Radiografía de la trata en Galicia: explotación sexual, laboral y mendicidad forzosa

Por lo menos 103 personas han sido víctimas de algún tipo de trata o explotación en los últimos cinco años en Galicia. Aunque las extorsiones de tipo sexual y laboral acumulan la mayoría de los casos reportados por el Ministerio del Interior desde el año 2016 en España, es en territorio gallego donde se concentran el 31% de los casos de mendicidad forzosa registrados en el último lustro. Además, en el periodo previo a la pandemia, las tendencias de todos los tipos de explotación han ido en aumento.

Las cifras, sin embargo, son reduccionistas. Según las estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, por cada víctima de la trata de personas identificada en España existen 20 más sin identificar. “Los datos que manejamos en las asociaciones ratifican los cálculos de la ONU. En Galicia podríamos estar superando la barrera de los 2.000”, explica Hafdallah Menni, técnico especializado en trata personas de Accem Vigo, la principal asociación gallega especializada en la atención de personas refugiadas, migrantes y en situación o riesgo de exclusión social.

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Desde Faraxa, otra de las asociaciones viguesas que trabajan a pie de calle con víctimas de explotación sexual, también confirman los datos: solo en 2019 atendieron a más de 2.500 mujeres víctimas de trata o explotación sexual.

Buscando referentes para legislar

En España, a diferencia de otros países de la Unión Europea, no existe una estrategia nacional que enfrente la trata de personas. “Urge una ley integral que aborde todos los perfiles de la trata, no solo el sexual. Como sociedad no entendemos la envergadura del problema y, por lo tanto, con ese inmovilismo, contribuimos a invisibilizarlo”, añade Menni.

Cuando buscan referentes en materia de legislación, explican desde Accem y Faraxa, ponen el foco en países como Francia o Portugal. En los últimos cinco años, el país galo ha dado “pasos muy importantes” en favor de la abolición de la prostitución. En el año 2016 y muy a pesar de la oposición frontal de la mayoría conservadora del senado, se aprobó una ley que penaliza al cliente de prostitución con hasta 3.750 euros de multa. Tres años después, el tribunal de garantías francés lo ratificó y sentó una sólida jurisprudencia al respecto que fue ampliamente celebrada por las asociaciones de víctimas.

Víctimas de explotación sexual

“Privar al proxenetismo de sus fuentes de beneficios es una de las mejores armas que podríamos tener para luchar contra la prostitución forzosa y contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual”, argumenta el también psicólogo, Hafdallah Menni. De hecho, este tipo de leyes existen ya en países como Islandia, Irlanda, Suecia o Noruega desde hace años. En España, no ha sido hasta el año 2019 que se empezó a trabajar en la creación de una Ley Integral contra la Trata. El Ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero, centra parte de sus esfuerzos en impulsar un diagnóstico sobre aquellos aspectos a tener en consideración a la hora de abordar una regulación integral del fenómeno de la trata, especialmente de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, y aquellos aspectos de la legislación vigente en materia penal y de protección de testigos, de publicidad, y de atención social susceptibles de ser reformados para reforzar la persecución de los delitos de trata y de seres humanos.

El desconocido caso de la mendicidad forzosa

Aunque la información oficial sobre trata de seres humanos con fines de mendicidad es escasa, el Ministerio del Interior atribuye a Galicia el 31% de las víctimas registradas en los últimos cinco años. Desde Accem explican que este tipo de datos es “muy maleable” y depende, en gran medida, de las investigaciones policiales que se lleven a cabo.

Revictimización: el trauma de revivir el crimen

Como acontece con las víctimas de violaciones y agresiones sexuales, las personas que consiguen denunciar y acreditar su condición de perjudicadas por la trata de seres humanos son sometidas a un extenuante proceso de revictimización: deben relatar en numerosas ocasiones su experiencia con todo lujo de detalles. Deben revivir el trauma.

