La percepción social de los impuestos

 “Lo más difícil de entender en el mundo es el impuesto de la renta”. Esta frase atribuida a Albert Einstein sirve para hablar hoy del tema que ha copado la agenda política y mediática en España tras el periodo vacacional: los impuestos. La frase del genio alemán -pronunciada, según se cuenta, tras una sesión con su contable en la que este trataba de explicarle el susodicho impuesto- expresa con ironía un hecho que afecta al debate que estos días planea por algunos parlamentos (y también por algunos platós de televisión) y que se ha venido planteando en términos dicotómicos: ¿hay que subir o bajar impuestos? El asunto de la política fiscal es mucho más poliédrico y, además de preguntarse a quiénes se le deberían subir y/o a quiénes habría que bajar los tributos, los argumentos deberían incorporar, al menos, otras dos preguntas: por qué, y para qué.

En torno a estas cuestiones existen diferentes encuestas que ponen de manifiesto las opiniones y percepciones de los ciudadanos con respecto al tema de los impuestos. Y hay más consensos que disensos. Así, sabemos, por el último Barómetro de Opinión pública y política fiscal publicado por el CIS en el pasado mes de agosto (tormenta inflacionista de por medio), que la mayoría de los españoles (62%) piensa que ellos y sus familias reciben menos de las administraciones públicas en relación con los impuestos y cotizaciones que pagan. Una opinión que está extendida ampliamente entre los votantes de los partidos de la derecha (PP, Vox y Ciudadanos), pero que también es compartida por la mitad del electorado de izquierda (PSOE, Unidas Podemos, Más País).

Por otro lado, el 81% de los españoles cree que no hay justicia distributiva. No pagan más quienes más tienen. Lo piensa la abrumadora mayoría de los electores de izquierda, pero también el 71% de los votantes del PP y hasta el 75% de los de Vox. Las opiniones sobre el fraude fiscal no son mejores: nueve de cada diez ciudadanos consideran que está muy extendido en nuestro país, y el 60% afirma que la Administración hace pocos o ningún esfuerzo por luchar contra él.

No se trata de datos objetivos, sino de percepciones. Pero estas son muy importantes porque condicionan el comportamiento. Si los ciudadanos piensan que hay mucho fraude fiscal, que este no se controla por parte de las autoridades, que no hay equidad fiscal y que, en definitiva, no se sabe a qué se destinan sus impuestos (el 82% piensa que la Administración hace poco o nada por explicar el destino de estos), ¿Por qué pagarlos? ¿Qué incentivos tienen para cumplir con las obligaciones fiscales, más allá del miedo a una revisión por parte de Hacienda (que es lo que señalan dos de cada tres españoles)?

Aquí es donde entra el para qué. Pregunta que también da pie a consensos, y algunos interesantes disensos. Por ejemplo, la mayoría de los españoles (60%) considera que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar los servicios públicos. Es una opinión mayoritariamente transversal apoyada, con mayor o menor intensidad, por todos los electorados. Con una única excepción: los votantes de Vox. Seis de cada diez electores del partido de Abascal (y también un tercio de los votantes populares) piensan que los impuestos son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué. De hecho, la mayoría de los votantes del PP y de Vox (60% y 73%, respectivamente) piensa que teniendo en cuenta los servicios públicos y las prestaciones sociales existentes, la sociedad española se beneficia poco o nada de lo que pagamos a las administraciones públicas en impuestos y cotizaciones.

En todo caso, y más allá del hecho de que la derecha española manifiesta mucha mayor desconfianza que la izquierda sobre el motivo y el destino de los impuestos, podemos afirmar que los españoles establecen una conexión evidente entre el pago de impuestos y la calidad de los servicios sociales. Y en este punto es donde los ciudadanos manifiestan sus reclamaciones, entendidas estas como demandas para destinar mayor o menor recursos a los diferentes servicios públicos.

En este sentido, hay un clara y evidente división ideológica con respecto a tres temas: defensa, seguridad ciudadana y cultura. Para los votantes de la derecha, se debería destinar más dinero a las dos primeras cuestiones del que actualmente se dedica (los votantes de izquierda piensan que se destinan los recursos necesarios). Lo contrario ocurre con la cultura: los recursos asignados se consideran insuficientes entre los votantes de la izquierda, mientras que para los de la derecha son entre suficientes (votantes del PP) y demasiados (votantes de Vox).

Pero el grado de consenso es mucho mayor en lo que tiene que ver con los insuficientes recursos que, según la mayoría de los españoles, destinan las administraciones públicas a la enseñanza, la vivienda, la justicia, la seguridad social, la investigación, la dependencia, el medio rural y el medio ambiente. Destaco el caso de la sanidad por ser especialmente sensible debido a varios motivos. Uno de ellos, porque ha sido y es la joya de la corona para los españoles. Año tras año, el sistema nacional de salud (sobre todo, sus profesionales) ha sido la institución más reconocida en términos de evaluación y de confianza ciudadana. Una confianza que empieza a verse cuestionada no por el trabajo de sus profesionales, sino por la falta de recursos que hace que, según datos de Ipsos, un 71% de los españoles piense que en estos momentos está sobrecargado, afectando a su calidad. Una opinión que está más extendida entre las personas mayores que son los principales usuarios de sus servicios. Esto cobra mayor relevancia si tenemos en cuenta las proyecciones de población en España en el medio plazo: las personas mayores serán más y vivirán más.

Por tanto, creo que es un error plantear este tema de los impuestos, tan sensible y poliédrico, de manera reduccionista, como una realidad dicotómica: ¿subir o bajar impuestos? ¿a quién se los subimos y/o a quién se los bajamos? El punto de vista -el marco- que adoptemos a la hora de debatir el tema es muy importante. Porque quizá la pregunta no debería ser si se deberían pagar más o menos impuestos, sino si queremos mejores prestaciones y servicios públicos (o, al menos, que los que tenemos no se degraden). Si la respuesta a esta última pregunta es afirmativa, el objetivo principal debería ser cómo nos aseguramos, como sociedad, de conseguirlo. Una cuestión que requeriría, no una simplificación de las propuestas, sino un análisis y un debate público de calidad.