El 47% de las escuelas en Colombia tienen casos de abuso sexual

La Procuraduría General de la Nación de Colombia ha publicado en un informe llamado "Vigilancia al abordaje del acoso escolar y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en entornos educativos" unos resultados muy preocupantes. "Se encontró que el 47 % de las instituciones reportaron que algún docente, directivo o miembro de la comunidad educativa, ha estado involucrado en casos de violencia sexual y, en menor medida, en casos de acoso escolar", se advierte en este documento.

En la mayoría de estos casos, los docentes chantajeaban a sus alumnos asegurando que les subirían las notas para que accedieran a sus intenciones sexuales con ellos y, especialmente, con ellas. Las indagaciones de la Procuraduría han referido que en el 74% de las ocasiones las víctimas han sido mujeres: niñas y adolescentes de edades comprendidas entre los 10 y los 17 años. Además, los estudiantes recibían amenazas por parte de estos agresores para que no los denunciaran.

"En algunas instituciones se evidenció confusión al tratar de discernir qué conductas constituyen acoso o abuso sexual, observándose fenómenos de normalización, minimización o justificación [...], atribución de la culpa al comportamiento inadecuado del o la estudiante o cuestionamiento de las acusaciones", reflejaba la Procuraduría como parte de su investigación.

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De todos estos casos, un 72% de los centros educativos habían manifestado la dificultad de coordinarse con las Secretarias de Educación en varias escalas: municipales, distritales y departamentales. Esta cooperación resulta fundamental para "reubicar al presunto agresor en cualquier otro cargo en el que no pueda estar en contacto con el o la estudiante víctima y con cualquier otro menor de edad que también pueda estar en riesgo" en el lapso de tiempo hasta que se comiencen las indagaciones pertinentes a nivel penal y administrativo.

Ante tantos casos de acoso y abuso sexual por múltiples colegios e institutos de Colombia, el Ministerio Público ha tomado medidas: se han articulado 18 decisiones disciplinarias contra personas empleadas en centros educativos de todo el país que han cometido este tipo de actos contra niños, niñas y adolescentes. La Procuraduría General de la Nación, que forma parte de este Ministerio, se encarga de indagar aquellos casos o asuntos en los que sean los servicios públicos o personas que ostentan cargos con funciones públicas quienes podrían estar cometiendo un delito o una falta disciplinaria, como gobernantes y funcionarios.

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En su investigación se demostró que el 17% de los colegios examinados no tenían actualizado su Manual de Convivencia con respecto a la prevención de violencias de todo tipo. No obstante, el 98% decían haber difundido entre sus docentes sus diferentes protocolos internos o nacionales con respecto a situaciónes de acoso escolar (bullying), agresiones verbales y físicas, etc. Sin embargo, el 40% de los profesores no se habían creado un usuario y contraseña para la plataforma digital de carácter nacional instaurada para reportar este tipo de sucesos, el SIUCE (Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar). El acceso y notificación a esta herramienta sirve para "el análisis y seguimiento de casos de acoso, violencia escolar, consumo de sustancias psicoactivas, embarazo adolescente y de vulneración de derechos sexuales y reproductivos", según afirma en este informe la Procuraduría. Asimismo, se advierte sobre la proliferación de casos de "agresión con arma blanca, bullying o ciberacoso, entre otros" en los centros educativos.

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Además, el 100% de los centros educativos aseguraba haber implementado programas de educación sexual en diferentes proyectos pedagógicos, aunque "muchos de ellos mostraban una visión tradicional de la sexualidad, únicamente vinculada con aspectos biológicos y riesgos de salud asociados al ejercicio de la sexualidad". No cabe duda de que algo falla en este conjunto de protocolos si en el plano real se siguen produciendo tal cantidad de abusos sexuales.

También en todo este entramado entra en juego el infradiagnóstico, puesto que se estima que solo quedan registrados a nivel administrativo 1 de cada 30 casos de abuso sexual y 1 de cada 75 de maltrato físico. Y aún así, resulta más difícil aún tomar represalias: "En el contexto de la violencia sexual en entornos educativos, se conoce que aproximadamente el 7% de los casos reportados culminan con sanción, el 14% son archivados y que el 78% permanecen en investigación", han relatado en el informe.

Desde la Procuraduría recomienda encarecidamente la activación de protocolos eficaces de prevención y de reporte, así como de programas de educación sexual para estudiantes y docentes, tanto para la identificación de conductas de abuso como para la evitación de las mismas.