El testimonio es idéntico entre las asociaciones que trabajan con ellas: “Los funcionarios públicos que tienen que tomarles declaración no tienen las herramientas psicoemocionales necesarias para atenderlas adecuadamente”, argumenta el especialista de Accem. La mayoría de juicios de este tipo de delitos suelen ejecutarse entre tres y cinco años después de la denuncia. Mientras las víctimas están recibiendo tratamiento psicológico para tratar de sobrellevar las experiencias vividas, el sistema judicial, por su lado, les obliga a revisitarlas.

El reto de visibilizar todos los tipos de trata

Para los profesionales de Accem todavía queda otra tarea pendiente a nivel legislativo que, espera, se aborde en la nueva ley: visibilizar todos los tipos de trata. “Los esfuerzos de la legislación española se han centrado en proteger a las víctimas de trata con fines de explotación sexual, pero hay muchos más”, explica Menni. La ONU ya los ha catalogado: laboral, concertación de matrimonios forzados, esclavitud o servidumbre, servicios o trabajos forzosos, explotación de la mendicidad, tráfico de órganos y obligación de la comisión de delitos. El mismo organismo cifra en más de dos millones y medio de personas el número de víctimas de trata en España.

Claves destacadas

1. Solo se registra el 5% de las víctimas. Las estimaciones de la ONU hablan de que por cada persona identificada como víctima hay otras veinte sin registrar
2. Más de 100 víctimas de explotación y trata en Galicia. En cinco años, más de cien personas han sido víctimas de estos tipos de extorsión en Galicia. La mayoría de ellas, mujeres.
3. 12 víctimas de mendicidad forzosa. Junto a Andalucía, Galicia lidera los casos registrados de trata de seres humanos con fines de mendicidad en toda España.

Los especialistas solo tienen 21 días para tratar de intervenir y salvar a las víctimas: el tiempo entre menstruaciones

Veintiún días. Ese el tiempo que marca la cuenta atrás de los profesionales que intervienen para intentar salvar a mujeres víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. El número de días no es casual, coincide con el ciclo menstrual de las mujeres que esclavizan. Las razones para hacerlo son, principalmente, dos. Por un lado, los proxenetas y las mafias tratan de entorpecer las investigaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado gracias a las posibilidades que les ofrece su aparato logístico. Por otro, pretenden satisfacer la demanda de los mal llamados clientes: “Los consumidores de prostitución exigen variedad. Las tratan como si fuesen ganado. Las cosifican por completo”, explica Ana García, abogada penalista de Faraxa.

Un proceso complejo

En la mayoría de casos, no son las víctimas las que llaman a las puertas de Faraxa. Todo lo contrario, son las asociaciones las que, poco a poco, tiene que ganarse su confianza para poder brindarles su ayuda. Solo en Vigo, miles de mujeres víctimas de explotación sexual acuden a ellas cada año. Normalmente, lo hacen para recibir asesoramiento psicológico, legal, sanitario, etc. Es en ese momento cuando las especialistas descubren los indicios que las motivan a actuar: “Contándonos su situación se juegan su vida y la de sus seres queridos”, explica García que detalla varios ejemplos de extorsiones que han visto con sus propios ojos.

Desde ahí, comienza a desarrollarse un largo proceso que, tras varios años y en el mejor de los casos, acaba con la apertura de un procedimiento judicial y las víctimas, como testigos protegidos.

Uno de los baches de ese calvario procesual es acreditar que, efectivamente, son víctimas de trata de seres humanos. “Hay que cumplir una serie de condiciones que, a veces, es complejo acreditar: la movilidad forzada y el engaño premeditado son las principales”, explican desde Accem.

Para los tratantes, en cambio, todo vale: “Las engañan prometiéndoles puestos de trabajo en España o les mienten en las condiciones en las que se van a prostituir”, añade García. Cuando llegan, la mayoría se encuentra con que han contraído una deuda con su proxeneta solo por el supuesto coste del viaje. Las soluciones son complejas, pero las propuestas de las asociaciones son claras: voluntad política y más recursos.