Ayuso lleva al Congreso la despolitización de la justicia: reclama que los parlamentos autonómicos no elijan a los jueces de los TSJ

En vísperas de una nueva reunión este miércoles entre los negociadores del Gobierno de Pedro Sánchez y el PP con el comisario de Justicia, Didier Reynders, para desatascar la renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial, el Congreso debate este martes un nuevo elemento sobre la independencia de los jueces que llega a la cámara baja de mano del PP de Isabel Díaz Ayuso. Los populares madrileños aprobaron hace unos meses en la Asamblea de Madrid una iniciativa para que los parlamentos autonómicos no elijan a los jueces de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de cada territorio, pero solo será aplicable si el Congreso modifica la ley orgánica que regula el nombramiento de los jueces, y esto es lo que se vota hoy en el Congreso.

La propuesta madrileña solo afecta a los jueces y magistrados de los TSJ, son apenas dos artículos sobre el procedimiento para elegir a los magistrados de las Salas de lo Civil y lo Penal de los tribunales autonómicos, y no entra en el debate sobre el sistema de elección del CGPJ. Pero la intención del PP de Madrid es buscar la equiparación de ambos niveles en el debate parlamentario y forzar al PSOE a hablar de la "despolitización" de la justicia en un momento en el que los populares acusan al Gobierno de querer "controlar los órganos judiciales", tal y como apuntó Ayuso hace unos días cuando se destapó el caso Koldo.

Esta es "una iniciativa que busca la independencia judicial en un momento en el que vemos en España un ataque muy decidido a la separación de poderes", decía este lunes el portavoz del grupo popular en la Asamblea. "Que los jueces elijan a los jueces", continuaba apuntando cuál será la línea discursiva al defender la iniciativa madrileña. Y ha rematado, siguiendo el hilo argumental de Ayuso, que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha ido acumulando cada uno de los poderes del Estado", nombrando a "personas de su más estricta confianza en puestos clave del Poder Judicial".

El debate en la Comisión de Justicia, donde será el diputado popular de la Asamblea José Virgilio Menéndez Medrano quien defienda la propuesta madrileña, se produce así en un momento en el que las negociaciones entre PP y PSOE para la renovación del CGPJ vuelven a estar en un punto muerto después de que el popular Esteban González Pons pisara el freno la semana pasada.

En el contexto de la aprobación de la ley de amnistía, el negociador de los populares apuntaba que el Gobierno "no puede jugar al mismo tiempo a humillar a los jueces y a renovar el Consejo” y dejaba así en el aire el desenlace de la reunión que se producirá mañana miércoles en Estrasburgo con el ministro Félix Bolaños y el comisario Reynders de árbitro. El PSOE quiere renovar el CGPJ y modificar después la ley del poder judicial para que sean los jueces quienes elijan a los jueces, mientras que el PP quiere dar los dos pasos al mismo tiempo, y tras las palabras de Pons en ambos lados desconfían de los avances que pueda haber mañana.

Propuesta de Madrid

La reforma que aprobó la pasada primavera la Asamblea de Madrid, y que arrastra desde 2020, propone suprimir la posibilidad que tiene el parlamento autonómico, con base en la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Demarcación y Planta Judicial, de elegir a uno de los tres magistrados de las Salas de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid. La Comunidad de Madrid defendió entonces la necesidad de que imperen "solo los requisitos de mérito y capacidad" en los nombramientos de los magistrados para "reforzar así la independencia" de los tribunales.

Cuando la iniciativa se presentó por el entonces consejero de Presidencia y Justicia, Enrique López, el ahora magistrado de la Audiencia Nacional ya apuntó el planteamiento que el PP quiere defender este martes en el Congreso, que "no se trata de que los jueces sean independientes, sino de profundizar en la apariencia de independencia".

La reforma propuesta apuesta por que el CGPJ elija para las plazas de los magistrados autonómicos entre "quienes llevando diez años en la categoría y en el orden jurisdiccional civil o penal y acreditando especiales conocimientos en derecho civil, foral o especial, propio de la Comunidad Autónoma, tengan mejor puesto en el escalafón". Con esto, los populares defiende que se "reforzará el Estado de Derecho" y de aprobarse en el Congreso afectaría a todos los TSJ autonómicos.