Oportunidades contra la despoblación

La España despoblada está formada por aquellos territorios que han perdido población desde mediados del siglo pasado y que, en la actualidad, tienen una densidad poblacional inferior a la media nacional (Bandrés y Azón, 2021). Comunidades autónomas como Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y algunas provincias gallegas y andaluzas.

La despoblación es una tendencia que se produce en las economías avanzadas y que responde a causas estructurales de largo plazo que modifican la distribución de recursos y factores de producción a lo largo de un territorio, “beneficiando” a algunas regiones y “penalizando” a otras. Por ejemplo, en España las regiones urbanas concentran más del 66% del PIB y más del 65% del empleo (Díaz-Lanchas et al., 2021). Esta disparidad genera una especie de círculo vicioso. Las zonas urbanas ofrecen un mayor acceso a proveedores o inversores a las empresas, que hace que estas se instalen allí y, a su vez, la oferta de bienes y servicios, así como las oportunidades laborales a los que los ciudadanos pueden acceder sea mayor. Los municipios rurales lo tienen muy difícil para competir, la población que se queda en ellos tiene acceso a menores servicios y esto a su vez refuerza la despoblación.

Quienes viven en zonas despobladas se quejan del abandono de los poderes públicos, de la falta de oportunidades, infraestructuras o servicios públicos. Para dar respuesta a estas reivindicaciones, históricamente se han puesto en marcha de políticas de despilfarro público en infraestructuras mastodónticas, poco rentables en muchos casos, como aeropuertos sin viajeros o líneas de alta velocidad, que conectaban el centro con la periferia, pero no la periferia entre sí. Una política que ha respondido más bien a intereses y réditos electorales que a una voluntad genuina de aportar una solución al problema. A su vez, se ha puesto encima de la mesa la necesidad de descentralizar la presencia de instituciones del Estado y trasladarlas a la periferia, para contribuir a la “cohesión territorial”, y reactivar estas zonas. 

El problema de las regiones que pierden población no se revierte conectándolas en AVE con la capital, construyendo un aeropuerto o trasladando la sede de la Agencia Española de Protección de Datos. Más bien requiere aumentar su atractivo económico, el factor de más peso a la hora de decidir abandonar estos municipios (Merino y Prats, 2020). Los incentivos fiscales son la herramienta más común para ello. No generan despilfarro público y permiten ajustarse a cada situación particular. La experiencia en Finlandia, Noruega y Suecia en forma de reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, señala un efecto positivo de estímulo del empleo local, aumentar los salarios, o estimular la creación y la atracción de nuevas empresas (Bennmarker et al. 2009).

Pero no podemos perder de vista que el desarrollo de las áreas despobladas depende también de que sus economías sean capaces de diversificarse hacia sectores diferentes a la agricultura y la ganadería, como puede ser el turismo rural. Y que la pandemia ha abierto una ventana de oportunidad con el teletrabajo. que no debe desaprovecharse. Sobre todo en un país con tan buena conectividad, como es el caso de España, que además ocupa la novena posición en el último Índice de la Economía y la Sociedad Digitales que elabora la Comisión Europea.