Juicio del Alvia: un proceso con dos acusados pero muchas implicaciones

El proceso judicial por el accidente del Alvia tiene solo dos acusados, el maquinista, Francisco Garzón Amo, y el exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif Andrés Cortabitarte. Sin embargo, reducir la causa a determinar solo si ambos son culpables, uno solo o ninguno de los dos, sería una interpretación incompleta. No se trata de solo un duelo entre acusación y defensa para esclarecer las responsabilidades de un gravísimo siniestro –que es lo más crucial–, sino que de fondo se mueve todo un juego de intereses entre las partes personadas en el juicio, que generan distintos e intensos vectores de fuerza que se entrecruzan, chocan y, a veces, hasta se refuerzan cuando, al menos en apariencia, se deberían deslizar en bandos contrarios, ya que además de la acción penal también se determinarán las responsabilidades civiles. Todo ello con consecuencias, por lo que pueda suponer de afección a la proyección y negocios internacionales de la alta velocidad española, además del reparto de la asunción de las millonarias indemnizaciones para los fallecidos y heridos.

En este cruce de estrategias, el conductor del tren, a quien se le imputan ochenta delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, 145 de lesiones y uno de daños, está solo contra toda la sala. Contra él, en términos jurídicos, intervienen el fiscal, el centenar de representantes de las víctimas, la defensa del segundo acusado –empleado de Adif–, la propia Adif –defendida por la Abogacía del Estado– y Allianz Global, la aseguradora de Adif.

En un intento de repartir responsabilidades, el letrado del maquinista, Manuel Prieto, quiere poner el foco también en las empresas estatales Adif y Renfe. De hecho, el pasado jueves, el interrogatorio de Francisco Garzón se centró básicamente en poner de manifiesto que el maquinista no recibió la formación adecuada de Renfe para conducir esa línea, que se hizo en una locomotora diésel y no en un tren Alvia y que además fue por la vía 2, mientras que el descarrilamiento ocurrió en la vía 1. Y en contra de Adif, aludió a la falta de señalización en la curva y a la ausencia de balizas o sistemas de seguridad que corrigieran un error humano. Y no hizo referencia alguna a la autoinculpación que sí realizó en sus declaraciones en la fase de instrucción.

Andrés Cortabitarte también tiene enfrente a las víctimas y al fiscal, pero a su defensa particular se suma la del Estado a través de su Abogacía General, que juega un doble papel que se discutió en la primera jornada del juicio, pues por una parte asume la defensa de Cortabitarte y por otra ejerce como acusación para reclamar a Renfe los daños causados en la infraestructura por la salida de vía del Alvia.

Defensa particular y Estado se afanan en evitar responsabilidad alguna de Cortabitarte y, por extensión, de Adif, por lo que su estrategia es culpar al maquinista. De hecho, intentaron, aunque sin éxito, que la causa penal contra el exdirector de Seguridad se restringiera a si el análisis de riesgos de la línea accidentada era correcto o no, dejando fuera cuestiones como la señalización, el funcionamiento del ERTMS –el sistema de seguridad más avanzado, pero que estaba desconectado en el Alvia– o la ausencia de balizas en la curva.

El motivo es que si se declara culpable a Cortabitarte, Adif quedaría señalada, la imagen exterior de la alta velocidad española se vería empañada –al no quedarse reducido el accidente a un error humano– y además tendría que hacer frente, aunque a través de su aseguradora, a millonarias indemnizaciones.

En contra de esta táctica se ha pronunciado –también en la primera sesión del juicio– la aseguradora de Renfe, QBE, al oponerse a que se restringiera el contenido del juicio como pretendía el Estado, aliándose de esta forma con la postura de la defensa de Garzón, que fue la que se impuso finalmente, dado que la jueza decidió que se debían evaluar todos los elementos que potencialmente provocaron el accidente, sin restricciones.

A QBE le interesa una condena de Cortabitarte y de Adif, porque así, se garantizaría que Allianz Global también aportaría parte, o todo, de las indemnizaciones, ya que si solo sale culpable el maquinista, las tendría que asumir en exclusiva. De ahí que Allianz busque que la responsabilidad sea de Garzón, que es en lo que se afanan la Abogacía del Estado y la defensa de Cortabitarte.

Las dos aseguradoras figuran en el proceso como responsables civiles directas, mientras que Renfe y Adif tienen carácter subsidiario. La reclamación por daños y perjuicios asciende a 57, 7 millones de euros y también se extiende a Renfe, Adif, el maquinista del tren y el director de Seguridad en la Circulación en el momento de los hechos. Las víctimas han cobrado una pequeña parte de esas indemnizaciones, que son las cantidades ligadas al seguro obligatorio de accidentes de la operadora ferroviaria.

Renfe, de momento, no se ha manifestado durante las dos sesiones del juicio, algo que ha sorprendido a los representantes de las víctimas.

La abogacía del Estado, que tiene convenios de asistencia jurídica con Adif y Renfe, se mueve entre dos aguas, pues por una parte ejerce la defensa del administrador de infraestructuras ferroviarias y por otra, lleva la acusación para reclamar a Renfe 1,4 millones de euros por los daños causados en el descarrilamiento.