NUEVO FRENTE CONTRA SÁNCHEZ

Ayuso batallará por la autonomía fiscal en pleno debate sobre financiación autonómica

  • El Consejero de Hacienda, Economía y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, ultima su Ley de Defensa Autonomía Financiera para blindarse ante el Ministerio de Hacienda

  • El proyecto se aprobará en Consejo de Gobierno de la Comunidad después de Navidad

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, durante una comparecencia

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, durante una comparecencia / Europa Press/Alejandro Martínez Vélez

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En pleno debate entre el Gobierno y las distintas comunidades autónomas por la actualización del modelo de financiación autonómica, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso quiere blindarse ante cualquier intromisión del Ejecutivo de Sánchez en materia fiscal y tributaria. Y para levantar una muralla que le garantice libertad de acción, su equipo económico retomará con el inicio de 2022 su batalla por la autonomía fiscal para confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez.

La Consejería de Hacienda, Economía y Empleo que dirige Javier Fernández-Lasquetty, una vez superada la negociación de los presupuestos de la Comunidad con Vox, está terminando de analizar las alegaciones recibidas durante el periodo de consulta pública abierto el pasado 15 de septiembre para el anteproyecto de Ley de Defensa de Autonomía Financiera y ultima su proyecto definitivo para aprobarlo en Consejo de Gobierno a la vuelta de los festivos navideños, “en febrero como muy tarde”, según reconocen fuentes de su entorno.

El objetivo del proyecto de Lasquetty es blindar a la Comunidad frente a cualquier iniciativa estatal que busque limitar la capacidad fiscal de las comunidades autónomas

Este enfrentamiento con el Gobierno central se suma a todos las ya emprendidos por el Gobierno de Díaz Ayuso, que ya advirtió al inicio de su segunda legislatura que no dejaría de dar una sola batalla ideológica. Con aquella promesa por bandera, la presidenta ha entrado no solo al trapo dialéctico contra diferentes iniciativas presentadas por el Ejecutivo de Sánchez sino también a la confrontación legislativa, con la propuesta de proyectos autonómicos en materia de educación, economía y fiscalidad que puedan frenar o limitar las decisiones de Sánchez y sus socios del Congreso.

Embestida contra barones socialistas

Pero también ha arremetido contra aquellos barones socialistas que desde la atalaya de sus gobiernos autonómicos han acusado al Gobierno de Madrid de hacer dumping fiscal por reducir al máximo los tramos autonómicos de los tributos e incluso suprimir los tres impuestos propios que quedaban en la Comunidad de Madrid, aunque su impacto sobre la recaudación fueran mínimos. Así, ha cruzado mensajes a través de los medios de comunicación con el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, o el lehendakari del País Vasco, Iñigo Urkullu.

Y en las últimas semanas también ha encontrado el momento incluso de arremeter contra los barones socialistas y el propio Gobierno de Sánchez a cuenta de la España vaciada, indicando que el problema de estas regiones se debe principalmente a una gestión inadecuada de su fiscalidad. A todas ellas les ha emplazado a imitar las permanentes bajadas de impuestos de la Comunidad de Madrid porque, en su opinión, es la mejor manera de que las empresas quieran implantarse en un territorio o en otro, y a dejar de cebar el debate sobre la capitalidad o la descentralización de instituciones que Sánchez sacó a relucir a principios del otoño.

Muralla frente a la capacidad fiscal

El objetivo de la Ley de Defensa de la Autonomía Financiera de la Comunidad de Madrid que se aprobará tras las Navidades es enfrentarla con cualquier iniciativa estatal que busque limitar la capacidad fiscal de las comunidades autónomas. Oponerse, en definitiva, a una posible armonización fiscal o limitación de actuación sobre los tributos cedidos por el Estado.

La vinculación entre la iniciativa autonómica de Ayuso y el modelo de financiación autonómica se concreta en el hecho de que este último prevé precisamente cómo debe ser el sistema de cesión de tributos y la capacidad normativa sobre los tributos cedidos. En el caso de que se modifique la situación actual, estos cambios podrían volcarse normativamente en la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA) y en la Ley de cesión de tributos.

Acción limitada

La iniciativa planteada por Lasquetty tiene sus limitaciones, puesto que una norma autonómica siempre quedará supeditada a lo que diga una de rango superior, como la LOFCA, en su caso. En el Ejecutivo de Ayuso defienden su proyecto amparándose en los artículos 156 y 157 de la Constitución, según los cuales los gobiernos autonómicos tienen autonomía para el desarrollo de sus competencias en esta materia y se establecen los recursos con los que pueden financiarse (como los “impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado, además de sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales y transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial”).

El equipo de Ayuso es consciente de las limitaciones de su Ley de autonomía financiera, que siempre estará supeditada a leyes estatales, pero el proyecto les permite protagonizar el debate en la esfera pública e institucional

Son plenamente conscientes de que su ley no podría nunca tener prevalencia sobre cualquier modificación de una Ley Orgánica, pero el simple hecho de presentar el proyecto y su posterior discusión en la Asamblea es una manera de protagonizar el debate en la esfera pública e institucional. Es también una vía para obligar a los partidos de carácter nacional representados en la cámara regional a posicionarse en un asunto que trasciende las puertas de la Asamblea y que afecta a todas las comunidades autónomas. Es decir, que les sirve “para hacer ruido”, mantener un altavoz permanente durante los próximos meses sobre este asunto y “recordar que no todas las comunidades están de acuerdo” en la armonización o limitación de la capacidad fiscal de las regiones, reconocen fuentes de la Consejería. Además, les permite, una vez más, posicionarse con un discurso de defensa de los madrileños.

