Un fondo buitre vinculado a un hijo de José María Aznar pugna por desahuciar a tres familias de un barrio de Palma

Un fondo buitre controlado por José María Aznar Botella, hijo del expresidente del Gobierno y de la exalcaldesa de Madrid, mantiene un pulso con tres familias del barrio del Rafal desde hace dos años para desalojarlos de sus viviendas. Promontoria Coliseum Real Estate, propietario del edificio de la calle Baladre en el que estos residentes viven desde 2017, argumenta que los contratos de alquiler han vencido y mantiene con ellos un pulso en los tribunales en busca de una orden de desahucio que no llega a materializarse.

Los jueces asumen algunos de los postulados de este fondo buitre en el caso de dos de las tres familias, pero las sentencias están suspendidas por la situación de vulnerabilidad de los inquilinos afectados, que desde hace seis años pagan un alquiler social. En el caso de la tercera familia, recibió una primera sentencia favorable, pero el fondo vinculado a Aznar Botella recurrió.

Gloria Olmos, abogada de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y de estas tres familias, ha propuesto un trato a Promontoria: 30.000 euros para cada familia a cambio de desalojar las viviendas. Por ahora el fondo ha respondido con una negativa.

"Les he pedido una cantidad similar a lo que esperan ganar ellos cuando alquilen los pisos por 850 euros mensuales por un periodo de tres años. Les recordé que el rédito que sacarán del edificio les garantizará ingresos mucho más altos que esos 30.000 euros", explica Olmos.

"No es nada desorbitado. En noviembre de 2021 ellos mismos ofrecieron 15.000 euros. No les pedimos nada disparatado, es algo justo y coherente", añade esta letrada, que considera que esta solución desbloquearía un conflicto estancado en los tribunales y contentaría a las dos partes.

Un colchón económico para buscar una alternativa

Por un lado, el fondo buitre podría disponer de las viviendas para venderlas o alquilarlas a precio de mercado —las familias pagan ahora una renta social cercana a los 150 euros—. Por otro lado, los inquilinos dispondrían de un colchón económico para alquilar otra vivienda. En este sentido, Olmos recuerda que hay menores implicados y no tienen alternativa habitacional.

Las viviendas son propiedad de Promontoria Coliseum —o de alguna de sus filiales— desde que las adquirió al Banco Sabadell en diciembre de 2019. Dos años antes esta entidad financiera acordó un alquiler social con las familias, que reconocieron haber okupado el inmueble, gracias a la intermediación de la Oficina antidesahucios del Ayuntamiento de Palma.

El fondo vinculado a Aznar Botella planteó hace dos años diversas demandas de desahucio al entender que aquellos contratos de alquiler social, que se firmaron por un periodo de tres años, han vencido. Los afectados, por su parte, alegan su condición de vulnerabilidad.

Las tres familias que resisten en este inmueble han seguido pagando los 150 euros mensualmente para ponérselo más fácil a los jueces. Otras aceptaron en su día compensaciones de cinco o seis mil euros a cambio de desalojar.

Contencioso contra el Plan General