Sumar pregunta al Gobierno si instará a la Fiscalía a investigar a las empresas que construyen el tranvía de Jerusalén

Sumar lleva al Congreso la polémica participación de varias empresas españolas (CAF, GMV, TYPSA y COMSA) en los proyectos de construcción del tranvía que se están llevando a cabo en la ciudad de Jerusalén, y que incluyen paradas en los territorios palestinos ocupados por Israel.

En una serie de preguntas presentadas a la mesa del Congreso, el diputado de la formación Enrique Santiago inquiere al Gobierno en funciones sobre si se ha informado a los empresarios sobre las posibles consecuencias de su en el controvertido proyecto o, incluso, si se ha informado a la Fiscalía. 

"¿Ha informado el Gobierno a los ejecutivos y miembros de los consejos de administración de las empresas españolas que participan en proyectos en los territorios ocupados de las consecuencias legales de carácter penal que puede tener su actuación conforme a lo establecido en los artículos 608 y siguientes del Código Penal?", se lee en el documento, con membrete del Grupo Parlamentario Sumar y firmado por Santiago. "¿Ha informado el Gobierno a la Fiscalía española para que examine las responsabilidades de dichos ejecutivos y miembros de los consejos de administración de las empresas participantes en proyectos en los territorios ocupados?",

La semana pasada se supo que la catalana COMSA ha obtenido, junto con su socio israelí J-Train, la adjudicación de un proyecto de 2.200 millones de euros para levantar y mantener la nueva línea azul de tranvía en Jerusalén durante los próximos 35 años. Son 31 kilómetros que parten de Gilo, un asentamiento ilegal israelí donde viven unas 30.000 personas y que está dentro de la parte palestina de las llamadas fronteras de 1967, las reconocidas por España y el resto de la comunidad internacional. La empresa vasca CAF, por su parte, lleva desde 2019 levantando, junto a su socio sraelí Shapir, la línea verde y la roja. En los trabajos del consorcio participan también otras dos empresas españolas, GMV y TYPSA, para la geolocalización de lso vagones y para el trazado de de las líneas.

La presencia de empresas españolas en el proyecto es fuertemente criticada por organizaciones como Amnistía Internacional o el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, que consideran que consolidan la ocupación israelí del territorio palestino. En 2017, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU declaró ilegal el proyecto de tranvía, dado que viola varias de sus resoluciones, según Amnistía Internacional.

En el preámbulo a las preguntas escritas desde el Grupo Parlamentario Sumar se asegura que el tranvía en la Jerusalén ocupada es un proyecto que "vulnera la legalidad internacional", en particular el Derecho Internacional Humanitario, "ya que se expropian terrenos palestinos bajo ocupación israelí para construir el tren ligero enlazando diferentes asentamientos ilegales -colonias- de la potencia ocupante, y facilitando la colonización y traslado de la población de la potencia ocupante a territorio ocupado". En este sentido, se pregunta cuál es la posición del Ejecutivo sobre el proyecto de construcción del tranvía en los territorios ocupados: "¿Considera el Gobierno [...] que es un proyecto que vulnera la legalidad internacional?".

Carta del Gobierno palestino a Industria

El Gobierno palestino ha enviado una carta al ministro de Industria, Comercio y Turismo español, Héctor Gómez, en la que le "urge con fuerza" a que tome "acciones inmediatas y medidas para exigir a CAF y a GMV la suspensión y retirada de los proyectos ilegales", según adelantó este diario.

Industria asegura que se está tramitando una respuesta a la misiva y recuerda que, a través del Punto Nacional de Contacto, ha hecho a las empresas una serie de recomendaciones para reforzar "los elementos relacionados con los derechos humanos, la difusión de información y la debida diligencia en su cadena de valor". En cualquier caso, afirman desde el Ministerio, "la ejecución de proyectos en terceros países es responsabilidad únicamente de las empresas, no pudiendo el Ministerio interferir en las decisiones".

Naciones Unidas tiene una "lista negra" de 97 compañías, tanto israelíes como extranjeras, que contribuyen a la ocupación ilegal del territorio palestino. En ella se incluye a la firma de turismo online eDreams. Sumar pregunta al Ejecutivo si va a tomar, más en general, medidas contra empresas españolas como eDreams, OSSA o las ya mencionadas CAF y COMSA.