TRIBUNALES
La Audiencia cita como investigado al abogado Ernesto Díaz Bastién por el 'proyecto Iban' de Villarejo
En esta pieza 32 del 'caso Villarejo' se habría urdido un plan para lograr la extradición de un empresario desde Costa Rica
José Manuel Villarejo. / EP
La Audiencia Nacional ha acordado que la citación del abogado Ernesto Díaz Bastién sea finalmente en calidad de investigado en el marco de la causa en la que se indaga en el supuesto plan que habría urdido el comisario jubilado José Manuel Villarejo para lograr la extradición de un empresario que residía en Costa Rica, el 'proyecto Iban'.
Así consta en un auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que también se acuerdan las declaraciones como investigados de otras tres personas --dos de ellos fueron quienes habrían realizado el presunto encargo al comisario-- y de un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía.
El tribunal da así la razón al empresario Pedro José Urrutia, quien fue extraditado a España y que consta en esta pieza separada número 32 del 'caso Villarejo' como perjudicado. Urrutia solicitó el pasado mes de enero que no declararan como testigos ya que la denuncia del Ministerio Fiscal de julio de 2022 dejó claro que existía "concierto criminal".
El auto de la Sala recuerda que este encargo de Villarejo, 'proyecto Iban', tuvo como clientes a los representantes legales de Asedir Gestión SL, Miguel Ángel Rioja y Enrique Rioja Iribarren. Ambos habrían contratado al Grupo Cenyt --detrás del que estaba Villarejo--.
Según el relato de la Fiscalía que recoge el auto de la Sala, Asedir Gestión SL creía haber sido víctitma de una importante defraudación que cuantificaron en torno a los 20 millones de euros "perpetrada por una trama delictiva liderada por Pedro Urrutia, su compañera sentimental A.G.B. y otros, y que habría contado con la colaboración de quien ostentaba el cargo de director financiero del Grupo Indaux, Ramón José Azcue Eizaguirre.
La Sala recuerda que la contratación de los servicios del Grupo Cenyt, y que incluyó la participación de Rafael Redondo --socio de Villarejo-- y del policía Antonio Giménez Raso, habría tenido lugar a principios de julio de 2007, y en ella intervino también el despacho de abogados Díaz Bastién & Truan.
La operación grieta
La contratación de Cenyt cristalizó en un informe preliminar de junio de 2007 por el que Villarejo solicitó 500.000 euros en concepto de provisión de fondos. Un mes después se presentó denuncia en comisaria que dio lugar a una investigación policial --operación Grieta-- en la que la UDEF actuó como policía investigadora y que luego se judicializó en el Juzgado de Instrucción número 2 de Azpeitia (Guipúzcoa).
El tribunal recuerda que durante esa instrucción "tuvo lugar en el año 2008 la explotación de la operación con las detenciones de los principales implicados en España y Costa Rica, entre ellos Pedro Urrutia.
Y añade que, según la Fiscalía, el Grupo Cenyt habría accedió a bases restringidas de la policía, y que ello era conocido tanto por los clientes como por el despacho de abogados intermediario. Con todo, Anticorrupción no secundó la petición de Urrutia de citar a Díaz Bastién como imputado porque consideraba que los hechos estaban prescritos para él y las otras cuatro personas.
Pero la Sala de lo Penal indica que "mientras no se declare por el órgano judicial correspondiente la extinción de la responsabilidad criminal por prescripción de esos hechos, la citación de las personas que hubieran intervenido en ellos debe necesariamente ser realizada como investigados, posibilitando así el ejercicio de su derecho de defensa".
Apunta que no cabe pronunciarse sobre la prescripción ahora porque corresponde en primer lugar al instructor, Manuel García Castellón, quien debe además escuchar a las partes y recabar cuantos recursos se presenten al respecto.
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