CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno contempla una normativa nacional para revertir las privatizaciones de centros sanitarios

  • El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS).

  • Para poder gestionar de forma indirecta -es decir, acudir a la sanidad privada - las administraciones deberán cumplir una serie de requisitos y será el Consejo Interterritorial el que avale si responden a esas pautas.

  • La normativa busca evitar nuevos copagos en prestaciones como los productos ortoprotésicos.

La ministra Carolina Darias.

La ministra Carolina Darias. / EPE

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) que blinda el acceso universal a la sanidad pública, da prioridad al modelo de gestión directa de los servicios sanitarios y sociosanitarios y elimina los copagos. Una ley que, según la ministra de Sanidad, Carolina Darias, "va a mejorar la vida de la gente" porque blinda la sanidad publica, "amplía derechos que el gobierno del PP había suprimido y elimina que se puedan establecer nuevos copagos". La ministra anunció, además, que será el Consejo Interterritorial el que determine las pautas para decidir si las comunidades que decidan acudir al modelo indirecto -sanidad privada- cumplen o no los requisitos para hacerlo y que la ley contempla una "modificación legislativa y normativa" a nivel nacional para facilitar a las autonomías revertir la privatización de centros sanitarios.

La ministra de Sanidad compareció en rueda de prensa junto a las ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, Carolina Darias, y la titular de Ciencia e Innovación, Diana Morant, para dar cuenta de dos "asuntos de máxima relevancia" que atañen a su departamento aprobados en el Consejo de Ministros. El primero, la aprobación de la ley de equidad como anunció el pasado sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una normativa que, destacó el jefe del ejecutivo, servirá para blindar la sanidad pública y evitar que "no se privatice por ningún gobierno de derechas en ninguna comunidad autónoma". El segundo, el 'Plan para la ampliación de la cartera común de Servicios de Salud Bucodental', que cuenta con una dotación presupuestaria de 44 millones de euros.

La ministra detalló los aspectos más importantes de la nueva normativa que, dijo, parte de la idea "de la importancia del valor de lo público". La eliminación progresiva de los copagos es uno de los compromisos adquiridos por su departamento que, el pasado otoño, sacaba a consulta pública el anteproyecto de ley, una normativa que introduce el enfoque de la salud en todas las políticas públicas. En noviembre, el Gobierno examinaba, en primera vuelta, esa normativa.

La nueva ley modifica varias normativas previas y, en una aprobación en segunda vuelta, ha introducido cambios "sustanciales" indicó Darias

Según detalló la ministra, la nueva ley modifica varias normativas previas como la Ley 14/86 General de Sanidad o la Ley 16/2003 de Cohesión de Calidad y del SNS y deroga la Ley 15/1997, de nuevas formas de gestión de la sanidad pública y que, de alguna manera, facilitaba su privatización. Ahora, en una aprobación en segunda vuelta, la ley de equidad ha introducido cambios indicó Darias en alusión a las críticas de Unidas Podemos en el sentido de que la norma se queda corta y todavía deja una puerta abierta a la privatización de los servicios sanitarios. "Hemos llegado hasta donde el ordenamiento jurídico nos permitía llegar", puntualizó.

Revertir las concesiones

Entre los objetivos concretos de la normativa, aludió a "blindar la sanidad pública, identificando como modelo de gestión en el SNS la gestión directa". Como tal dijo, se entiende aquella que se presta por las propias administraciones públicas, bien sean estatales, autonómicas o locales, y también mediante la creación de consorcios cien por cien de titularidad pública. Adicionalmente, indicó, la ley establece las excepciones que habilitan la gestión indirecta bajo "una visión complementaria y de apoyo, nunca sustitutoria" y siempre que no sea posible la gestión directa.

Para poder gestionar de forma indirecta -es decir, acudir a la sanidad privada - las administraciones deberán cumplir una serie de requisitos. Será el Consejo Interterritorial el que determine los indicadores a través de los cuales se dan por cumplidos los citeriores señalados, explicó la ministra. "Esta ley consta de todos los informes preceptivos y respeta exquisitamente el ámbito competencial de las comunidades autónomas", añadió la ministra.

La ley contempla la posibilidad de realizar una "modificación legislativa y normativa" a nivel nacional para facilitar que las comunidades autónomas puedan revertir privatizaciones.

Además entre los aspectos que contempla la nueva normativa, añadió está la posibilidad de realizar una "modificación legislativa y normativa" a nivel nacional para facilitar que las comunidades autónomas puedan revertir privatizaciones de centros sanitarios "en las mejores condiciones posibles".

La ley también contempla así delimitar las derivaciones de pacientes a la sanidad privada, un aspecto que ha encendido al sector que, en las últimas semanas, ha iniciado una ofensiva criticando "la deriva" de la sanidad pública tras la pandemia y ofertando sus hospitales para "aliviar" las listas de espera, que augura no pararán de crecer. La patronal de los hospitales advierte, incluso, que valorará jurídicamente si al revertir conciertos sanitarios "se ignoran criterios objetivos". Con datos aportados en mayo por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), MadridCataluña, Baleares y Canarias, son las comunidades autónomas con mayor grado de privatización de sus servicios sanitarios.

Sanidad universal

En cuanto a la universalidad, el Gobierno quiere garantizar el derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria de todos los ciudadanos, independientemente de su origen. Así se amplía el derecho a colectivos, como personas de origen española que viven en el exterior durante sus desplazamientos nuestro territorio sus familiares.

Se busca, asimismo, que se garantice el derecho a asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos al colectivo formado por los ascendientes de nacionalidad extracomunitaria reagrupados por sus hijos con nacionalidad española y que, hasta ahora, se ven obligados a contratar un seguro de enfermedad, público o privado, para obtener el permiso de residencia en España.

Copago ortoprotésico

Asimismo, la ministra dijo que la normativa, entre otros aspectos, persigue evitar la incorporación de nuevos copagos sanitarios, como ya sucede con los medicamentos, una iniciativa que beneficia a aproximadamente a seis millones de personas, entre otras las familias de menores con discapacidad -más de 112.000 personas en España- o los pensionistas con rentas más bajas. La nueva ley pone fin a los copagos del transporte sanitario no urgente y de los productos ortoprotésicos para los colectivos vulnerables.

Así homogeneizará los colectivos a los que se eximirá del copago farmacéutico y ortoprotésico. Es decir, serán en torno a seis millones de personas -pensionistas con rentas más bajas, menores con discapacidad reconocida y a personas de rentas bajas por hijo a cargo- también se verán beneficiadas en el caso de que necesiten productos ortoprotésicos. Una medida que la Federación Española de Ortesistas Protesistas (FEDOP) llevaba tiempo reclamando.

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Precisamente a comienzos de año, el Ministerio de Sanidad completaba la actualización del catálogo común de prestación ortoprotésica en el Sistema Nacional de Salud. La aplicación de la norma, según estimaciones del departamento que dirige Carolina Darias, tendrá un impacto presupuestario anual de unos 15,35 millones de euros de los que la mayor parte corresponden a la actualización del catálogo común de prótesis externas de miembro superior, miembro inferior y agenesias.

Darias avanzó, también, la aprobación del 'Plan para la ampliación de la cartera común de Servicios de Salud Bucodental'. Una de las medidas de mayor impacto del Sistema Nacional de Salud, remarcan desde su departamento, porque está dirigida a la población española en general y en concreto, de forma especial, a más de siete millones personas: menores de 14 años, embarazadas, personas con discapacidad y con cáncer cérvico-facial.