La propuesta del Rey

El jueves pasado, el Congreso y el Senado celebraron sus primeros plenos para inaugurar la decimoquinta legislatura y elegir al Presidente y la Mesa de cada uno. No fue un inicio brillante, particularmente el que tuvo lugar en la Cámara baja. La elección de la nueva presidenta del Congreso, que se resolvió con la proclamación de ganadores y perdedores en la pugna por un cargo que desempeña una función arbitral, ha evidenciado la profunda división en que está sumida la política española. Armengol, elegida gracias a una intervención in extremis del gobierno en funciones con el fin de facilitar el voto favorable de Junts, instó a los diputados a expresarse desde ese mismo momento en las lenguas cooficiales de sus respectivas Comunidades Autónomas, olvidándose del valenciano y de las exigencias procedimentales y logísticas de tal empeño, que reiteró de forma ya más prudente al día siguiente. Las reacciones no se hicieron esperar y la polémica jurídica y política está servida. La previsible constitución en los próximos días de las dos minorías catalanas independentistas en grupos parlamentarios separados, en contra de lo establecido en el reglamento del Congreso, añadirá leña al fuego. Se hacen visibles una vez más algunas grietas en los cimientos de la democracia española.

La investidura promete mucho ruido y mayor confusión. Los hechos parecen conducirnos a una coalición mayoritaria de la izquierda con los nacionalistas, pero tiene el máximo interés ver cómo llegamos a ese punto. Habrá que fijarse en las peticiones de los nacionalistas y las concesiones de Pedro Sánchez. De prosperar la investidura del candidato socialista, la legislatura será un tira y afloja permanente, una negociación continua, entre el Gobierno y los cinco partidos soberanistas. Todos sus votos serán imprescindibles para aprobar las iniciativas del Ejecutivo en el Congreso. Estos partidos podrán retirarle su apoyo o utilizar la amenaza de hacerlo como chantaje, pero Pedro Sánchez tendrá en sus manos la posibilidad de convocar elecciones. De confirmarse esta previsión, en todo caso incierta, es presumible un aumento de la tensión política en España debido a que el partido ganador de las elecciones no podrá gobernar, los partidos independentistas creerán que disfrutan de la oportunidad única de tener al gobierno español a su merced y las demandas de los nacionalismos periféricos ocuparán el centro de la vida política y reactivarán al nacionalismo español, como viene sucediendo con virulencia variable, casi sin interrupción, desde hace un siglo.

La elección de Francina Armengol ha insuflado en las filas de la izquierda confianza en la investidura de Pedro Sánchez. Los nacionalistas catalanes no la dan por segura y auguran unas conversaciones largas. El Rey, sin pérdida de tiempo, ha convocado a los grupos a consulta. Se enfrenta a una situación difícil. Debe proponer un candidato, se postulan dos aspirantes y es probable que no disponga de la información necesaria y precisa respecto a los apoyos con que cuenta cada uno. De los cinco partidos soberanistas, solo el PNV acudirá al Palacio de la Zarzuela. De manera que, al finalizar esta primera ronda, Felipe VI se encontrará probablemente con que Feijóo tenga confirmados más votos a favor, pero también el veto declarado o supuesto de una mayoría absoluta, mientras que Pedro Sánchez podrá aducir a su favor la posibilidad abierta de alcanzar el respaldo de una mayoría que le permita formar gobierno, algo que está fuera del alcance de Feijóo. El desplante de los independentistas no ayuda al Rey a tomar una decisión y lo pone en un brete. La propuesta de Feijóo está abocada al fracaso y la de Pedro Sánchez dependería de la consecución de un pacto con los nacionalistas no sujeto al calendario, al igual que ocurrió en 1996 cuando fue propuesto Aznar.

El trámite de la investidura se ha resuelto en España por término medio en el plazo de un mes desde el día de las elecciones, pero la presencia de los nuevos partidos y el carácter independentista adoptado por sectores antaño moderados del nacionalismo catalán lo han dilatado en los últimos años. Los movimientos de Pedro Sánchez, ciertamente opacos, producen la impresión de que solo está haciendo algo normal y lógico, que es intentar la formación de un gobierno. Pero conviene prestar atención a las implicaciones políticas del intento. Junts ha emitido un comunicado en que afirma que "todos los acuerdos que suscribe sirven para avanzar en dirección a la independencia". Se negocia una amnistía con partidos independentistas que se niegan a informar al Rey y con el mismo prófugo de la justicia que iba a ser juzgado aquí; quizá pueda acordarse, además, una financiación generosa y la promesa de una suerte de autodeterminación. ¿No deberíamos pensar bien en lo que hacemos?