Lasquetty reconoce que el documento de 240 páginas que el pasado viernes el Gobierno envió a todas las comunidades autónomas es solo un punto de partida, un borrador “preliminar”, que plantea ideas sobre un solo asunto de la financiación autonómica y no sobre el todo: “Es un documento unilateral, indefinido e incompleto”.

La propuesta inicial de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, “se centra en el análisis de variables de ajustes de población”, explica Lasquetty, pero ha dejado fuera otros aspectos que deben ir incluidos en el modelo de financiación “como los tributos y los fondos de competitividad”. El primer punto es importante y es donde se ha centrado el debate público en las últimas semanas, pero “los dos últimos aspectos son fundamentales para todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular y especialmente para Madrid”, advierte el consejero. “Para la Comunidad es fundamental es el respeto a la autonomía fiscal y capacidad de definir sus políticas”, concluye.

Aquelarre popular

El pasado viernes 3 de diciembre, antes de que el Gobierno de Sánchez difundiera a las comunidades su propuesta de financiación, los consejeros de Hacienda de las distintas regiones populares se reunieron en Ceuta para valorar la situación y encontrar una postura común a pesar de sus diferencias demográficas y económicas.

Galicia, Andalucía, Castilla y León, Madrid y Ceuta se reunieron allí y coincidieron en que el modelo actual es insuficiente para “afrontar los costes reales de unos servicios públicos fundamentales”, así como que el futuro sistema “deberá respetar la autonomía fiscal y financiera de las comunidades autónomas, y su capacidad normativa, como mínimo en sus niveles actuales, de manera que las comunidades puedan seguir haciendo una política para bajar el esfuerzo fiscal en beneficio de los ciudadanos”. Una declaración que pone en evidencia la oportunidad que la ley que presentará Lasquetty en las próximas semanas concederá a Ayuso para volver a estar en primera línea de la batalla nacional contra Sánchez.

Poca confianza en el acuerdo

Sobre la posibilidad de acuerdo antes de que finalice esta legislatura, a la que aún le quedan dos años de vida si no hay adelanto electoral, el consejero madrileño cree que queda aún “muchísimo” por hablar y lo ve complicado no solo por las diferencias entre las comunidades gobernadas por el PP y el PSOE, sino por las "diversas opiniones en la propia coalición de Gobierno y en la coalición de los grupos que dan soporte" a Sánchez, "entre los cuales hay aún más diferencias, a las que se suman incluso las diferencias entre los propios independentistas", asegura Lasquetty.

"Si hubiera voluntad franca y sincera de avanzar se podría y la Comunidad de Madrid está dispuesta a participara en las reuniones que haya sobre esta cuestión", apunta el consejero. Pero también matiza que de momento no han recibido ninguna convocatoria para reunirse, aunque “el Ministerio de Hacienda espera una valoración de este primer documento de partida entre diciembre y enero”.

Frentes ideológicos

Junto a la batalla económica, vital según fuentes de la consejería para no desincentivar a los inversores extranjeros que miran a Madrid, Ayuso tiene dos frentes ideológicos abiertos en la Asamblea de Madrid. Por un lado, el 16 de diciembre se votará en la cámara regional si se admite la tramitación de la Ley de Igualdad presentada por Vox, que consiste principalmente en pedir la derogación de las leyes de igualdad ya vigentes en la Comunidad.

Este asunto, en contra de lo que solicitaba Vox, ha quedado fuera de las negociaciones sobre los presupuestos autonómicos, pero el partido de Rocío Monasterio no quiere perder un minuto en este tema y quiere forzar al Partido Popular a pronunciarse en la Asamblea justo una semana antes de que se voten los presupuestos autonómicos. La admisión a trámite de esta Ley de la ultraderecha depende de lo que decida el partido de Ayuso el jueves 16.

La presidenta ha asegurado en sede parlamentaria más de una vez que no habrá derogación de ninguna de estas las dos leyes vigentes (la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, y la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia), pero sí ha revelado en varias ocasiones que está dispuesta a "mejorar su redacción", y la negociación entre ambos partidos se centra en aquellos artículos que regulan la inversión de la carga de la prueba.

Los tres grupos de izquierda en la Asamblea articularán una defensa común sobre este asunto tras una reunión celebrada este mismo martes a petición del grupo socialista y desde Más Madrid se han apresurado a instar al Gobierno central a aprobar "cuanto antes las leyes LGTBI y Trans para blindar los derechos del colectivo en la Comunidad de Madrid".

Por otro lado, la Ley de maestra de Libertad Educativa ha iniciado ya su tramitación en comisión en la Asamblea. Este es otro proyecto que en la Puerta del Sol querrían tener aprobado a finales de este año con el fin de frenar el impacto de la Ley Celáa en los centros educativos de la Comunidad. El grupo socialista denunciaba precisamente tras la celebración de la primera ponencia de la comisión que PP y Vox no han dejado al resto de los grupos parlamentarios "ni siquiera la posibilidad de exponer" sus enmiendas y que ya han empezado a trabajar en sus propias transaccionales.

Esta ley pretende "garantizar", según los populares, la libertad de elección del centro educativo y "proteger" el modelo de enseñanza concertada y especial, así como los concursos para el uso de suelo público para construir colegios concertados.

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