POLÉMICA ORDEN ANDALUZA

"Primera consulta, 150 euros": la Junta pone precio a privatizar la atención primaria en Andalucía

La Junta redacta una orden en la que por primera vez en España se fijan precios para concertar las consultas de atención primaria aunque asegura que “no significa que vaya a privatizar” y lamenta "la campaña electoral"

Los sindicatos y los partidos de la izquierda alertan de que se abre una puerta muy peligrosa y se caldea el ambiente en la comunidad mientras se suceden las protestas en España

Moreno en hospital Granada

Moreno en hospital Granada / Álex Zea /EPC

Isabel Morillo

Isabel Morillo

“Consulta médico de atención primaria, 65 euros. Primera consulta, 150 euros. Consultas sucesivas, 90 euros. Consulta de alta resolución, 210 euros”. Un cuadro con estas tarifas para concertar desde la sanidad pública servicios de atención primaria con la privada, elaborado por la Junta de Andalucía, ha caldeado de forma muy importante a los sindicatos contra Salud. También a los partidos de izquierda, que acusan directamente al PP de abrir la puerta para privatizar la atención primaria por primera vez en España. Ni en Madrid, avisan, "la presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha atrevido a tanto".

El origen del conflicto es un “proyecto de orden por la que se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarifación de convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud para la prestación de asistencia sanitaria en centros sanitarios”. La orden anterior es de 1998. Tan antigua que las tarifas estaban en pesetas en vez de en euros.

La gran diferencia entre la orden anterior, aprobada por el PSOE, y la que ahora formula el PP reside en que por primera vez en España se abre la puerta a que esos conciertos se lleven a cabo en la atención primaria. El gran problema ahora mismo reside ahí, en la puerta de acceso al sistema, donde no hay médicos y se alargan las esperas para conseguir una primera cita. El borrador de la Junta, que ya ha pasado la fase de alegaciones, momento en el que solo CCOO presentó objeciones, recoge un listado de precios para procedimientos quirúrgicos, pruebas diagnósticas, estancias por día en hospitales, en UCI, en centros de salud mental, radioterapia y, por primera vez, consultas.

La Consejería de Salud alega que esto es solo un proyecto de orden, que aún no se ha aprobado, que puede estar sujeto a cambios y asegura que el documento al que sustituye ya incluía también la posibilidad de concertar consultas de atención primaria en un epígrafe que actuaba como una especie de cajón de sastre bajo el título “H. General Básico”, fijado en 17.369 pesetas y donde cabía también la atención primaria. El epígrafe se refiere claramente a estancias en Hospital, aunque la Junta lo niega e insiste en "ya estaba previsto".

Un aumento de los conciertos

La nueva orden enciende todas las alarmas para los sindicatos. Ya en el actual Presupuesto habían denunciado un incremento importante de las partidas destinadas a conciertos con la sanidad privada. La partida del Servicio Andaluz de Salud (SAS) denominada “Asistencia sanitaria con medios ajenos” aumentó 94,2 millones de euros (20,32%), pasando de 463,7 millones en 2022 a 558 en 2023.

Los mayores aumentos están en servicios diagnósticos, un 44%, de 22 a 33 millones de euros (10 millones más); en terapias quirúrgicas, pasa de 7,8 a 14,9 millones (88,34% de aumento) y Conciertos con instituciones cerradas, de 182 a 212,8 millones (16,8% más, 30,7 millones).

La Junta alega que la pandemia ha engordado las listas de espera y que los decretos de garantías en los tiempos de espera, que fijan 60 días de máximo para la cita con el especialista y 180 días naturales para una intervención quirúrgica, obligan a echar mano de más conciertos con la privada. Los sindicatos alertan de que es la apuesta por un modelo que fortalece a la privada y debilita a la pública porque se podrían abrir quirófanos por las tardes en los hospitales públicos, señalan como ejemplo.

Desde agosto, en la mesa

El portavoz de sanidad de CCOO en Andalucía, José-Pelayo Galindo, asegura que conocieron el borrador de esta orden el pasado mes de agosto “por casualidad” ya que fueron excluidos del trámite de audiencia al considerar la Junta que “no era de su interés”. Aun así, CCOO se personó y presentó alegaciones para denunciar que era “un paso inequívoco” del Gobierno de Moreno “hacia la privatización de la sanidad pública”.

“El hecho de que se pongan precios a la consulta de atención primaria muestra la voluntad de la administración de privatizarla”, denuncia Galindo, que lamenta que la Junta de Andalucía “solo llegue a acuerdos con el Sindicato Médico” y advirtiendo de que CCOO no descarta una convocatoria de huelga si prosiguen los enfrentamientos con Salud.

Desde UGT advierten de que “la incapacidad para resolver el caos organizativo” en atención primaria, que aseguran que “cada vez es mayor”, no puede llevar a tomar medidas “irreversibles” para la sanidad pública. “De soslayo, a escondidas y camuflado entre tarifas de distintas pruebas diagnósticas, quieren incluir el concierto de la primaria”, avisa el sindicato UGT, “no se pueden tomar peores decisiones”, añaden.

Salud lamenta "la campaña"

La Consejería de Salud remitió un comunicado donde insiste que “en Andalucía no se va a producir ningún tipo de privatización” y defiende que la nueva orden para los conciertos con la sanidad privada ofrece “beneficios” como precios máximos y cerrados para que no se pueda concertar la tarifa “al precio que se considere oportuno” como insisten que ha ocurrido en Extremadura, Castilla La Mancha o Valencia. En estas tres comunidades hay un protocolo de conciertos pero, según ha consultado este periódico con esas administraciones autonómicas, en ninguna de las órdenes se fija precios para las consultas de la atención primaria. 

La consejera de Salud, Catalina García, aseguró que “en campaña no todo vale”, negando la privatización pero a la vez indicó que la Junta quiere "tener previsto” ese concierto “para cualquier tipo de contingencia, por ejemplo pandemias, situaciones de catástrofe, etcétera".

El Gobierno andaluz logró desconvocar la huelga convocada a finales de enero para la atención primaria tras llegar a un acuerdo con el Sindicato Médico, mayoritario en la plantilla de facultativos. Sin embargo, CCOO, UGT o CSIF se mantienen al margen de ese acuerdo y siguen con las protestas. Ahora las protestas vuelven a amenazar al Gobierno andaluz, horas después de la multitudinaria manifestación por la sanidad pública en Madrid y en otras comunidades como Galicia o Castilla y León. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, salía en auxilio de sus barones este domingo en Sevilla para denunciar que la culpa de la falta de médicos en primaria era del Gobierno de la nación.

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, fue quien obligó a la Junta de Andalucía a informar sobre sus planes al denunciar en rueda de prensa de la intención de poner tarifas a la atención primaria. Nieto advirtió de que la orden plantea además "habilitar a la Junta para fijar las tarifas que abonará a las empresas privadas por realizar procedimientos quirúrgicos y diagnósticos en instalaciones propias de la administración" supone "poner a disposición de las empresas las instalaciones sanitarias públicas para que cumplan con los encargos del propio SAS". Salud alega que eso ya se hace en Extremadura o en Valencia, donde gobiernan los socialistas.