La asimetría territorial del PNV

Urkullu presentó la semana pasada una propuesta de revisión del modelo territorial español que no precisaría, a su juicio, de reforma constitucional alguna, y que consiste muy sintéticamente —a pesar de la consciente y voluntaria ambigüedad del texto— en la construcción de un federalismo asimétrico en cierto modo no muy diferente del que un día planteó Pasqual Maragall.

La propuesta contiene escasas novedades ya que, como se han apresurado a destacar algunos analistas, también explora parajes que transitó Ibarretxe en su famoso plan, que en febrero de 2005 no consiguió apoyo suficiente en el Congreso español. Sin embargo, en unos tiempos en que todavía nos estamos rehaciendo de las consecuencias de un golpe de mano independentista en Cataluña, hay que recibir con agrado cualquier planteamiento que se inscriba en el marco democrático vigente, apele al diálogo, respete el estado de derecho y se esfuerce para ofrecer soluciones pacíficas y globales.

Urkullu hurga en su documento en una cuestión vidriosa como es el concepto de nación y se lamenta de que España no sea un estado plurinacional, “como fue en la práctica hasta el siglo XVIII”. Para remediar estas insuficiencias, Urkullu reitera sus conocidas tesis sobre "la “nación foral”, la “unión voluntaria”, el modelo de “federalización asimétrica” o el “horizonte confederal del Estado”". Defiende "el reconocimiento de la realidad plurinacional del Estado", así como "el modelo de “bilateralidad efectiva” con garantías de cumplimiento de lo acordado". Realiza en fin "propuestas para ofrecer un cauce de solución política a las voluntades sociales mayoritarias de la sociedad vasca, incluyendo iniciativas dirigidas a las instituciones europeas, recordando los principios de subsidiariedad o las oportunidades de la gobernanza multinivel reconocidas por la propia Unión Europea".

Urkullu ve una "oportunidad" para ampliar el autogobierno de Euskadi y Cataluña sin tocar la Constitución

Aunque hay un abismo entre el federalismo (simétrico o no) y el confederalismo (aquel organiza una única soberanía y este federa soberanías distintas que se agrupan mediante una decisión voluntaria y reversible), las carencias que presenta el modelo de 1978 y que detecta y denuncia, con al menos parte de razón, el lehendakari son negociables: "No se descentralizó el poder judicial, no se quiso hacer del Senado una auténtica Cámara de representación territorial y se diseñó un Tribunal Constitucional como árbitro entre el Estado central y las comunidades […] en el que solo tenían representación los tres poderes del Estado central y no tenían representación directa y real las comunidades autónomas". No es extraño que Urkullu no mencione la necesidad de revisar a fondo la ley de Financiación Autonómica (LOFCA) que hoy genera graves desequilibrios ya que Euskadi se beneficia de su régimen foral especial.

Aunque estos temas concretos son relativamente innocuos y podrían ser incorporados a la agenda del diálogo parlamentario, Urkullu insiste en la "bilateralidad", procedimiento que ya ha dado efectivamente frutos en la gestión del concierto económico y que querría extender a las otras cuestiones. En suma, pretendería celebrar una convención constitucional “sobre el autogobierno” entre las tres comunidades históricas —vinculadas desde 1933 mediante la abstracta Galeuzka, una “institución de hermandad ente gallegos, vascos y catalanes”— y el gobierno del Estado. Primero se celebraría "un acuerdo preliminar de bases" “incluyendo principios como el cumplimiento integro de los marcos estatutarios, el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, la bilateralidad, el sistema de garantías o la capacidad de decidir pactada”. Y, en segundo lugar, se celebraría en el plazo de un año la convención, para analizar “el alcance actual y futuro de la disposición adicional primera de la Constitución”, “el autogobierno de las comunidades de raíz foral” o, incluso, “el autogobierno de las nacionalidades históricas”.

Del plan Ibarretxe a Urkullu y de cómo el PNV intenta no perder la hegemonía en el País Vasco

Tras el enunciado de la propuesta blanda, sobreviene la perplejidad. En primer lugar, no es concebible que las comunidades históricas puedan acordar en solitario con el gobierno de la nación un cambio profundo del modelo autonómico. En segundo lugar, la disposición adicional primera de la Constitución dice lo que dice y no es extensiva más allá de los “territorios forales” en sentido estricto. En tercer lugar, se deja en el limbo, sin aclaraciones, el concepto vaporoso de estado plurinacional, al tiempo que se desliza la demanda del “derecho a decidir”, cuyo contenido no se aclara, y que en principio alude a un derecho inexistente.

Ante esta propuesta, algún medio ha traído a la memoria la respuesta que Zapatero dio a Ibarretxe en el debate sobre su “plan”. En aquella intervención, además de apostar por un patriotismo constitucional basado en valores, defendió “la integridad territorial de España” como marco en el que disfrutar “de una libertad integral, de un pluralismo real”. Debatamos, pues, la reforma territorial, pero no perdamos de vista los límites reconfortantes que la propia Constitución impone.