PSOE y Junts pactan abordar el 'lawfare' en la amnistía y un mediador internacional

Después de acordar la ley de amnistía con ERC, el PSOE ha hecho lo mismo con Junts per Catalunya, resolviendo la investidura de Pedro Sánchez, que se prevé para la próxima semana, a falta de que el PNV confirme un apoyo que se da por casi seguro. Socialistas y posconvergentes han sellado este jueves su acuerdo y han superado las divergencias que aparecieron el pasado jueves, justo una semana atrás, por parte de la formación de Carles Puigdemont respecto al perímetro de esta futura ley de amnistía, echando al traste el pronóstico inicial de los socialistas que pasaba por atar el mismo día el apoyo de Esquerra y de JxCat. La fecha del acuerdo tiene un enorme simbolismo: hoy, 9 de noviembre de 2023, se cumple el noveno aniversario de la consulta no vincultante sobre la independencia de Catalunya convocada por Artur Mas, que entrará dentro de la amnistía. El 'expresident' Carles Puigdemont ha afirmado que será un acuerdo histórico si se avanza en la negociación y ha cargado contra ERC: "Sin el cumplimiento de los acuerdos [firmados entre el PSOE y Junts], la legislatura no tiene ningún sentido, el 'a cambio de nada' ha ido a la papelera de la historia".

El acuerdo, por el que Junts apoyará la reelección de Sánchez y tambien dotará de "estabilidad" a la legislatura siempre que el PSOE cumpla con lo prometido, incluye importantes reivindicaciones de los posconvergentes, como el mediador internacional y el concepto de ‘lawfare’. Ambas partes, señala el pacto, “han acordado dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue”. 

Sin embargo, el entendimiento pasa muy por encima sobre el estatus de Catalunya, otra de las cuestiones clave para Puigdemont. El escrito se limita a señalar que en la negociación que ahora se abre, y que durará toda la legislatura, se abordará la "superación de los déficits y limitaciones del autogobierno" y el "reconocimiento nacional". Y en cuanto al referéndum de autodeterminación, el acuerdo recoge que Junts propondrá su celebración, amparándose "en el artículo 92 de la Constitución". Según los socialistas, que rechazan de plano una convocatoria de este tipo, es una manera de que los posconvergentes se comprometan con la seguridad jurídica y dejen a un lado la unilateralidad. En un primer síntoma de los nuevos tiempos, poco después de que se sellara el pacto Junts y ERC se han abstenido en el Parlament de la propuesta de la CUP para impulsar una nueva ley de referéndum.

Las "profundas discrepancias"

El partido de Sánchez se había negado hasta ahora a aceptar un mediador internacional, y solo hablaba de algún mecanismo de verificación, pero finalmente han cedido ante las “profundas discrepancias” con la formación de Puigdemont y “la complejidad y los obstáculos del proceso que se disponen a emprender”. 

Al mismo tiempo, ambas partes se comprometen a “contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya”, teniendo en cuenta que Junts “considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017”, mientras el PSOE “niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral”. 

Aquí es donde se engancha, como vía de superación del conflicto, la ley de amnistía. Según el documento, la norma debe “procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato”. La ley “debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos”. 

Acuerdo de investidura PSOE-Junts: ¿Qué han pactado?

La guerra sucia judicial

El documento pasa entonces a detenerse en el 'lawfare', la presunta guerra sucia judicial contra el independentismo. “Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura [sobre el ‘caso Pegasus’, las llamadas “cloacas del Estado” y los atentados del 17A] se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto de 'lawfare' o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”, señala el acuerdo.

Es decir, el escollo que separaba a ambas partes no formará parte de la norma propiamente dicha, sino que se estudiará en su aplicación posterior por parte de los tribunales. El pacto no se detiene en ninguno de los nombres que habían surgido en los últimos días como obstáculo para la firma: de la presidenta de Junts, Laura Borràs, condenada a 4 años de cárcel por amañar contratos, a Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont investigado por presunto blanqueo de capitales de la red de narcotráfico de Sito Miñanco, a quien también prestó asistencia jurídica.

