EXPLOTACIÓN SEXUAL

El Gobierno impulsa un plan contra la trata sin concretar la regularización de víctimas extranjeras

Igualdad considera que esta medida es fundamental para que las mujeres puedan salir de esta violencia

La reforma del artículo 187 del Código Penal puede determinar la respuesta de España a la explotación sexual y el proxenetismo.

La reforma del artículo 187 del Código Penal puede determinar la respuesta de España a la explotación sexual y el proxenetismo. / Archivo

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El Gobierno ha aprobado un plan ambicioso para proteger a las víctimas de trata y explotación sexual y a las mujeres prostituidas: una decena de ministerios se han comprometido a impulsar 28 medidas para acompañar y ofrecer a las mujeres un camino vital alternativo, así como para desincentivar la demanda de prostitución. Sin embargo, este "Plan Camino" no incluye un acuerdo para la regularización de víctimas en situación administrativa irregular -un porcentaje muy elevado-, tan sólo la intención de estudiar esta cuestión en el futuro.

El Ministerio de Igualdad, responsable del Plan operativo para la protección de los derechos humanos de mujeres y niñas víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución 2022-2026, ha defendido en numerosas ocasiones la necesidad de regularizar a estas víctimas como requisito imprescindible para que puedan dejar atrás la explotación y la violencia. Así lo ha hecho también en el marco de este Plan: "Fomentar el acceso a la regularidad documental para estas mujeres constituye un paso esencial para la protección de sus derechos humanos y la consolidación del proceso de salida de la situación de explotación".

Sin embargo, el Plan Camino -un documento consensuado con una decena de ministerios, incluidos Interior y Migraciones- no llega a dar este paso al frente y se limita a plantear una proposición de regularización de un número limitado de mujeres (aquellas mujeres que participen en el primer Plan de Inserción Sociolaboral) y, a medio y largo plazo, a "explorar vías de normalización administrativa" del Reglamento de Extranjería y a analizar las necesidades de protección legal de estas víctimas.

La "identificación formal y regularidad documental" de mujeres víctimas de trata y explotación sexual constituye uno de los cinco ejes de actuación del Plan presentado este martes, sin embargo, las medidas recogidas son poco concretas y quedan abiertas a la concurrencia de acuerdos futuros.

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, ha asegurado que "para garantizar los derechos de las víctimas de trata es imprescindible ofrecer autonomía económica y además modificar la política de extranjería".

"Esperamos convencer a nuestro socio de gobierno. No hay derechos sin papeles, tampoco, por cierto, abolición", ha escrito Rodríguez en Twitter.

Desde Igualdad se incide en que trabajarán en los próximos meses para que todas las mujeres, "especialmente las más vulnerables", sean beneficiarias de todas las medidas del acuerdo rubricado en el seno del Gobierno. Su objetivo es "abrir y consolidar una vía de regularización para las víctimas de vulnerabilidad extrema como un derecho llave para iniciar y consolidar el proceso de salida de la situación de explotación".

"En un país en el que el 90 % de las mujeres que atienden las organizaciones son mujeres migradas en situación administrativa irregular, la regularización es la única vía para que esta salida se haga realidad para todas ellas. (...) Vamos a impulsar el acceso a la regularización documental de las mujeres víctimas", insisten.

Garantizar "un camino transitable"

A pesar de la falta de concreción en materia de extranjería, Igualdad ha celebrado la aprobación de este plan, por cuanto aspira a proteger y garantizar los derechos de las mujeres y niñas víctimas de trata y explotación sexual a través de alternativas económicas, laborales y sociales.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha enfatizado que "por primera vez" un Gobierno garantiza un "camino transitable" a estas víctimas: "En España se estima que más de 90.000 mujeres podrían estar siendo víctimas de trata y explotación sexual. Mujeres que siempre han sido las olvidadas, las apartadas, las que están en los márgenes de las instituciones", ha indicado.

Montero ha defendido que el plan constituye un "paquete de medidas pionero para garantizar vivienda, educación, sanidad, formación y empleo a todas las víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución" y que garantizar el acceso a todos esos derechos es "la única vía para abolir la desigualdad que perpetúa el machismo sobre los cuerpos de las mujeres".

Cinco años, 28 medidas

La vigencia del plan abarca desde 2022 hasta 2026 y compromete una inversión de 204 millones de euros que tendrán que aportar en casi su totalidad Igualdad y Trabajo.

El Plan Camino consta de 28 medidas centradas en cinco líneas de actuación: mejorar la investigación sobre la magnitud de este problema, desincentivar la demanda con campañas dirigidas a chicos jóvenes y hombres adultos, avanzar en la detección de las víctimas sin exigir que éstas denuncien, ofrecer atención sanitaria, social, laboral y habitacional a estas mujeres y, por último, abordar su normalización administrativa.

Su objetivo general es "prevenir y detectar la trata con fines de explotación sexual y la explotación sexual, reforzando la asistencia integral, la protección y reparación de las mujeres y niñas víctimas" a través de acciones institucionales que garanticen sus derechos humanos. Participan en él Igualdad, Asuntos Exteriores, Interior, Educación y Formación Profesional, Trabajo, Transportes, Sanidad, Cultura y Deporte, Derechos Sociales e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El Plan aúna en un mismo documento medidas ya en vigor y otras que se irán desplegando de aquí a 2026, como la elaboración de un macroestudio para conocer el número de víctimas de trata y explotación sexual y en contextos de prostitución o la creación de campañas de sensibilización y concienciación para desincentivar la demanda de prostitución que irán destinadas a chicos adolescentes y jóvenes y a hombres adultos y que se centrarán en zonas turísticas, eventos deportivos y carreteras donde se concentra el mayor número de prostíbulos.

Habrá que desplegar, asimismo, la educación afectivosexual en todas las etapas educativas, poner en marcha un teléfono específico para atención y orientación de las víctimas y reforzar la formación de los profesionales que trabajan en centros de atención a la infancia.

La aprobación de una ley integral contra la trata o la creación de un programa específico de acceso a vivienda pública para estas víctimas son otros compromisos del plan aprobado este martes.

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