La ley de trata protegerá a las víctimas sin exigir que colaboren con la Policía

El Ministerio de Igualdad prepara un borrador de la ley integral contra la trata de seres humanos centrado en los derechos de las víctimas, a las que no se les exigirá que colaboren con la policía para acceder al sistema de protección.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha dado este martes los primeros detalles del texto que prepara Igualdad y ha aseverado que el marco nacional español de lucha contra la trata es "insuficiente", presenta números ínfimos de detección e identificación de víctimas y hace recaer sobre ellas su defensa y su protección cuando la mayoría no está en condiciones de prestar la colaboración que actualmente se les exige, especialmente "las más vulnerables".

El PSOE considera que la futura ley de trata debería integrar todas las medidas sobre prostitución "por coherencia legislativa"

Rosell ha sostenido que sólo se termina identificando entre el 1,4 y el 1,5 % de las víctimas potenciales y la mayoría de la detección la hacen las ONG especializadas, si bien la identificación corresponde a la policía, que también tiene que perseguir estos delitos. La nueva legislación aspira a modificar el modelo de detección e identificación, pues el existente ha demostrado ser "un fracaso".

La futura ley contra la trata, que el departamento de Irene Montero tiene que negociar con su socio de Gobierno, dará prioridad a la detección, atención y reparación de las víctimas y seguirá un patrón similar al marco de protección de la violencia de género: las personas afectadas no sólo tendrán una puerta policial y penal para salir de su situación, también dispondrán de "otras puertas de salida" que acrediten la condición de víctima y permitan el acceso a recursos especializados para su restablecimiento.

"Primero recuperar y luego ver si están o no en condiciones de denunciar", ha destacado Rosell durante su intervención en el foro La trata de seres humanos: un reto legislativo desde la perspectiva de género de la Universidad Carlos III de Madrid. En él, la delegada ha hecho hincapié en que el Estado debe acompañar a las víctimas y defender sus derechos en lugar de sentarse frente a ellas en un proceso contencioso.

Entre las medidas que baraja Igualdad para esta norma está incluir el principio de no devolución -la mayoría de las víctimas son extranjeras en situación administrativa irregular-, el derecho a un retorno seguro y asistido a su país de origen y a la reagrupación familiar.

La futura ley ofrecerá una asistencia integral especializada, garantizará la asistencia jurídica de las víctimas y desarrollará el derecho a una reparación económica, personal, física, social y simbólica.

Negociación con el PSOE

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género obliga al impulso de una ley integral contra la trata, un fenómeno que afecta mayoritariamente a las mujeres, en una proporción del 90 %.

El pasado diciembre, Unidas Podemos y el PSOE anunciaron que registrarían conjuntamente una proposición de ley contra la trata con fines de explotación sexual.

Entonces, afirmaron que el texto incidiría en que la situación administrativa irregular de las víctimas de trata y de explotación sexual no sea un impedimento para qu puedan acceder a sus derechos y que incluiría un plan de inserción sociolaboral para mujeres explotadas sexualmente y aquellas que se encuentran en contextos de prostitución, de forma que puedan acceder a alternativas vitales.

Ambos partidos, con posturas diferentes en torno a la respuesta legal que se debe dar a la prostitución, comparten que hay que combatir y erradicar tanto la trata de seres humanos como la explotación sexual.

La negociación entre Igualdad y los socialistas se está llevando con mucha discreción, si bien el departamento de Montero ha mostrado este martes las primeras líneas maestras de su borrador.