El efecto del «sí quiero» de Puigdemont

Los peneuvistas pusieron como condición a Pedro Sánchez ser los últimos en dar el «sí, quiero» a su investidura, después de haberse negado a volver a coquetear con los populares para llevarlos de nuevo a la Moncloa por su noviazgo con Vox. Lo pidieron y lo tendrán. Serán los últimos. Los nacionalistas vascos querían asegurarse de que Carles Puigdemont, a quien conocen bien, no volvía a echarse atrás en el último momento y a dejar al resto de potenciales socios en la estacada como hizo, en los alrededores del 1-0, cuando garantizó que adelantaba elecciones para evitar el 155 y, de pronto, giró políticamente sin dar intermitentes. El lehendakari Iñigo Urkullu no solo lo recuerda bien, sino que dejó escrita su agria experiencia como mediador con el expresident en una especie de diario personal que fue publicado en El Periódico (para los que tengan curiosidad por ir a la hemeroteca), diario hermano en Cataluña de este que ustedes están leyendo en estos momentos.

El esperado espaldarazo del PNV a Sánchez es el último paso para colocar la alfombra hacia una investidura socialista la próxima semana. Habrá gobierno y habrá una tensísima legislatura llena de riesgos, incertidumbres y decisiones difíciles. El presidente de la rosa en el puño va a pincharse cada día con espinas. Algunas serán de la oposición, que le han garantizado que intentarán que pase un calvario en las instituciones españolas y europeas y en la calle por sus decisiones sobre Cataluña. Por las que ha tomado (ley de amnistía) y las que pueda adoptar. Y otras serán de los que, como Puigdemont, le van a llevar de nuevo a la presidencia, que ya le han avisado que los próximos cuatro años no serán «gratis». Ni dulces. ¿Y fructíferos?. Es lo que está por ver.

Porque el Ejecutivo de coalición que está a punto de reeditarse en este país tiene un plan para gobernar sobre la mesa, pero tan genérico que es imposible calcular de manera prudente en estos momentos más pérdida que ganancia o más ganancia que pérdida, por bien (o mal) que le pueda sonar a cada cual la melodía que emana en algunos de sus puntos. Su contenido está dibujado con brocha gorda con toda intención, a fin de que también pinten algo en el boceto la multitud de grupos parlamentarios que han de darle, proyecto a proyecto, aval a Sánchez para sacarlos adelante.

Tampoco el acuerdo entre partidos que este simbólico jueves (9-N) firmaron Junts y PSOE en Bégica para empujar una presidencia de España está elaborado con pinceles excesivamente finos. Con clara intención. Ambas partes necesitaban un margen de ambigüedad para moverse entre sus parroquianos más críticos. Hay más claridad sobre las discrepancias que sobre lo acordado, aunque hay motivos para estar muy atentos -la letra pequeña de la ley de amnistía, posibles cambios llamativos en el modelo fiscal, el desarrollo del término nación y sus implicaciones, el papel de un mediador internacional...- y cuestiones ante las que tener cierto vértigo: la insistencia de Junts en un referéndum de autodeterminación. Sin embargo, el hecho de que los de Puigdemont digan ahora que seguirán demandando la consulta erre que erre, pero que la vía a transitar no será la unilateralidad, sino una petición al Estado, o sea, la consitucional y la que se puede aceptar o, como es previsible, denegar, es una ventana a la esperanza de que Junts regrese a la política y a las instituciones respetando el marco jurídico que nos hemos dado entre todos.

El precio de esa ventana, si es que se abre, es alto. La amnistía va a ser mucho más difícil de digerir en este país que lo fueron los indultos, por más que Sánchez se empeñe en decir lo contrario. Las manifestaciones y la tensión en el ambiente así lo demuestran. El tiempo dirá si logra afianzar en los ya convencidos que es una buena idea y en los que no lo están, que el resultado final demostró que valía la pena. Le va la vida política en ello. De momento falta por saber si ha logrado sacar del proyecto de ley el punto que se refería a la ‘lawfare’, aunque es seguro que no del acuerdo con los independentistas:las comisiones de investigación en el parlamento señalarán, con supuestas consecuencias, actuaciones judiciales. Si malo fue judicializar la política, no será mejor tratar de aumentar la politización de la justicia.