Ayuso cede ante Vox con la ley de igualdad para sacar adelante los presupuestos: “No hay de dónde recortar”

Isabel Díaz Ayuso no quiere una prórroga de sus presupuestos. Lleva dos años gobernando, sola o en coalición, y no ha conseguido aún sacar adelante sus propias cuentas: sigue arrastrando las que aprobó su antecesor Ángel Garrido. Pero para lograrlo necesita no enfadar a Vox. Y como dice no poder darle el gusto recortando ayudas, como lleva meses pidiendo, va a intentar apaciguar los ánimos con aspectos más ideológicos como la modificación de la ley de igualdad de la Comunidad.

Al PP le bastaría con que el partido de Rocío Monasterio se abstuviera, pero si votaran que no, alineándose con los grupos de izquierdas, el proyecto decaería y Ayuso tendría que seguir gobernando con unos presupuestos aprobados antes de la pandemia. Existen recursos para poder actualizar de facto las inversiones mediante decretos que justifiquen la urgencia o necesidad del gasto o las inversiones, pero en el equipo de la presidenta reconocen que quieren sus propios presupuestos.

Cierre de 'chiringuitos'

La portavoz autonómica de Vox, en cambio, advierte en privado y en público que no tiene ningún interés en dejar vía libre al PP si no consigue nada a cambio, aunque es cierto que es una técnica ya habitual en el partido de Abascal: amagar para finalmente apoyar. Monasterio lleva desde que se reinició la legislatura el pasado verano exponiendo lo que quiere: entre otros, reducir las subvenciones a lo que ella considera “chiringuitos”, extender la gratuidad de la educación no obligatoria a los centros privados mediante cheques, mayor reducción de los gastos de representación de las consejerías y, fuera del ámbito económico, la derogación de dos leyes autonómicas de igualdad: la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, y de la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia.

En el PP se resisten a que nadie les condicione la parte económica. En el entorno de Ayuso aseguran que le han enseñado varias veces las cuantías de las subvenciones que tanto critica y ya le han advertido: “No hay de dónde recortar”. Las subvenciones a sindicatos, insisten las mismas fuentes, suman un total de 50.000 euros al año. Las ayudas a organizaciones empresariales no parecen querer tocarlas y si a estas se suman las que reciben otras organizaciones de carácter social, el montante final es según ellos de un millón de euros. Y por un millón de euros en ayudas, argumentan, no se pueden condicionar los presupuestos de la Comunidad en tiempos de postpandemia. Respecto a la gratuidad de la educación, la propia Ayuso ha dado la respuesta en público: no.

Cesión ideológica

Hasta que finalmente se presente el proyecto, Hacienda seguirá intentando encontrar huecos por los que suavizar la postura de Vox, pero lo cierto es que desde el Gobierno confirman que lo que sí harán es modificar las leyes de igualdad de la región. La propia Ayuso votó en 2016 como diputada rasa a favor de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación que promovió el PP, pero ahora está dispuesta a dejarse llevar por Vox y modificar el artículo correspondiente a la inversión de la carga de la prueba, que establece que es “aquél a quien se atribuye la conducta discriminatoria” quien debe aportar pruebas. Esta es una modificación “razonable” para Ayuso y su equipo, a pesar de que va en contra de lo que apoyaron en su día.

Más allá de Madrid

En Vox, por su parte, reconocen que miran de reojo a Andalucía y a Pablo Casado cuando negocian los presupuestos con el equipo de Ayuso. Su intención, aseguran, es poner a prueba al PP. No les gusta que en Andalucía el presidente autonómico les ningunee y se siente a negociar sus presupuestos con el PSOE regional. Y tampoco que a nivel nacional Casado tontee con los votantes de centro, los que se pasaron a Ciudadanos y los que están, como dice el propio Casado, descontentos con el Gobierno de Sánchez. Argumenta Vox que el PP se equivoca si cree que tiene su apoyo garantizado tanto en los parlamentos autonómicos como en un futuro gobierno nacional solo porque los de Abascal detestan a la izquierda.

Más allá de conseguir objetivos a nivel regional, Monasterio y su equipo quieren que el PP se retrate y hagan en Madrid lo que prometen a nivel nacional pensando ya en las próximas elecciones. Si Casado asegura que va a derogar las leyes más ideológicas de Sánchez y promete hacer políticas que ayuden a las familias, tiene la oportunidad de demostrar su compromiso con las comunidades donde su partido gobierna.