Tribunales
El juez de Kitchen abre juicio oral contra Fernández Díaz y el resto de la excúpula de Interior del PP
La Fiscalía Anticorrupción había advertido al instructor de que si no sentaba en el banquillo a los imputados, estos podrían alegar "dilaciones indebidas" y conseguir una rebaja en la pena si fueran condenados
El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz / Juan Manuel Prats
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la apertura de juicio oral contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el resto de la excúpula del Ministerio del PP por la denominada “Operación Kitchen”, el operativo parapolicial puesto en marcha con el objetivo de sustraer al tesorero de la formación conservadora Luis Bárcenas material relacionado con la investigación judicial del caso Gürtel.
El auto de apertura de juicio oral, firmado el 13 de octubre, incluye todos los delitos planteados por las acusaciones. En concreto los de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el PSOE, Podemos y familia Bárcenas, que incluyen diversos delitos como descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, encubrimiento y contra la intimidad y obstrucción a la justicia. En el caso del PSOE, Podemos y de la familia Bárcenas, además, añaden los de organización criminal o asociación ilícita, entre otros.
Escritos de acusación
Para el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, los diferentes relatos de los escritos de acusación, con sus correspondientes calificaciones penales, resultan, en principio, adecuados, todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la fase de juicio oral.
El exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez (2i) se dirige a la Audiencia Nacional para declarar sobre la 'Operación Kitchen', a 12 de julio de 2021, en Madrid. / Eduardo Parra / Europa Press
En relación con la responsabilidad civil del PP solicitada por el PSOE, recuerda que hasta este momento, en esta pieza del caso Tándem, no se ha dirigido pretensión alguna en este sentido contra el PP y que, por tanto, siguiendo doctrina del Tribunal Supremo, resulta extemporánea, teniendo en cuenta, además, que se realiza sin concretar la cuantía ni los hechos y acciones concretas de los que emana dicha responsabilidad, “apreciándose una falta de relación entre los hechos que sustentan la pretensión y la persona frente a la que se ejercita la acción civil”.
Además de al exministro, el juez envía a juicio a quien fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al exdirector adjunto Operativo Eugenio Pino, a los responsables policiales José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, José Angel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, Enrique García Castaño, Bonifacio Díez Sevillano, Andrés Manuel Gómez Gordo, al comisario jubilado y principal investigado en la macrocausa Tándem José Manuel Villarejo, así como al exchófer de Bárcenas Sergio Ríos Esgueva. En este último caso las acusaciones también reclaman que su nombramiento como funcionario de Policía sea anulado.
Olivera y Fuentes Gago
Respecto de Olivera, Fuentes Gago y Díez Sevillano, para los que el fiscal había solicitado el sobreseimiento provisional, el instructor rechaza esta solicitud y pide al Ministerio Público que en el plazo de tres días formule escrito de acusación o que renuncie al mismo.
El magistrado desestima también una diligencia complementaria solicitada por el PSOE al considerar que la instrucción está finalizada.
José Manuel Villarejo. / FERRAN NADEU
La resolución acuerda imponer unas fianzas por responsabilidad civil de 120.000 euros para Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino, así como de 100.000 euros para Villarejo y Sergio Ríos, de 20.000 euros para Andrés Manuel Gómez Gordo y 3.000 euros para el resto, excepto García Castaño, a quien se le fija en 2.000 euros.
En la resolución, el magistrado rechaza por extemporánea la petición de la acusación ejercida por el PSOE de declarar la responsabilidad civil a título lucrativo del PP y la establece, de forma subsidiaria, para la Administración General del Estado en el caso de que los investigados resultaran condenados.
La decisión del magistrado se produce días después de que la Fiscalía Anticorrupción le advirtiera de que si no dictaba la apertura de juicio oral, los imputados podrían beneficiarse de "dilaciones indebidas", por lo que una ulterior condena debería ser revisada a la baja. Así consta en un escrito de 28 de septiembre adelantado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.
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