Ayuso abre un frente con Sanidad y recurre la orden del uso de mascarilla obligatoria

El mismo día que el Gobierno de la Comunidad aprueba la orden que deja sin efecto la obligatoriedad del uso de la mascarilla, el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional contra la orden del 10 de enero del Ministerio de Sanidad que establecía precisamente su uso obligatorio.

El portavoz del gobierno autonómico, Miguel Ángel García, ha justificado la decisión en dos aspectos. Por un lado, asegura que el equipo de Mónica García impuso la orden con medidas por el incremento de infecciones respiratorias agudas, en la que se incluía el uso de mascarillas en recintos sanitarios asistenciales (hospitales y centros de Atención Primaria), "sin acuerdo previo" entre las comunidades autónomas y, por otro, que “no se justifica de manera científica” ni con datos suficientes que lo respaldaran. “Lo hacemos apoyándonos en informes jurídicos”, ha explicado el portavoz, y criticado que la obligatoriedad se impuso tras una “reunión improvisada” y “sin rigor”.

Fuentes de la Comunidad de Madrid señalan que el reglamento por el que se regula el funcionamiento del Consejo Interterritorial de Sanidad establece que las decisiones deben tomarse con el acuerdo de todas las comunidades autónomas. “El Ministerio dio 48 horas para recibir propuestas y estableció la orden sin que hubiera consenso”, critican.

El recurso contencioso-administrativo ya no tendrá efecto sobre la obligatoriedad de las mascarillas en sí porque hoy mismo decae la decisión en Madrid y queda solo como recomendación por “la mejora en la región, y por segunda semana consecutiva, de los datos de incidencia de la gripe, COVID y otras enfermedades respiratorias”. Pero el ejecutivo autonómico busca una respuesta de la Audiencia Nacional al procedimiento para “evitar que vuelva a suceder” en el futuro y obligar así al equipo del Ministerio de Sanidad a consensuar las decisiones que se adopten en el marco de los consejos interterritoriales.

Aquella decisión, ha sentenciado el portavoz del ejecutivo de Ayuso, se tomó “para tratar de ocultar la total inactividad del ministerio en diciembre y los primeros días de enero”.