SECTOR DEL TAXI
Se prorrogan las sanciones para las VTC en Madrid
Sin régimen sancionador, varios diputados de la Asamblea de Madrid auguran una "ley de la selva" entre el sector del taxi y las VTV
Vox vota en contra de que el proyecto de Ayuso se apruebe por lectura única, ampliando así la tramitación parlamentaria y entrada en vigor de la ley hasta finales de marzo.
"La ley de la selva". Con esa frase han definido esta mañana diversas fuentes lo que puede ocurrir a partir del 1 de enero en Madrid en el sector del taxi y las VTC. El Gobierno de la Comunidad de Madrid pretendía aprobar hoy la ley por la que se establece el régimen sancionador a los Vehículos de Transporte con Conductor, pero la guerra por el voto de la derecha iniciada entre PP y Vox ha impedido que ambas formaciones voten lo mismo, de forma que el proyecto no entrará en vigor con el inicio del nuevo año. Y sin régimen sancionador, los propietarios de las VTC pueden incumplir la normativa sin peligro alguno, explican fuentes parlamentarias.
Hoy la Asamblea de Madrid tenía que votar si la ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad se aprobaba por lectura única, y así entraba en vigor de forma inmediata, o no. Vox ha decidido votar en contra y, en consecuencia, el proyecto seguirá su tramitación en la cámara regional con el procedimiento habitual. La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha confirmado minutos antes de la votación que "habrá tiempo de negociarla y enmendarla" y que para poder incluir las observaciones necesarias "hay que sentarse muchas veces con el sector" y "ajustar" así la ley a las necesidades de los taxistas y también las VTC.
Esta ha sido la primera votación de Vox en contra de un proyecto del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y es una muestra de cómo puede evolucionar la relación entre ambos partidos una vez que han rechazado los presupuestos y que las formaciones están en modo electoral. En el PP dicen no entender nada de lo que hace la formación de Monasterio pero asumen que están ya en campaña y que esta situación se puede repetir en los próximos meses.
Liberalización del sector
Ayuso anunció ya en septiembre que los taxis podrían circular durante 24 horas todos los días de la semana y que, además, los usuarios podrían utilizar coches compartidos, de forma que tengan "la opción de reservar una única plaza en un vehículo que lleve a otras personas, reduciéndose de esta manera el precio para cada uno de ellos". "Con la libertad horaria, los taxistas podrán ingresar hasta un 60% más al mes por licencia y crear unos 3.000 nuevos empleos, auguró la presidenta.
En cuanto a los VTC, anunció que los conductores de estos vehículos tendrían que "superar un examen obligatorio que incluirá conocimientos del idioma español, la ciudad de Madrid y puntos clave de la Comunidad, así como del manejo de dispositivos de navegación". Además, se da al usuario la misma ventaja que hasta ahora solo tiene la empresa: si la empresa cancela un viaje reservado con anterioridad, "estará obligada a resarcir al cliente con la misma penalización que si fuera el usuario quien lo incumpliera".
Ayuso pretende con la regulación del sector en la Comunidad enmendar al Gobierno de la nación y la ley Ábalos, que en su opinión, creó un "limbo" que dejaba prácticamente sin espacio a las VTC. Ahora, una vez que la nueva ley se tramita como proyecto de ley y tiene que estudiar las enmiendas, la previsión es que se debata en el próximo periodo de sesiones que comienza en febrero y solo tendrán dos meses, hasta finales de marzo, para aprobarlo, ya que en la última semana de marzo se convoquen previsiblemente las elecciones autonómicas y se disuelva la Asamblea.
Las sanciones pendientes
Las sanciones previstas en la ley incluyen hasta 6.000 euros para las infracciones muy graves, como conducir sin haber aprobado el examen; multas graves que "oscilarán entre 301 y 800 euros" y las leves que se "penalizarán con una cantidad entre 100 y 300 euros". "Los conductores de VTC que capten activamente a clientes sin que el servicio haya sido contratado previamente serían penados con 601 euros", explican desde la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda.
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