobierno se olvida de la comisión de estudio del mercado de la luz en el otoño más caro

El pasado 3 de septiembre, con el precio de la luz en el entorno de los 140 euros por megavatio hora, cifra récord, los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos registraron en el Congreso una propuesta conjunta para la creación de una comisión que analizara los problemas del mercado eléctrico. Dos meses después, con el precio por encima de los 150 euros por megavatio hora, la comisión ha caído en el olvido.

El trámite se ha paralizado, lo que fuentes socialistas explican por la saturación de comisiones que actualmente hay en el Congreso. El total asciende a 39, una cifra bárbara y desesperante para los grupos pequeños, que deben multiplicar las funciones de sus pocos diputados. Los letrados de la Cámara no dan abasto y tienen que doblar sus horas de trabajo. Aunque siete de ellas son mixtas, es decir, de diputados y senadores, más de 30 operan en este momento. Como dice una fuente de la Cámara: "Antes se hacía una comisión de investigación por legislatura; ahora se hace una cada periodo de sesiones".

Víctima de esta saturación, indican las citadas fuentes, ha sido la comisión de investigación del plan nacional de vacunas, que lleva un retraso importante: no ha celebrado una sesión a pesar de que se formó en junio.

Sin embargo, en los plazos parlamentarios, como casi todo lo que sucede en Cortes, influye sobremanera la voluntad política. Los grupos que sustentan al Gobierno de coalición decidieron registrar dicha comisión porque en la factura de la luz se había asentado un problema serio, un problema de los gordos. Con voluntad política, la comisión se habría constituido ya, o cuando menos el pleno habría dado su visto bueno.

La tramitación de la iniciativa se atascó a finales de septiembre y no se han producido avances desde entonces. La propuesta fue registrada el día 3 de ese mes y la Mesa de la Cámara la calificó el 21. Y se acabó. La Junta de Portavoces, órgano encargado de fijar el punto en el orden del día de una sesión plenaria, no ha visto la propuesta de comisión, aseguran a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA cuatro fuentes que acuden a cada una sus sesiones. Mientras no lo haga, el proceso seguirá detenido.

Aún quedan dos meses para el fin del periodo de sesiones, pero cabe un recordatorio: si el periodo expira y la comisión no se ha creado, ésta decaerá y habrá que presentar otra en el periodo siguiente, de febrero a junio, si efectivamente existe esa voluntad política.

El invierno que viene

Basta repasar la coyuntura energética para demostrar la relevancia de la iniciativa de PSOE y Unidas Podemos. Es cierto que en el Congreso todo aquello incómodo se desplaza a una comisión de investigación o a una no permanente.

Para explicar la diferencia: una comisión permanente es la que se constituye "per se" cada legislatura, aunque con una nomenclatura y competencias adaptadas a las que establezca el presidente del Gobierno; su duración es, por tanto, la de la propia legislatura.

Por su parte, una comisión no permanente es la que se configura para un fin concreto durante un periodo específico. El año pasado, sin ir más lejos, una mayoría parlamentaria amparó la activación de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica posterior a la pandemia. Abarcó unos tres meses, elevó sus dictámenes al pleno, se aprobaron tres de cuatro y los textos se empujaron al fondo de un cajón. Se pueden ver en la web del Congreso.

La organización de consumidores Facua ha cifrado el precio medio de la luz en octubre en 120, 68 euros, un 86% más que el recibo de un año antes

El problema de la luz se hizo tan notorio y lesivo en agosto por las altas temperaturas que cuando los diputados retomaron la actividad en septiembre no había más de tema de discusión que ése. Compromís, Más País y Nueva Canarias anunciaron una propuesta de comisión de investigación, que la Mesa avaló. La Junta de Portavoces, sin embargo, la tumbó. PSOE y Unidas Podemos postuló una comisión no permanente y la Mesa la respaldó. Pero nada más.

De vuelta al contexto energético. La organización de consumidores Facua ha cifrado el precio medio de la luz en octubre en 120, 68 euros, un 86% más que el recibo de un año antes, según informa Efe. Ya son tres los meses con el precio en ese umbral histórico. La entidad, con estos datos, pone en duda la promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que a finales de 2021 el ciudadano pagará más o menos lo mismo que pagó al cierre de 2018. La factura del usuario medio se ha situado ahora en poco más de 86 euros, en tanto que hace tres años terminó en los 77.

El precio actualmente ronda los 150 euros, lejos de los 200 de hace unas semanas, pero números aún elevadísimos. Desde finales de julio no baja de los 100, por regla general. La escalada es histórica, y sin embargo, las perspectivas siguen pintando el paisaje de negro. El invierno se acerca, el frío ya lo ha hecho. Los ciudadanos encenderás las calefacciones en un momento en el que el gas natural se ha situado en cotas máximas. Las materias primas de los ciclos combinados también se han encarecido.

Los objetivos de la comisión

PSOE y Unidas Podemos pretenden una comisión que estudie las causas de estas oscilaciones tan contundentes. En la exposición de motivos de la propuesta, los grupos que sustentan al Gobierno se hacen eco de la anomalía. "El problema fundamental son los altos precios, que ponen en situación de estrés las economías de las familias y las pequeñas empresas", señalan antes de incidir en las causas que les lleva a proponer la comisión: "El sistema eléctrico presenta condiciones y características que requieren de un análisis integral, así como de revisión y de propuestas por parte de los representantes de los españoles en el Congreso de los Diputados, más allá de las decisiones ya adoptadas".

El Gobierno ha lanzado rebajas fiscales y ayudas a los colectivos más afectados. Tiene en la Cámara el proyecto de ley del Fondo de Sostenibilidad. La oposición ha tildado las medidas de insuficientes. El Ejecutivo, con su presidente al frente, ha defendido los planes emprendidos, no sin tensiones internas, pues Unidas Podemos propugna una empresa pública; en el PSOE no lo tienen nada claro.

La posibilidad de una comisión de investigación no gustó al Gobierno. Los autores de la propuesta no descartaron entonces, a primeros de septiembre, citar a dirigentes de las compañías eléctricas, lo que hubiera sido difícilmente viable porque en la Cámara se fiscaliza al Gobierno y a los sectores públicos, no al ámbito privado. Una comisión de estudio, con comparecencias de expertos, resultaba más coherente, a criterio de fuentes socialistas consultadas aquellos días.

Por ello, en el texto de la petición de comisión, PSOE y Unidas Podemos determinan que el objeto del nuevo órgano parlamentario será "el estudio de las causas y consecuencias de la evolución problemática del precio de la electricidad" y "el diseño de un sistema eléctrico que concilie la sostenibilidad ambiental con la justicia social y la competitividad de la economía española".

El plazo dado para el desarrollo de los trabajos fue de seis meses. Han pasado dos desde el registro de la propuesta.