El documento también establece que el futuro Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar ampliará la “participación directa de Catalunya en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales”, mientras los posconvergentes se comprometen a apoyar la investidura de Sánchez con el voto a favor de sus siete diputados, así como a dar “estabilidad a la legislatura”. Pero en este último punto con una condición: que se cumpla con “los acuerdos”.

El PP ve “humillante” el acuerdo del PSOE con Puigdemont: “Sánchez ha capitulado hasta en la fecha, el 9-N”

El reconocimiento y los déficits

La negociación será constante a partir de ahora. El PSOE y Junts celebrarán un primer encuentro este mes de noviembre, ya con Sánchez reelegido al frente de la Moncloa, en el que se tratará el "reconocimiento nacional" de Cataluña. Allí, en un síntoma de la enorme distancia que continúa separando a los dos partidos, los posconvergentes propondrán un "referéndum de autodeterminación" que a su juicio cabe "en el artículo 92 de la Constitución", según señala el documento. Los socialistas defenderán "el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Catalunya".

Las limitaciones del autogobierno será el otro gran asunto de ese futuro encuentro. Junts "propondrá de entrada una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya". El PSOE "apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Cataluña". Y en este ámbito, por último, "se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años.

La interpretación de Puigdemont

En una comparecencia sin preguntas de los periodistas en un hotel de Bruselas, Puigdemont ha querido subrayar que el acuerdo incluye las exigencias de Junts, como es el caso de un verificador internacional y que, ha afirmado, ya está definido entre ambos partidos. Según el 'expresident', el pacto llga sin "entusiasmo" e inicia un camino difícil, pero ha logrado definir un nuevo marco de relaciones para emprender la negociación sobre autogobierno y referéndum -peticiones de Junts- diferente al de ERC con el PSOE. El discurso del líder de JxCat ha estado trufado de constantes reproches a los republicanos: "Quiero subrayar que para llegar aquí no hemos tenido que pasar página, no hemos tenido que hacer lo que pretendían algunos. Ni hemos asumido haber cometido ningún delito, no hemos tenido que pedir perdón, mantenemos la posición. Y es desde esta posición que nos comprometemos a un proceso de negociación, no de mero diálogo”.

La firma del pacto

El expresident de la Generalitat finalmente ha logrado un acuerdo que explicará este jueves en una comparecencia en Bruselas y que deberá ser discutido por la militancia del partido en una consulta que se celebrará previsiblemente este fin de semana. La firma del acuerdo, sin imágenes, se ha producido entre el secretario general, Jordi Turull, y el número tres de los socialistas, Santos Cerdán, en la capital belga, ya que Puigdemont no ostenta ningún cargo orgánico en el partido posconvergente.

Al mismo tiempo, dirigentes de la cúpula de JxCat se han desplazado a Bruselas para acompañar a Puigdemont. Entre ellos Jordi Turull, Albert Batet, Josep Rius, David Saldoni y David Torrents, aunque no estarán todos los miembros del secretariado permanente del partido, ya que hoy hay pleno en el Parlament y, por ejemplo, tanto Anna Erra -presidenta de la cámara- como Aurora Madaula -miembro de la Mesa- deben permanecer en Barcelona.

La idea de los colaboradores de Sánchez pasa por registrar la futura ley de amnistía cuanto antes, aunque este jueves es festivo en Madrid y puede que el paso se retrase hasta el viernes, con todos los grupos que en principio apoyarán la reelección del presidente en funciones: del PSOE al PNV, pasando por Junts, Bildu, Sumar, ERC y el BNG. Sería el paso previo a la investidura, cumpliendo así con el “pago por adelantado” que ha venido reclamando Puigdemont desde que comenzaron las negociaciones, aunque no podrá ser su aprobación -como requirió el expresident-, sino el inicio de su tramitación, debido al calendario de la negociación y a los tiempos parlamentarios. Según este plan, el debate en el Congreso para investir de nuevo a Sánchez se celebrará la próxima semana.

Hay algo que facilita todo este esquema temporal: si Sánchez sella su pacto con el PNV, y nadie pone en duda que lo hará, contaría con 178 votos a favor. O 179 si finalmente se adhiere también Coalición Canaria. En cualquier caso, se trataría de una suma por encima de los 176 de la mayoría absoluta, así que el presidente en funciones sería reelegido la semana que viene en primera votación, a diferencia de lo que ocurrió en enero de 2020.