La Junta de Andalucía no rectificará su polémica orden de precios para la sanidad privada

El Gobierno de Andalucía no tiene intención de enmendar o modificar el proyecto de orden que fija precios para concertar servicios de la sanidad pública con la privada y que, por primera vez, abre la puerta a extender este modelo a la atención primaria, el actual cuello de botella en el sistema público. La orden fija precios en la Primaria: “Consulta médico de atención primaria, 65 euros. Primera consulta, 150 euros. Consultas sucesivas, 90 euros. Consulta de alta resolución, 210 euros”. La orden detalla un listado de precios para procedimientos quirúrgicos, pruebas diagnósticas, estancias por día en hospitales, en UCI, en centros de salud mental, radioterapia y, por primera vez, consultas.

El portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, aseguró en su comparecencia tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno que esa orden “se limita a regular una tabla de precios” y "no va a privatizar" la sanidad pública. Será “potestad de cada consejería”, aseguró el portavoz, insistiendo en que “el actual Gobierno con este presidente no tiene ninguna intención de hacerlo”. La orden fija tarifas de conciertos con la privada en varios servicios, incluida la atención primaria, porque “si las circunstancias excepcionales lo requieren se hará y para eso tenemos precios fijados”. El borrador no especifica nada sobre cuáles serían esas circunstancias excepcionales ni en que casos extraordinarios se aplicarían los conciertos con la privada. “No es una hoja de ruta ni una estrategia”, insistió. “Si algún día tuviéramos que hacerlo ya sabemos lo que nos va a costar y punto”, subrayó Fernández-Pacheco, “ahora sabemos las reglas del juego” y “no hay ninguna intención de hacerlo”, agregó.

El Ministerio, "vigilante"

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguró que desde su Gobierno ven "con preocupación ese borrador de orden que empieza a marcar un camino". Durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros y preguntada por este asunto, Darias avisó de que "el Gobienro va a estar muy atento, va a estar vigilante" y se mostró confiada de que la Junta de Andalucía está dando "marcha atrás fruto del revuelo que se ha armado". Algo que el propio Gobierno andaluz negó. "El concierto o la privatización encubierta de la atención primaria no se ha producido nunca antes en este país", advirtió la ministra. "Vamos a estar vigilantes, a analizar la situación y a actuar con la contundencia que fuere posible", sostuvo la titular de Sanidad.

El origen del conflicto es un “proyecto de orden por la que se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarifación de convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud para la prestación de asistencia sanitaria en centros sanitarios”. La orden anterior es de 1998. Tan antigua que las tarifas estaban en pesetas en vez de en euros.

La gran diferencia entre la orden anterior, aprobada por el PSOE, y la que ahora formula el PP reside en que por primera vez en España se abre la puerta a que esos conciertos se lleven a cabo en la atención primaria. Además la orden fija las tarifas que abonará la Junta a las empresas privadas por realizar procedimientos quirúrgicos y diagnósticos en instalaciones propias de la administración, lo que supone en la práctica poner a disposición de las empresas privadas las instalaciones sanitarias públicas para que cumplan con los encargos del propio SAS. Por ejemplo, un servicio de anestesia de la privada podrá acudir, previo pago, al quirófano de un hospital público.

El portavoz del Gobierno insistió en que “una mentira repetida mil veces no se convierte en verdad” y consideró que es “rotundamente falso, mentira” que se vaya a privatizar la atención primaria ni hospitalaria en Andalucía. “Vamos a protegernos frente a esas deuda millonaria que seguimos pagando por conciertos que hacían la sanidad privada los socialistas sin ningún tipo de control”, arguyó Fernández-Pacheco. “Tarificamos precios máximos que contemplan toda la casuística. Algunos sucederán y otros no. Nos protegemos ante casos de catástrofes”, agregó, ante la pregunta de si el Gobierno ha abordado el asunto en su reunión semanal o si el presidente de la Junta ha dado alguna indicación para rectificar esa nueva norma.