Negocios y principios en Israel

El Punto Nacional de Contacto (PNC), un organismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo encargado de velar por el cumplimiento de las normas de la OCDE sobre responsabilidad social de las multinacionales, ha llamado la atención a dos grandes empresas españolas que están construyendo un tranvía en Israel. La infraestructura conectará territorio israelí con colonias ilegales asentadas en territorio palestino y cuyo presupuesto es de unos 1.800 millones de euros. En su advertencia, el PNC ha dado un año de plazo a las compañías GMV y CAF para que presenten el informe de un "tercero independiente" sobre el impacto de esta construcción en la minoría árabe y sus implicaciones en materia de derechos humanos.

Tal actuación ha sido impulsada por el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, una asociación creada en 1986 que ha recordado que este proyecto violenta la resolución 31/36 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que la normalización de la ocupación para facilitar la colonización "está prohibida por la IV Convención de Ginebra y diversas resoluciones de las Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad como la 2334 (2016)". 

El PNC reprende con dureza a las compañías españolas, cuyo socio local israelí, Shapir, ha sido excluido por el Fondo Noruego de Inversiones por su participación en la ocupación, motivo por el que ha sido incluido en la base de datos correspondiente de Naciones Unidas. El asunto tiene precedentes, ya que en 2014 el Ministerio de Industria español informaba a nuestras empresas de la inconveniencia de operar o prestar servicios en los territorios ocupados porque se violentaba la posición de la Unión Europea que han acatado países como Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia.

La OCDE ha intentado históricamente impregnar de criterios éticos los intercambios comerciales

Como es conocido, la comunidad internacional, y particularmente Estados Unidos y la Unión Europea, no reconocen ningún cambio en las fronteras anteriores a 1967, pese a que Israel sigue siendo considerado como una democracia avanzada, si bien tiene pendiente conseguir una fórmula de paz con el pueblo palestino. La OCDE y la ONU han intentado históricamente impregnar de criterios éticos los intercambios comerciales y las cooperaciones políticas interestatales.

Sin embargo, es muy difícil, en un mundo complejo e hiperconectado, frenar los tráficos inmorales -de armas, de personas, de estupefacientes- o procedentes del dumping social. Aunque abunden las posiciones hipócritas, las grandes democracias deben utilizar las herramientas económicas y comerciales de que disponen para fomentar la vigencia de los grandes valores y principios que rigen las democracias.

En el caso de Israel y el conflicto enquistado desde hace más de medio siglo en región de Oriente Próximo, los países democráticos tienen la obligación de encauzar el destino de aquella tierra milenaria y singular recordando en todo momento que los derechos humanos no pueden estar ausentes de un proyecto de futuro que debe cobijar a los dos pueblos -el israelí y el palestino- con culturas distintas, que con parecidas razones pueden alardear de ser oriundos de aquella ribera del Mediterráneo.