ESTADO AUTONÓMICO

El Gobierno canario 'aprieta' al Estado para completar el autogobierno en pleno debate territorial

El Ejecutivo regional pide convocar la comisión bilateral para desarrollar el Estatuto y asumir once nuevas competencias, cuyo coste no tiene calculado

La incertidumbre política sobre la investidura y el próximo Ejecutivo central condicionan la ofensiva isleña

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, y la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, se reúnen en Madrid.

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, y la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, se reúnen en Madrid. / MINISTERIO DE INTERIOR

Joaquín Anastasio

El pacto de gobierno CC-PP en

Canarias

ha puesto ya las cartas sobre la mesa en su plan para tratar de completar a lo largo de la legislatura autonómica el desarrollo del Estatuto y asumir las nuevas competencias que se incorporaron en la reforma de 2018, la mayoría de ellas aún sin traspasar. El Ejecutivo regional acaba de anunciar que reclamará al Gobierno central la convocatoria de la comisión bilateral Canarias-Estado competente para negociar y gestionar esos traspasos que darían un impulso casi definitivo al autogobierno que proclama la ‘carta magna’ autonómica

Lo ha hecho en el contexto de un debate abierto en el conjunto del país sobre la posible revisión del modelo territorial al hilo de las negociaciones para la investidura del próximo presidente del Gobierno de la nación, todavía a expensas de que se cierren los acuerdos políticos y parlamentarios en el Congreso para ello y de que eche a andar la legislatura de manera efectiva. La iniciativa del pacto entre nacionalistas y populares en las Islas la verbalizó el pasado martes la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, pero estará sujeta sin duda a otras muchas negociaciones en el ámbito político en el marco del actual proceso de investidura y conformación del próximo gobierno central.

En concreto, el actual Estatuto de Autonomía incluye entre las competencias canarias no adquiridas aún la potestad para gestionar, en distintos grados de participación según los casos, áreas tan importantes como Puertos y Aeropuertos de interés general (artículo 161), regulación del transporte aéreo (160), Protección Civil y Salvamento Marítimo (149), potestad para otorgar permisos de trabajo a extranjeros no comunitarios y participar en la gestión migratoria (144), comercio exterior con África o determinados países de América (127), o promoción y defensa de la competencia (120). El Ejecutivo autonómico también aspira a hacerse con la gestión de la seguridad privada (150), sistema penitenciario (151), políticas de género e integración (145), Paradores Nacionales (129), o el desarrollo de un plan específico de telecomunicaciones para Canaria dentro de la Agenda Digital estatal (Disposición Adicional sexta).

Agenda canaria en Madrid

De entrada, la convocatoria de la comisión bilateral con el Estado para las transferencias no va a poder producirse con el actual gobierno de

Pedro Sánchez

en funciones, pero el Ejecutivo regional presidido por

Fernando Clavijo

quiere ir adelantando tarea y tener ya sobre la mesa en Madrid esa reclamación. El desarrollo del Estatuto es un punto clave de la agenda del pacto de gobierno en las Islas, y entronca con la apertura del debate sobre las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas en la nueva legislatura y la reforma del sistema de financiación que se tiene que abordar en los próximos años. La posible revisión del modelo territorial por las negociaciones con los partidos nacionalistas vascos y catalanes con efecto en sus respectivas comunidades autónomas pondría allanar el camino a un proceso de traspasos rápidos a Canarias, pero el Gobierno regional lo reclama como mero cumplimiento del compromiso estatal para el desarrollo del fuero isleño remozado en 2018.

El traspaso de las nuevas competencias es además uno de los puntos que CC y el PP han pactado también en el ámbito nacional al incluirlo en el documento firmado entre ambas formaciones en el Congreso para el apoyo de la diputada nacionalista, Cristina Valido, a la investidura del líder y candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, los próximos 26 y 27 de este mes. Aunque de manera muy genérica, el punto segundo de ese acuerdo establece que uno de los “principios fundamentales” de la agenda canaria que el PP asumiría si gobierna en el Estado es “desarrollar el Estatuto de Autonomía a través de los órganos bilaterales pertinentes y con un calendario que incluya el traspaso de competencias reconocidas en el Estatuto”.

Si, como todo hace prever, la investidura de Feijóo fracasa por no tener los apoyos suficientes, CC ya ha mostrado su disponibilidad a negociar con el PSOE la posible investidura de Pedro Sánchez, al que presentará el mismo documento como condición a su apoyo y por tanto la misma exigencia de desarrollo estatutario. Independientemente de todo este proceso político, el Gobierno regional insistirá por la vía de la relaciones Canarias-Estado en el traspaso de las nuevas competencias, que de facto ya se iniciaron en las pasadas legislaturas autonómica y estatal pero con un resultado muy pobre y frustrante para la comunidad autónoma. 

'Peros' ministeriales

En los cuatro años en que coincidieron el gobierno regional del ‘pacto de las flores’ liderado por el PSOE, y el de Sánchez en Madrid, solo se llevó a cabo un traspaso competencial, el de la gestión de litoral, que sin embargo no se ha producido en toda la extensión y contenido que reclamaba Canarias y que ahora vuelve a ponerse sobre la mesa por el nuevo Ejecutivo canario. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ya tiene agendada una reunión con el ministerio de Transición Ecológica para exigir el traspaso total de estas competencias considerando que éstas fueron transferidas “tarde y mal” a principios de año, y que “el Estado ha decidido realizar un traspaso parcial, atendiendo a lo que ellos, unilateralmente, deciden que debemos gestionar”, con medios materiales y humanos insuficientes y sin ficha económica, lo que está ocasionando retrasos en los tiempos de resolución y diferencias en materia de interpretación jurídica.

Los desencuentros entre ambas administraciones en ese traspaso da una idea de la dificultad que entraña un proceso de este tipo, en el que deben concretarse los ámbitos de actuación de cada administración con el nuevo régimen de gestión, el coste de los medios y personal que se traspasa, sobre los que el Gobierno de Canarias no tiene cálculos, el calendario de ejecución y un sinfín de pormenores. Desde la comunidad autónoma se achacan estas dificultades a la “pulsión centralista” que considera que se mantiene en los ministerios titulares actuales de las competencias, donde siempre se ponen peros y dificultades. En el contexto actual, el Ejecutivo de Clavijo es consciente de incluso en el mejor de los casos de iniciar en breve las negociaciones, los traspasos efectivos tardarán años, aunque la clave sería conseguir en esta legislatura algunos de los más importantes, para cuya gestión el nuevo equipo de CC y PP han diseñado una nueva estructura de Gobierno, creado nuevos departamentos y nombrado numerosos nuevos altos cargos, algo que ha suscitado las críticas de la oposición.

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