David Oliva, el exjefe 'antidroga' del Estrecho que será juzgado por ofrecer un ascenso a cambio de datos confidenciales

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Parla (Madrid) ha propuesto procesar por los delitos de revelación de secretos y cohecho al teniente coronel de la Guardia Civil David Oliva, según ha adelantado la Agencia Colpisa y ha confirmado este periódico de fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Este alto mando del Instituto armado había desempeñado el cargo de jefe del Organismo de Coordinación del Narcotráfico Sur (OCON-Sur), la unidad 'antidroga' que fue desmantelada en 2022 por el Ministerio del Interior, una decisión que ha sido criticada tras la reciente muerte de dos agentes en Barbate (Cádiz).

La creación de este grupo de élite en 2018 fue una decisión que promovió la cúpula nombrada por el ministro Fernando Grande-Marlaska. Este magistrado de profesión pretendía relanzar la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar, y para ello llegó a asignar a la OCON-Sur hasta 135 guardias, que pasaron a integrar esta unidad de élite, cuyos miembros gozaban de gran prestigio en el seno del cuerpo.

La Guardia Civil convocó “un casting”, pues así lo llegaron a llamar, que atrajo a decenas de postulantes. Los agentes querían formar parte de esta unidad, pese a que su incorporación no implicaba un aumento relevante del sueldo, pues la mejora era de solo 80 euros, que se destinaban únicamente al alojamiento y la alimentación de los guardias procedentes de otras demarcaciones.

Infiltrados

La creación de la OCON-Sur fue una idea del entonces jefe de la Guardia Civil en Andalucía, el general de Brigada Manuel Contreras. El grupo, que se caracterizó por las interminables jornadas laborales de sus integrantes y por la peligrosidad de sus misiones, incorporó expertos del Servicio de Información de la Guardia Civil, tanto analistas como operativos capaces de, entre otras misiones, colocar balizas en coches de los narcos y seguir, evaluar, infiltrarse entre clanes. También fueron reclutados guardias especializados en unidades de Policía Judicial y EDOA (Equipos de Delincuencia Organizada y Antidroga), y se contó con la ayuda externa de boinas verdes del Grupo de Acción Rápida GAR, uno de los cuales ha sido asesinado en el atropello de Barbate.

Sin embargo, la implicación del jefe de la unidad en un sumario sobre narcotráfico, que instruyó en un primer momento el magistrado de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal, provocó una herida de muerte al grupo antidroga, que acabó disolviéndose, ante las críticas de los sindicatos policiales.

Fuentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado explican a esta redacción que casi dos años después de la desaparición del grupo, el principal reto en la lucha contra los clanes de la droga se debe a la falta de medios, pero también al mejor dominio del río del Guadalquivir de las organizaciones criminales. Es por este motivo por el que la Fiscalía Antidroga ha propuesto una modificación legislativa que busca perseguir a los denominados "petaqueros", que son aquellas personas que se dedican a transportar y almacenar grandes cantidades de gasolina que posteriormente se destina al suministro de combustibles de las embarcaciones de alta velocidad utilizadas para el transporte de hachís desde el norte de África.

Ofreció un empleo

Con el paso del tiempo, las pesquisas desarrolladas por el juez de Parla han acabado por confirmar los indicios que detectó el juez Abascal, quien decidió imputar al alto mando de la Guardia Civil. Tal y cómo adelantó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el delito de cohecho se le atribuyó a Oliva porque llegó a ofrecer a un teniente de la Guardia Civil un empleo en el Organismo de Coordinación del Narcotráfico Sur (OCON-SUR), que él mismo dirigía. A cambio, pretendía tener acceso a una investigación confidencial de Asuntos Internos, para saber si estaba siendo investigado por colaborar con un clan del narcotráfico.

La inclusión del cohecho entre los delitos que se imputan a Oliva obliga al juez a incoar un procedimiento para que los procesados sean juzgados por un jurado popular, tal y como establece el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Por eso, el instructor o en este caso su sustituta, Nerea Guerrero Moreno-Manzanaro, tendrá que citar a los investigados para que comparezcan en el Juzgado de Instrucción número 5 de Parla, en dónde se le informará de su decisión.

La decisión el juez es suceptible de ser recurrida, por lo que la Audiencia Provincial de Madrid deberá tomar una nueva decisión sobre el procesamiento de David Oliva, cuya imputación dejó herido de muerte al Organismo de Coordinación del Narcotráfico Sur (OCON-Sur).