El despacho que fundó Montoro y el periodismo

Llevamos días publicando en este diario un asunto que está dando mucho de qué hablar y promete ir a más: la relevante investigación judicial sobre el despacho que fundó el exministro Cristóbal Montoro. Un juez de Tarragona instruye una investigación que se inició en agosto de 2018, que permanece bajo secreto, para saber si los miembros de Equipo Económico (el nombre más reciente del citado despacho) utilizaron, o más bien abusaron, de sus «influencias» entre altos cargos y funcionarios de Hacienda para beneficiar a sus clientes.

En el juzgado se sigue el rastro desde hace tiempo a parte de la cúpula de la sociedad que, en su nacimiento, se denominó Montoro Asociados para pasar a llamarse después Equipo Económico y que desde el 2016 ha funcionado bajo el nombre Global Afteli. Quien fuera titular de Hacienda con varios gobiernos populares abandonó oficialmente la empresa en el 2008, pero se da la circunstancia de que algunos de los investigados ahora por un tribunal catalán han tenido cargos muy llamativos ligados al área que capitaneó Montoro: Ricardo Martínez Rico (su ex jefe de gabinete), Manuel de Vicente-Tutor (del comité de dirección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria) y Salvador Ruiz Gallud, que dirigió la Agencia entre 2001 y 2004.

Se preguntarán ustedes, y con razón, cómo llega una investigación de esta enjundia a un juzgado de Tarragona… pues «de forma casual», al descubrirse una serie de correos electrónicos mientras se seguía otro caso, como se relata en un auto fechado en 2022 vinculado a este caso y al que la redacción de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y la de El Periódico de Catalunya, cabeceras ‘hermanas’ de Prensa Ibérica, han tenido acceso. ¿Cómo? Practicando el periodismo, ese oficio que ejercemos en su nombre ante los poderes del Estado para que la información que importa salga a la luz.

Gracias a la investigación de años de la policía judicial -que provocó la ampliación de la causa por parte de Anticorrupción-, y a esa labor periodística que están llevando a cabo Tono Calleja, Cristina Gallardo, Jesús A. Albalat y Ángeles Vázquez, ahora sabemos que la incautación de correos electrónicos y de datos hallados en Messer Ibérica de Gases, empresa tarraconense que se vigilaba por un posible delito contra la ordenación del territorio, propició el hallazgo de un caso que puede tener graves consencuencias.

Gracias a la investigación de años de la policía judicial y a esa labor periodística que están llevando a cabo Tono Calleja, Cristina Gallardo, Jesús A. Albalat y Ángeles Vázquez, ahora sabemos que la incautación de correos electrónicos y de datos hallados en Messer Ibérica de Gases propició el hallazgo de un caso que puede tener graves consecuencias"

Si las tiene o no dependerá de lo que resulte del empeño de un juez que quiere saber si se usó información tributaria de algunos personajes para favorecer a clientes del bufete. E, incluso, si se trató de influir en la Administración para la elaboración de leyes que beneficiaban a empresas o sectores que habían contratado a Equipo Económico.

En estos últimos días les hemos contado, además, que se ha investigado si un periodista de ‘ABC’ que publicó información relativa a la sociedad fundada por Montoro fue inspeccionado por la Agencia Tributaria a raíz de haber puesto su lupa profesional sobre ese despacho. Ahora toca explicarles que entre los correos que el juez mantiene en su poder hay información fiscal del exvicepresidente popular Rodrigo Rato.

Estos mensajes, como otros, fueron objeto de debate en una Junta de Fiscales que tuvo lugar el pasado 26 de septiembre. Esa junta se convocó porque así lo pidió la fiscal que está al frente de la investigación, Carmen García Cerdá, que buscaba dejar claras sus discrepancias con el criterio seguido por su superior y jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, a la hora de abordar las pesquisas de tan peliagudo caso. Luzón había advertido previamente a García Cerdá que no era partidario de practicar más diligencias en torno a los documentos adjuntos a los correos objetosde investigación.

El tema se llevó a la Junta y Luzón obtuvo el respaldo de 19 compañeros de la fiscalía, mientras que otros cinco avalaron la tesis de García Cerdá, lo que significa echar el freno de mano en una parte de la instrucción. ¿Que cómo va a terminar este asunto? Aún le quedan varios capítulos que les garantizo que van a poder leer en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.