La 'ley Darias' para blindar la sanidad pública: del 'se queda corta' al 'invade las competencias de las comunidades'

Las reacciones, a favor y en contra, ante la nueva ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), que blinda la sanidad pública, no dejan de sucederse. Las asociaciones de pacientes la celebran "con entusiasmo"; la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), en la línea de lo expresado por Unidas Podemos, considera que sigue abriendo paso a la privatización y entidades como el Consejo General de Enfermería muestra su preocupación por si invade la competencia de las comunidades. La sanidad privada, por su parte, advierte: la ley puede provocar "el colapso del sistema sanitario" y, además, establecer el carácter excepcional de la concertación, provocará que las comunidades autónomas acaben en los tribunales a costa de los criterios que determinarán si pueden o no realizar derivaciones de pacientes.

El anteproyecto priorizará el modelo público de gestión directa de los servicios sanitarios y sociosanitarios e impedirá establecer nuevos copagos. Hoy mismo, en Valencia, donde se ha celebrado el Consejo Interterritorial, la ministra Carolina Darias se ha mostrado "esperanzada" de que la ley "salga adelante" en el Congreso por ser una norma que avanza y amplía derechos. Sin embargo, antes siquiera de que se anunciase oficialmente su aprobación, Unidas Podemos, el socio minoritario de la coalición, ya ha avanzado que no apoyará la iniciativa, a menos que el PSOE introduzca cambios en el texto durante el trámite parlamentario.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública lamenta que el anteproyecto "no blinde la provisión pública"

En la misma línea se ha pronunciado la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) que ha lamentado que el anteproyecto "no blinde la provisión pública". Porque, consideran, sigue "abriéndose el paso a modelos privados que se dice serán 'excepcionales' sin que se fijen criterios concretos para esa excepcionalidad ni sistemas efectivos de control de la misma".

La FADSP critica que la normativa sanitaria se utilice para "consolidar el modelo de las mutualidades de funcionarios".

En ese sentido, la Federación apunta a comunidades como

Madrid

donde, dicen, "utilizan estas 'puertas entreabiertas' para una 'barra libre' para privatizar el sistema sanitario". Concluye esta federación que se trata pues "de una declaración de buenas intenciones, de marketing político, de difícil y poco probable cumplimiento". Además, critican que la normativa sanitaria se utilice para "consolidar el modelo de las mutualidades de funcionarios, el mayor factor de inequidad y discriminación dentro de la cobertura sanitaria financiada públicamente y que debe de desaparecer".

El entusiasmo de los pacientes

Mucho mejor recibimiento ha tenido el anteproyecto de ley por parte de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP). La intervención en el último

Consejo de Ministros

de la ministra de Sanidad "ha sido acogida con gran entusiasmo" admiten desde una entidad que representa a 1.450 asociaciones que prestan servicio a más de 900.000 pacientes y familiares. Para esta entidad, la aprobación de la ley supone "un gran avance para uno de los colectivos más vulnerables de nuestro país, tanto para las personas con enfermedad crónica, como para sus familiares y cuidadores".

Uno de los puntos más relevantes para la POP ha sido la inclusión de los representantes de los pacientes en los órganos vinculados al Consejo Interterritorial, lo que permitirá la presencia permanente de estas entidades en la toma de decisiones vinculantes a los colectivos que representan. 

De no recibir "la financiación necesaria" a las comunidades les va a "ser imposible" cumplir los objetivos de la futura norma, según el Consejo General de Enfermería.

El Consejo General de Enfermería (CGE), por su parte, considera que la ley es "un avance importante en materia sanitaria con muchos aspectos positivos". Pero, matiza, la sanidad está transferida a las comunidades autónomas y son éstas quienes tienen que organizar las prestaciones sanitarias. De no recibir "la financiación necesaria" les va a "ser imposible cumplir los objetivos de la futura norma", advierte el órgano colegial.

Al CGE le "preocupa mucho" que el texto "venga a poner trabas a los conciertos con la sanidad privada porque, de aprobarse tal y como está, se va a aumentar considerablemente el tiempo de espera porque hoy en día es imposible que la sanidad pública saque adelante el volumen de intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas complementarias a las que tiene que hacer frente sin ayuda de la sanidad privada". 

La sanidad privada, encendida

Desde la sanidad privada, han vuelto a mostrar su inquietud y enfado ante el desarrollo de la nueva normativa. Así, Carlos Rus, presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) -que agrupa al 56% del total de hospitales y al 32% de las camas existentes en España- declara a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que el sector siempre ha tenido "un carácter complementario" y ha formado parte del Sistema Nacional de Salud. "Ahora, una norma con rango de ley pasa a considerar la sanidad privada como algo excepcional y esa excepcionalidad lo que hace es romper la colaboración público privada de forma estable", indica.

"Estableciendo el carácter excepcional de la concertación se abrirán a partir de ahora procesos judicializados por las comunidades autónomas", señalan desde ASPE.

Entre los datos que desgrana Carlos Rus está que, del presupuesto público, se destina a conciertos un 11,1%, sin grandes variaciones, en los últimos años. Y, de ese porcentaje, la mayor partida es para servicios hospitalarios y especializados (destaca la dedicada a ambulancias). El resto, un 8,3%, se destina a lista de espera o a conciertos singulares, detalla.

"Estableciendo el carácter excepcional de la concertación se abrirán a partir de ahora procesos judicializados por las comunidades autónomas, que acabarán acudiendo a los tribunales. Porque puede haber criterios objetivos, pero también los habrá subjetivos y no tendremos precedentes. Ya hay comunidades que dicen que es una invasión de competencias", señala en alusión a uno de los aspectos más controvertidos de la ley: para poder gestionar de forma indirecta -es decir, acudir a la sanidad privada - las administraciones sanitarias deberán cumplir una serie de requisitos.

Será el Consejo Interterritorial el que determine los indicadores a través de los cuales se dan por cumplidos los criterios señalados, según ha explicado la ministra Carolina Darias que, además, asegura que la "ley consta de todos los informes preceptivos y respeta exquisitamente el ámbito competencial de las comunidades autónomas". Desde ASPE insisten: "vemos que esto acabe en los tribunales fijando qué se considera 'excepcional' y tememos la inseguridad jurídica que puede generar el hecho de los cambios de criterio. Que estemos al baile de la comunidad o el color político".

Miedo al colapso sanitario

En un tono similar se ha manifestado este miércoles la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid desde donde advierten: "Este cambio legislativo puede llevar al colapso del SNS. Sólo en Madrid, más de 2,6 millones de ciudadanos podrían quedar desatendidos". Ponen el ejemplo de esta comunidad donde, con casi siete millones de habitantes, la sanidad pública y privada suman 144.000 profesionales, 83 hospitales con 20.800 camas y 680 quirófanos.

"Cuando una comunidad plantee una excepción, sólo se generará 'bronca política'", asegura la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid.

"Si se extraen de ese conjunto los recursos de la sanidad privada, se restarían 70.000 profesionales, 49 centros hospitalarios con 6.800 camas y 250 quirófanos. Unos recursos que asumen, en la actualidad, el 31% de los ingresos y las altas y el 37% de las intervenciones quirúrgicas", continúan. Abundan desde esta asociación: el anteproyecto de ley contempla posibles excepciones, que las comunidades tendrán que justificar y motivar. El órgano que validará estas excepciones será el Consejo Interterritorial, un órgano "sin capacidad ejecutiva, con las limitaciones que han quedado patentes tras la pandemia de covid-19. Por tanto, cuando una comunidad plantee una excepción, sólo se generará 'bronca política'", concluyen desde esta patronal madrileña.