Ciberviolencia en Madrid: un 30% de las reparaciones extrajudiciales entre menores tiene relación con infracciones cometidas en redes

Pueden llegar a los centros de reinserción por múltiples infracciones, pero hay algo común a muchos de ellos que alarma a quienes trabajan con menores que han cometido algún tipo de delito: es que cada vez es más frecuente que en el expediente aparezca que han transgredido los límites a través de las redes sociales. La ciberviolencia ocupa aún un porcentaje pequeño entre los menores que llegan a los centros de reeducación de la Comunidad de Madrid tras haber pasado por instancias judiciales: apenas supone un 3% del total de los delitos de quienes terminan en estos centros. Sin embargo, cerca del 30% de las reparaciones extrajudiciales tienen relación con hechos cometidos en las redes sociales

Cuantificar los casos resulta complicado, apunta Pilar López, gerente de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI), porque muchas de estas infracciones aparecen incluidas en el capítulo de amenazas y coacciones, que engloban también aquellas realizadas en el mundo físico, no solo en el digital. Pero lo que tiene claro es que este es un "perfil emergente" en la frecuencia digital y por eso la Comunidad de Madrid trabaja en un programa específico sobre ciberviolencia en el que participan psicólogos, educadores y técnicos especializados en la ejecución de medidas y tratamiento de adicciones.

Falta de percepción del delito

Su compañero Walter Scansetti, director del área del menor de la ARRMI, explica que "desde 2020, con la pandemia, el aumento del uso de tecnologías ha hecho que cambiara con mayor intensidad la forma de relacionarse de los adolescentes" y señala que se ha detectado un "aumento de infracciones que se cometen usando esos medios: fraudes, acosos, envío de imágenes sin consentimiento, difusión de pornografía infantil, etc." En aquellos casos denunciados que se resuelven antes de llegar a juicio, "el delito de acoso, independientemente del medio en el que se produzca" está claramente al alza, advierte Scansetti, que es quien pone el foco en que casi un tercio de las conciliaciones o reparaciones tiene alguna vinculación con infracciones cometidas a través de las redes sociales, aunque esta no sea necesariamente la causa por la que llegan a sus centros.

"Es más fácil ofender a través de un teléfono o un dispositivo, pero a veces ni el que ofende ni el ofendido saben siquiera que están haciendo algo que no deben. Es más fácil detectarlo cuando hay un choque físico. A través de la pantalla se normalizan algunas actitudes, controles o relaciones de dependencia" que en el ámbito físico cuesta más que se produzcan, reflexiona. Más aún entre los jóvenes.

En la Comunidad de Madrid, el 90% de los menores atendidos en internamiento y en libertades vigiladas de larga duración no vuelve a delinquir, según los datos del gobierno regional.

El ARRMI, con un presupuesto de 40,8 millones de euros, se encarga de la ejecución de las medidas adoptadas por los órganos judiciales en aplicación de la legislación sobre responsabilidad penal de los menores. En estos momentos gestiona seis Centros de Ejecución de Medidas Judiciales en régimen cerrado (Altamira, El Laurel, El Lavadero, El Madroño, Renasco y Teresa de Calcuta), donde la mayoría de los ingresos (24,9%) corresponden a delitos de robos con violencia.  Pero cuenta también con recursos para las medidas de régimen abierto, entre ellos, diez centros de días de caracter mixto, siete en la capital y otros tres en Parla, Getafe y Alcalá de Henares, donde se ejecutan también las reparaciones extrajudiciales de los menores infractores. En 2022, solo la red de centros de día atendió a 3.252 menores. La puesta en marcha de este programa específico sobre ciberviolencia coincide con la creación de dos nuevos centros, uno en el norte de la región y otro en el oeste, y uno de ellos estará especialmente dedicado a este asunto.

Ascenso de la cibercriminalidad en España

Emilio Rico, security advisor de TRC y docente en el Instituto Nebrija, ofrece también conferencias sobre prevención y concienciación en materia de ciberviolencia. Este experto echa mano del "Informe sobre la cibercriminalidad en España" de la Secretaría de Estado de Seguridad para poner cifras a la preocupación por el crecimiento de la violencia ejercida a través de las redes sociales y el ámbito digital. Si en 2017 se produjeron 11.812 hechos delictivos incluidos en la categoría de "amenazas y coacciones", en 2021 la cifra ascendía ya a 17.319. Solo en Madrid, según este mismo informe, se denunciaron ese año hasta 53.939 casos relacionados con cibercriminalidad, pero el documento no especifica cuántos de ellos están relacionados con violencia vinculada a coacciones, abusos o amenazas.

Rico cree que es necesario que desde las administraciones se hagan más campañas de concienciación para todas las edades: "Estamos viendo las facilidades que proporciona la tecnología, el anonimato es brutal y algunos pueden creer que deja menos huella y lo ven como una ventaja". Además, incide en que "cuanta más edad se tiene más consciente se es de los actos propios, pero entre los menores a veces ni se les ocurre que se les ha ido de las manos". De ahí la necesidad de una mayor educación en este ámbito.

Pero Scansetti deja claro que el programa de la ARMII no es comparable a estas charlas de concienciación o difusión de buenas prácticas. "No se trata de eso. Una sesión divulgativa", como la que se puede hacer en colegios e institutos por parte de expertos o agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, "se lleva a cabo en unas horas. Un programa de intervención como el que se aplica en estos centros con menores infractores son muchas sesiones, con casos prácticos, intervención individualizada, actividades concretas, participación de las familias de los infractores o sus víctimas". En resumen, la idea es enseñar a estos menores que lo que han hecho tiene unas consecuencias y que son responsables de haber cometido delitos digitales, con el objetivo de que al salir del centro, incluso aquellos que han ingresado por otra infracción pero se ha visto que tienen carencias en sus competencias sociales que les pueden llevar a cometer ciberdelitos, no caigan de nuevo en ellos.

Según los datos que ofrece la Comunidad de Madrid, el porcentaje de éxito de toda la red ha sido muy alto hasta ahora. "El 90% de los menores atendidos en internamiento y en libertades vigiladas de larga duración no vuelve a delinquir", señalan desde la Consejería de Presidencia, Justicia y Administraciones Locales de la que depende la ARMII. Y añaden que "este porcentaje supera el 95% en los casos de maltrato familiar y agresiones sexuales".