Los socios de Gobierno acercan posiciones para presentar la ley contra la trata "en semanas"

No es una ley fácil, Justicia e Igualdad lo saben, pero las negociaciones para consensuar el proyecto de ley integral contra la trata prosperan entre los socios de la coalición, que prevén tener listo el texto en las próximas semanas. Se acerca el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y qué mejor fecha para cerrar el acuerdo.

"Las negociaciones van bien", explican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes del Ministerio de Justicia, mientras que desde Igualdad afirman que siguen "trabajando" para que la norma "cuente en su totalidad con perspectiva de género" y garantice a las víctimas de trata todos sus derechos sin obligarlas a denunciar.

Después de meses de idas, venidas y algún desencuentro por la negociación de la ley, la ministra de Igualdad adelantaba esta semana en el Congreso de los Diputados la buena nueva de que se están ultimando los detalles y que se acerca el momento de presentar el proyecto. "Va a ser pronto, estamos trabajando para que pueda ser en las próximas semanas", dijo esta semana Irene Montero ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.

Una ley integral contra la trata, precisó la titular de Igualdad, "que sume esfuerzos para proteger a las mujeres que sufren esta forma extrema de violencia machista. Ustedes ya saben la urgencia con la que necesitamos esta ley porque estamos viendo cómo mujeres en situaciones de vulnerabilidad extrema, víctimas de gravísimas violaciones de derechos humanos, se están quedando sin la respuesta que el Estado y las instituciones tenemos la obligación de brindarles".

Este proyecto, continuó, debería garantizar el acceso de las víctimas a sus derechos sin exigirles colaboración policial y judicial. "Trabajamos para tener una ley contra la trata que no ponga condiciones a las víctimas y que permita al Estado llegar a todas ellas, también a las que se encuentran en situación administrativa irregular, para las que es esencial garantizar que acceden a autorizaciones de residencia y trabajo".

Montero reiteró que la ley debe tener un enfoque integral reparador que mejore la detección, identificación, recuperación, reinserción y la reparación.

Las grandes olvidadas

Fuentes de su ministerio insisten en que los esfuerzos en la negociación se están encaminando a que las víctimas, en su gran mayoría mujeres y niñas, puedan acceder a sus derechos sin necesidad de que interpongan denuncia o colaboren con la policía. "Todos los organismos internacionales y las propias organizaciones coinciden que el primer paso es garantizar los derechos de las mujeres víctimas y después acompañarlas en el proceso de denuncia y colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad", sostienen desde Igualdad.

Irene Montero lamentó en el Congreso que las víctimas de trata hayan sido siempre "las grandes olvidadas". Lo cierto es que el retraso en la legislación contra la trata es palmario.

España se comprometió en 2017, a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, a impulsar una "ley de lucha integral y multidisciplinar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual" que establezca mecanismos adecuados para la prevención, refuerce la persecución de oficio del delito, promueva la eliminación de publicidad de contenido sexual y ponga en marcha servicios y programas de protección social y recuperación integral de las víctimas.

El Pacto se aprobó hace más de cinco años y esta medida sigue sin cumplirse. El Parlamento ya ha comenzado los trabajos para renovar el dictamen del Pacto con nuevas medidas contra las violencias machistas y el Gobierno aún no ha ultimado el contenido de la ley contra la trata.

Algo sorprendente, pues han sido numerosas las veces en las que distintos grupos parlamentarios han exigido al Ejecutivo que lleve esta ley al Parlamento, una ley que suscita consensos. Mientras que sobre la prostitución hay distintas posturas ideológicas, todos los grupos comparten que hay que castigar la trata y la explotación sexual.

La titular de Justicia, Pilar Llop, dejó claro hace unas semanas que la ley contra la trata es una prioridad del presidente del Gobierno y que se aprobará en esta legislatura. La ministra aseguró en una entrevista con este periódico que la norma tendrá con un enfoque centrado en las víctimas y perseguirá la trata con fines de explotación sexual, de explotación laboral, de mendicidad y de tráfico de órganos.

A la legislatura le queda poco y el 25 N está a la vuelta de la esquina: no hay tiempo que perder.