Avales para la vivienda

El Gobierno ha aprobado en su reunión de esta semana las condiciones para que el Instituto de Crédito Oficial avale entre el 20% y el 25% del valor de la compra de viviendas como primera residencia para parte de jóvenes y familias con menores a su cargo, facilitando la financiación del 100% sin necesidad de tener que contar con un colchón de ahorro prácticamente inviable para los colectivos que pueden ser beneficiarios de esta iniciativa. Se trata de una de las medidas anunciadas por Pedro Sánchez durante la campaña electoral municipal y autonómica de la primavera de 2023, pronto hará un año. En aquella campaña, además de proponer la medida que empieza ahora su tramitación, Sánchez prometió la creación de 183.000 viviendas públicas o protegidas de alquiler asequible. Si la formalización de la propuesta de los avales ha avanzado a un ritmo mejorable, la movilización de esas viviendas de alquiler se mueve en un horizonte temporal mucho más difuso. La única certidumbre es que tanto las propuestas iniciales como el anuncio de la concreción de la primera de ellas han coincidido con periodos electorales. No es sorprendente. Tampoco ejemplar.

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La promesa de las 183.000 viviendas incluía, de hecho, 14.000 ya ocupadas y requería la movilización de muy diversos esfuerzos y administraciones: alquiler o construcción de 50.000 inmuebles de la Sareb, créditos ICO para construir 43.000 viviendas por parte de promotores, urbanización de solares de Defensa para otras 20.000, impulso a los planes concertados con las comunidades autónomas... Es comprensible que vaya a concretarse primero el mecanismo para conseguir que 50.000 jóvenes y familias puedan ver financiado el 100% del precio de compra vía avales del ICO, que asumirá los potenciales impagados de entre los 2.500 millones que garantizará. Pero ni es la más urgente de esa batería de medidas, ni la más costosa y efectiva, ni está exenta de aspectos discutibles.

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El problema del acceso a la vivienda en España es de tal magnitud que es necesario explotar todos los recursos disponibles, como este. Pero tras años de políticas que favorecieron la transferencia de fondos públicos para la compra de vivienda que ha acabado en el mercado libre, y con un paupérrimo parque público del 2%, el consenso es que esa última debería de ser la prioridad. Tanto con el incremento del parque público como por la vía de promover la oferta de alquiler asequible por parte de promotores privados. 

Los hipotéticos beneficiarios de los avales verán cómo se les alivia el acceso a una vivienda en propiedad. Pero no es evidente que este tipo de medidas no generen un estímulo para aumentar los precios en paralelo. Ni tampoco que el alcance de esta medida sea razonablemente equitativo: considerados los límites de ingresos brutos para recibir la ayuda (37.800 euros para una persona, 75.600 para una pareja, en ambos casos con incrementos por número de menores a cargo), será difícil que los primeros puedan quedar cubiertos bajo este paraguas para la compra de vivienda, y menos en áreas urbanas con el mercado inmobiliario más tensionado. La ampliación del parque de alquiler, que se debería cuadruplicar para acercarse a la media europea, es un objetivo más difícil de alcanzar, y aún más a corto y medio plazo. Y más difícil de esgrimir como baza electoral con bases firmes y calendarios razonables. Pero ese debe ser el objetivo.