Opinión | LA COLUMNA

Un precio muy alto

El replanteamiento territorial es necesario, pero llevarlo a cabo exige algo más que un pacto de investidura o de legislatura

Pedro Sánchez en los pasillos del Congreso.

Pedro Sánchez en los pasillos del Congreso. / EFE

A la espera de que Carles Puigdemont desvele este martes cuáles son sus condiciones para que Pedro Sánchez pueda repetir como presidente del Gobierno, los socialistas están dejando que Núñez Feijóo vaya dando bandazos de cara a su fallida investidura y aprovechando que el foco está sobre el líder del PP para negociar discretamente con los partidos que les han apoyado en la pasada legislatura.

Y con Junts, claro, porque si no no les salen las cuentas. Que la investidura de Feijóo tiene escasas o nulas posibilidades de prosperar es algo que admiten públicamente los propios populares, pero, pese al optimismo del PSOE, está aún por ver que la de Sánchez vaya a ser posible. 

Hasta el momento, lo que se sabe es que nacionalistas e independentistas piden al PSOE una profunda reestructuración del sistema autonómico para que, 45 años después de que se aprobara la Constitución, se adapte a la nueva realidad española. 

Una reinterpretación de la Carta Magna, por seguir la tesis del lendakari Iñigo Urkullu, que dé paso a mayores cuotas de autogobierno, particularmente para las comunidades históricas. 

Es evidente que ese replanteamiento territorial es necesario, lo pidan o no quienes pueden prestarse a apoyar un nuevo Gobierno de Sánchez, pero llevarlo a cabo exige algo más que un pacto de investidura o de legislatura y mucho más que la disposición a hacerlo de los socialistas y de Sumar. Precisa, sin duda, de un consenso más amplio que debería incluir al PP, algo por ahora imposible.

Es en ese punto, el de la política territorial, donde se encuentra el principal escollo para la reelección del actual presidente. Porque este es precisamente el asunto que genera una mayor polarización política entre las derechas, que defienden la España uniforme, y las izquierdas, que admiten la pluralidad. Pero también es divisorio entre comunidades. 

Más, si se quiere acabar con el café para todos. Lo pueden negociar, lo pueden pactar, pero hacerlo podría tener un precio tan alto que ni siquiera alguien tan intrépido como Sánchez lo podría pagar. ¿O sí?