La brecha por la que se cuela Vox: se dispara siete puntos los andaluces que ven una amenaza la transición ecológica

Vox hace ostentación en esta campaña electoral de su desafío a la 'agenda verde' europea. Tras los movimientos negacionistas cada vez menos subterráneos y más visibles en contra de las políticas medioambientales y de la transición ecológica en España, abanderados por el partido de Santiago Abascal, subyace una realidad sociológica: aumenta de forma veloz la percepción entre los españoles de que es una fuente de conflictos sociales, una amenaza más que una oportunidad, y de que las políticas medioambientales se adoptan a espaldas de los ciudadanos y sin consensos previos.

Un escepticismo que crece en las zonas rurales y entre capas de población de mayor edad, a partir de los 50 años. Es lo que arroja el informe “La percepción social sobre la transición ecológica en España, 2022-23” realizado por el Observatorio Transición Justa, de la consultora Red2Red con apoyo de la Fundación Cepsa, con una diagnóstico que parte de 3.019 entrevistas.

Los datos son especialmente llamativos en el caso de Andalucía, donde la muestra de población es mayor y un estudio previo permite establecer comparativas en un año, de 2021 a 2022. Hay resultados muy relevantes que pueden explicar en gran medida el avance de Vox en el mundo rural y los cambios de posición del PP respecto a su agenda ‘verde’. En un año, cae levemente el porcentaje de andaluces que cree con total seguridad que el cambio climático existe, disminuye los que consideran que combatirlo debe ser una prioridad, sube el porcentaje de quienes opinan que la transición ecológica es una amenaza y se eleva el número de andaluces que creen que detrás hay un grave conflicto social. Una foto fija que, señala el Observatorio, debería encender alarmas rojas.

Retrocesos en la UE

La amenaza de un retroceso en las políticas medioambientales y contra el cambio climático se alimenta de las posiciones negacionistas de los partidos de la extrema derecha en Europa pero también arrastra a los conservadores más moderados a posiciones cada vez menos comprometidas. En el Parlamento europeo el rechazo a la ley de restauración de la naturaleza ha exhibido la falta de consenso. En España las alianzas de PP y Vox en varias comunidades han situado al partido de Santiago Abascal, el único abiertamente negacionista del cambio climático en España, en las consejerías de agricultura o gestión forestal, como ha ocurrido en Castilla y León, la Comunidad Valenciana o Extremadura. La guerra por la tuberculosis bovina en Castilla y León arrojó leña a este fuego.

En Andalucía, la proposición de ley de Doñana, que impulsan PP y Vox en el Parlamento andaluz, es otro ejemplo claro de un viraje de las posiciones más comprometidas de la derecha moderada con las políticas de la agenda 2030 a los postulados negacionistas de la ultraderecha. En los conflictos de la última legislatura con el consumo de carne, el campo, la caza o la ley de bienestar animal se encuentran muchas respuestas a las tendencias que arroja esta encuesta y al auge de vox en las zonas rurales.

La guerra del campo

La idea, alimentada con éxito por el partido deAbascal, de que la agricultura, la ganadería y la pesca están amenazadas por las políticas ‘verdes’ europeas, cimentando la idea de una guerra entre el campo y la ecología, tiene un apoyo social relevante. En España, las preocupaciones medioambientales se relacionan de forma directa con el tamaño del municipio donde se reside. En aquellos menores de 20.000 habitantes las preocupaciones más relevantes pasan por la sequía, los incendios forestales o la suciedad y la falta de cuidados de los espacios naturales. En las ciudades mayores, la principal preocupación es la contaminación. Entre el pueblo y la gran ciudad, en el dato de preocupación por la sequía se abre una brecha de diez puntos porcentuales. La falta de agua preocupa al 14% de quienes viven en grandes núcleos urbanos pero afecta un 23% en los municipios de menor tamaño.

En España, la convicción de que el cambio climático existe es muy elevada. El 85% asegura que creen que existe con total seguridad mientras que el porcentaje de negacionistas es muy bajo, del 6%. Sin embargo hay tendencias llamativas. Entre 2021 y 2022 se ha producido en la población andaluza un pequeño descenso de 2,5 puntos de personas que aseguran la existencia del cambio climático con total seguridad.

Una política conflictiva

Según el Observatorio, la lucha contra el cambio climático es una prioridad para la mayoría de la población (65%) aunque un notable 35% considera que son más importantes otras prioridades. En Andalucía se observa una reducción de 6 puntos porcentuales entre quienes consideran que es una política prioritaria. Es más importante para los más jóvenes y baja a partir de los 50 años. Además hay diferencias importantes según las regiones de España. En la población del Litoral Mediterráneo se detecta la mayor proporción (cinco puntos por encima de la media) de personas que priorizan la lucha contra el cambio climático (70%); Canarias y Baleares, Cornisa Cantábrica, Madrid y Andalucía se sitúa en torno a la media. Llama la atención el hecho de que entre la población del centro peninsular, donde engloban Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha, la proporción de personas que dan prioridad a las políticas de lucha contra el cambio climático desciende al 57%. En este área geográfica, un 42% considera que hay otras prioridades más importantes.

La transición energética es un concepto que más de la mitad de la población desconoce, un 51% de la población o bien no conoce o tiene un concepto muy vago de lo que significa. La encuesta refleja que ese desconocimiento aumenta en aquellas personas sin estudios, con una brecha de hasta 22 puntos respecto a quienes tienen estudios superiores. Los territorios donde menos se conoce qué significa la transición ecológica son Andalucía y de nuevo el centro peninsular (41% y 43%, respectivamente, siete y cinco puntos por debajo de la media).

Una visión negativa

En Andalucía se registra también un aumento en la proporción de personas que consideran que el proceso de transición ecológica y energética podría afectar de manera negativa o muy negativa en su entorno. Un dato que sube siete puntos porcentuales. El cambio genera emociones negativas como impotencia e indignación en el mundo rural, mientras que en el mundo urbano hay sensaciones más positivas como esperanza, interés o confianza. Los resultados de la encuesta de 2022 revelan que en general lo que más crecen son las sensaciones negativas y especialmente en Andalucía se observa un significativo descenso en la proporción de quienes valoran el proceso de transición ecológica como una oportunidad, tanto a corto (cae siete puntos) como a largo plazo (baja nueve puntos). Por ejemplo, la proporción de andaluces que considera en el último año que su empleo está en peligro debido al proceso de transición ecológica ha crecido en dos puntos.

El trabajo de este Observatorio señala que la población española está muy dividida respecto a la posible conflictividad social que podría generar la transición ecológica. Un 40% cree que sí lo puede generar y otro 40% que piensa lo contrario. De manera comparada es algo mayor la creencia en la generación de posible conflicto en Andalucía (el 42% de la población así lo manifiesta), frente al 34% en Madrid. También llama la atención el notable aumento de quienes en la comunidad andaluza consideran que este proceso podría incrementar la conflictividad social de su entorno (10,5 puntos más en un año están de acuerdo con esta afirmación).