La Fiscalía Antidroga lamenta el desinterés político en perseguir a los "petaqueros" del Estrecho

La Fiscalía lamenta el nulo interés que ha suscitado la propuesta que presentó el Ministerio Público en la última Memoria publicada que busca reforzar las penas contra los denominados "petaqueros", que son las personas que se dedican a transportar y almacenar grandes cantidades de gasolina que posteriormente se destina al suministro de las embarcaciones de alta velocidad utilizadas para el transporte de hachís desde el norte de África. Ni el Ministerio de Justicia ni ninguno de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados "han hecho algo al respecto, ni tan siquiera han preguntado", señalan las fuentes fiscales consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Desde Antidroga se reclama una modificación legislativa que busca la "tipificación del transporte y almacenamiento de combustibles líquidos predeterminado al narcotráfico".

Tanto la Policía Judicial como el Ministerio Fiscal advierten de que cuando se transporta gasolina con destino a las narcolanchas es evidente que estas personas "favorecen" y "colaboran" con los clanes de la droga. Pero en muchos casos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen serios problemas para probar que este combustible se destina finalmente a las embarcaciones de la droga, por lo que en determinados casos sólo se pueden interponer sanciones administrativas.

"Dicha actividad presenta severas dificultades en su persecución tanto por la complejidad de acreditar en el proceso penal la vinculación de esos transportes o almacenamientos con el narcotráfico, como por los problemas que se generan a la hora de incardinar tales conductas en algún otro tipo delictivo existente en nuestro ordenamiento jurídico-penal vigente", dice de forma literal el documento de la Fiscalía General del Estado.

'Petroleum Act'

Y este es el motivo por el que la Ministerio Público ha solicitado que este tráfico de combustible se tipifique a semejanza de lo que han hecho las autoridades de Gibraltar, que modificaron en 2021 la Ley del Petróleo (Petroleum Act) para endurecer las consecuencias de este tráfico de combustible, que se denomina 'petaqueo'.

Por eso, la Fiscalía General del Estado incluyó en el Capítulo VI de la Memoria, entre las reformas legislativas consideradas "imprescindibles", la tipificación del transporte y almacenamiento de combustibles líquidos predeterminado al narcotráfico, "conducta que tiene lugar dentro de ese fenómeno criminal", en el que los "petaqueros' "tienen una indudable importancia logística en las actividades de tráfico de drogas".

La actividad en Cádiz preocupa especialmente al Ministerio Público, ya que según los últimos datos estadísticos publicados -relativos a 2022- esta provincia sigue siendo la que encabeza el 'ránking' por cantidad de droga incautada, concretamente el 50% del hachís y un 78% de cocaína del total intervenido en Andalucía.

Menos incautaciones sin OCON Sur

La actividad del narco destaca en Cádiz -le sigue Huelva en número de aprehensiones de hachís-, pese la notable reducción de las cantidades intervenidas de esta droga con respecto a 2021. La estadística refleja un descenso del 12,14 por ciento que la delegada Antidroga en la zona de Algeciras y Barbate atribuye a una menor presión policial, pero también a la desaparición del grupo operativo OCON Sur, que se produjo "sorpresivamente y sin comunicación previa" ni al Ministerio Público ni a los juzgados de la zona.

Esta circunstancia ha sido reseñada por el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien el pasado martes admitió en una entrevista a Onda Cero que el Ministerio del Interior no les comunicó el fin de la actividad de esta unidad de élite. Desde el departamento que lidera Fernando Grande-Marlaska se asegura, sin embargo, que los 150 agentes de refuerzo que la integraban pasaron hace unos meses a formar parte de las plantillas de las comandancias de la zona.

Otro problema que afecta a la guerra judicial contra el narco es el estancamiento de algunas causas relevantes de blanqueo en el Puerto de Santamaría, en Barbate o en Chiclana, como resultado de la sobrecarga de los juzgados y de los cambios de funcionarios y jueces titulares, lo que implica que cada nuevo instructor deba conocer y estudiar causas complejas que llevan años de investigación.

Una reforma legal

Pese a la complejidad de las investigaciones, y por razones de competencia, estos asuntos no llegan a la Audiencia Nacional -la última Memoria no destaca entre la más relevantes ninguna operación en la zona- lo que ha llevado a la fiscal jefa a reclamar una reforma legal para dar respuesta a la actual situación.

Otra de las quejas de la Fiscalía pasa por las dificultades de la represión del delito de contrabando de las embarcaciones de alta velocidad (narcolanchas) cuyo uso no se permite en la zona desde octubre de 2018. Para Antidroga se requiere un "urgente trabajo conjunto con Portugal" ya que las embarcaciones se desplazan al país vecino desde Huelva aprovechando la frontera, puesto que allí no están prohibidas. En Málaga, al tráfico de sustancias estupefacienes de suma la instalación de organizaciones extranjeras de todo tipo dedicadas tanto al narcotráfico como, en muchos casos, al blanqueo del producto de lo obtenido en estas actividades.