Dejen en paz mi pensión

Dice el simulador de la seguridad social que he cotizado 11.756 días y que me quedan por cotizar 4.020 más. También dice que podría adelantar la jubilación dos años, perdiendo más de 300 euros de pensión, más o menos. Me bonifica 83 días de cotización por haber tenido un hijo. Y he descubierto una información que no me gusta tanto, aunque mis primeras cotizaciones de trabajos de verano fueron en el 87, y desde entonces he cotizado muchos años, solo va a tener en cuenta lo que aporto desde 2008 hasta el final. Vaya, no va a tener en cuenta lo que cobraba antes de ser madre, que mis cotizaciones fueron más altas que los años de después de serlo (como le pasa a la mayoría de las mujeres, que perdemos poder adquisitivo durante 10 años después de ser madres). De momento, la plataforma me deja jubilarme a los 63 o a los 65 y me ofrece una pensión digna. Buenas noticias. Prefiero que no me las amarguen, dejen ya de intentarlo.

Cualquiera que entre en el simulador puede tener estos datos: cuánto ha cotizado, cuánto le falta, cuándo podrá jubilarse y una aproximación de lo que va a cobrar. Es una buena herramienta para generar confianza en el sistema. Porque el mayor problema de nuestro sistema de pensiones no es la sostenibilidad, ni la solidaridad intergeneracional, ni los agoreros que quieren dinamitarlo, ni la UE. El mayor problema es que casi ningún ciudadano de a pie entiende cómo funciona. Nos suenan a chino las bases de cotización, las carencias, los años computables y los porcentajes reductores. No sabemos en qué se basan para decirnos lo que vamos a cobrar. Hasta la aparición de esta aplicación, la cuestión era cruzar los dedos hasta el día de la jubilación y ver qué nos iba a tocar. Lo cual provoca mucha incertidumbre y lleva a muchas personas a plantearse contratar un plan de pensiones privado para “complementar”, o “por si acaso” aunque no sepamos qué hay que complementar.

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La desconfianza que supone el no entender lo que pasa, deja el terreno abonado para que nos cuelen todas las dudas y fake news. No ayudan en nada los discursos de la derecha que vierten dudas sobre el sistema de pensiones: que el sistema no es sostenible, que el estado no puede soportar que cada vez vivamos más años y cobremos más tiempo la pensión, que la UE... A esto hay que sumar que a mi generación nos dicen que somos los del baby boom y que, cuando nosotros nos jubilemos, ¡seremos muchos! y a ver quién va a pagar nuestra fiesta. Dejando siempre en el aire si podremos o no cobrar una pensión, si esa pensión nos va a dar para vivir dignamente y si no deberíamos pensar en un plan alternativo. Somos la última generación que empezó a trabajar muy pronto, que trabajaremos hasta muy tarde y que habremos aportado mucho y muchos años al sistema. Es un derecho que nos hemos ganado, pero siempre hay quien quiere hacernos dudar. No gracias. Encima es probable que para entonces no existan ya los viajes del Imserso, así que adiós al sueño de estar todo el rato en Mallorca bailando y disfrutando del merecido descanso.

A los agoreros de siempre se ha sumado Arrimadas, con un nuevo ataque al sistema público de pensiones. Según el ideario liberal de esta señora, no hay derecho a que suban las pensiones de los mayores si los jóvenes tienen salarios muy precarios. El argumento tiene la doble “virtud” de echar dudas sobre el sistema de pensiones y, además, enfrentar a los jóvenes con los mayores. Dos por uno. Miente. Porque los derechos no compiten. Por supuesto que los jóvenes tienen derecho a tener mejores condiciones laborales y trabajos estables y bien pagados. Al mismo tiempo, los mayores tienen derecho a que su pensión siga siendo digna y que se revalorice con el coste de la vida. Una cosa no quita la otra y las dos demandas son justas. Bajar las pensiones solo empobrece a los mayores y no sube el salario a los jóvenes, ni hace sus empleos más estables. También miente Arrimadas cuando dice que el peso de las pensiones se ha duplicado desde 2005. El peso de las pensiones ha subido 10 puntos, no se ha duplicado. Sí se ha incrementado el número de trabajadores activos por cada pensionista, que ya supera los 2 por primera vez en mucho tiempo.

Durante esta legislatura se están abordando varias reformas del sistema de pensiones con el objetivo de fortalecerlo, ya que de 2010 a 2020 el sistema acumuló déficit año tras año. Este endeudamiento no tiene que ver solo con el envejecimiento de la población, sino también con una insuficiente inmigración, de la que los agoreros sobre el sistema de pensiones nunca quieren hablar. Hablan del porcentaje del presupuesto que se va en pensiones, pero lo cierto es que la aportación del estado a las pensiones en España está por debajo de lo que aporta Italia o Francia y bastante pareja a la aportación de Alemania. Lo que no es parejo es la aportación de las personas trabajadoras al sistema, en esto estamos por debajo de nuestros vecinos. Así que la solución no es bajar las pensiones, sino subir las cotizaciones de quienes más cobran. En estas cosas, como en casi todo, hay que elegir bando. Hay que saber si queremos perder derechos, o si nos centramos en aumentar los ingresos del sistema para mantener nuestro estado del bienestar. Esto no va de que los mayores ganen menos para que los jóvenes ganen más, sino de que los muy ricos paguen más para que todos tengamos una vida digna.

Subir las pensiones con el IPC garantiza una pensión digna. No depende de la voluntad del gobierno de turno, ni depende de si el sistema tiene déficit o superávit. Tenemos derecho a que las pensiones sigan siendo dignas (no entro ahora en que las más bajas aún no garantizan esto y, obviamente, hay que subirlas). Ni siquiera compro el argumento de que a quien no hay que subir es a las más altas, porque probablemente es el más perverso. Las pensiones más altas son de quienes más han contribuido al sistema y, hasta ahora lo han hecho de buena gana con la promesa de una pensión que será mucho más baja que su salario, pero será digna. Sin esa promesa, quienes más contribuyen al sistema dejarán de querer hacerlo, migrarán al sector privado y se tambaleará todo el sistema para el grueso de la población.

Ya conocemos esta maniobra. Devaluar los derechos públicos, sembrar dudas sobre ellos, y arrastrar a las clases altas a migrar al sector privado. Cuando ya van a los hospitales privados, los colegios privados y las pensiones privadas, el deterioro de los derechos públicos es enorme. Ver la situación de la sanidad madrileña sin posibilidad de pedir cita a un pediatra para más detalle. Saber que tenemos una escuela pública de calidad, una sanidad universal que nos cuidará siempre y el derecho a una pensión digna, aporta orden y confianza en el sistema. Lo demás es la selva, el discurso antisistema del sálvese quien pueda. El desorden. Y yo quiero seguir confiando en nuestro estado del bienestar, así que trabajemos para fortalecerlo, no para destruirlo.