Por la igualdad, siempre

En estos 365 días, 44 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Por culpa de la violencia machista, ya no están aquí Raquel, Débora, María Luisa, Ana, María del Carmen, Eva María, María del Carmen, Abigail, Trinidad, Cristina, Mari Nieves, Amparo, Gema, Virginia, Diolimar, Maite, Eva María, Luisa María, Florina, Clotilde, Ouardia, Victoria, África, Teodora, Claudia, Mercedes, Lobna, Isabel, María Ángeles, Ivet, Luna, Mónica, Sara, Esther, Erika, María Isabel, Cristina, Lorena, María Àngels, Eva, Elia, Yolanda, Maija Anniki y Yana Rose.

1.164 mujeres asesinadas

Cuarenta y cuatro vidas segadas por el machismo, 1.164 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas en 2003. No son un número, la onda expansiva de la ausencia de cada una de ellas asuela la existencia de sus familiares y amistades, especialmente la de sus huérfanos y huérfanas: desde 2013, 361 menores han perdido a sus madres por violencia de género.

Una violencia que en su forma más macabra, la vicaria, le ha arrancado la vida a 47 menores desde 2013. El último asesinato, el de Jordi, de 11 años, puso en evidencia las lagunas y fallos judiciales que aún existen a la hora de proteger a las víctimas.

El Estado le ha fallado a 1.164 mujeres y a 49 niños y niñas, aquí no valen los paños calientes. Sin embargo, hay que destacar, sin triunfalismos, que la tasa anual de feminicidios en el ámbito de la pareja y la expareja muestra un descenso desde años en los que fueron más de 70, a los últimos, en que la cifra no superó las 50 víctimas mortales. Las políticas públicas de lucha contra la violencia de género funcionan, como también evidencian los incrementos de denuncias por maltrato machista y por violaciones. 

Este año se han empezado a dar pasos además para el análisis de formas de violencia que hasta ahora pasaban inadvertidas o permanecían invisibilizadas: por primera vez, un país europeo contabiliza todos los tipos de feminicidios. En el primer semestre de 2022, 19 mujeres han sido asesinadas por el hecho de serlo fuera del ámbito de la pareja, el 60% fueron crímenes perpetrados por un familiar y también el 60% acabó con víctimas mayores de 60 años. Todos los agresores eran conocidos. Se hace necesario destapar el velo que imponen el hogar y el ámbito privado.

España, a la vanguardia en la lucha contra la violencia de género, ha ampliado este año los mecanismos de detección y protección de mujeres víctimas más allá del ámbito de la pareja. La reciente entrada en vigor de la ley orgánica de la garantía integral de la libertad sexual es el avance más significativo, por cuanto ofrecerá a las víctimas atención y reparación, castigará comportamientos como la sumisión química o la redifusión de contenidos íntimos y pondrá en el centro el consentimiento, esto es, que la falta del sí implicará la existencia de una agresión sexual. Cada cuatro horas se denuncia una violación en España, y son aún más los otros delitos contra la integridad sexual.

Con la ley del sólo sí es sí llega además un elemento prioritario para combatir la desigualdad y la discriminación entre hombres y mujeres -cimientos de las violencias machistas-: la obligatoriedad de educación afectivosexual en todas las etapas educativas. Se pueden dedicar todos los recursos del mundo a la persecución de los agresores y a la protección y atención a las víctimas, pero una vez cometido el delito ya se llega tarde. Es preciso destinar recursos educativos a desterrar la desigualdad desde la infancia.

Negacionismo machista

El negacionismo, que sigue escalando en presencia institucional, continúa rompiendo la necesaria unanimidad en el combate contra la violencia de género y empañando el mensaje que se lanza a las víctimas: que estamos aquí para ayudarlas, que las vamos a creer. El cuestionamiento cala y no sólo refuerza el silencio de las víctimas, también da alas y legitima discursos machistas que se ceban con virulencia con mujeres que tienen un sitio en la vida pública: políticas, artistas, juezas, periodistas...

La violencia digital, auspiciada por el anonimato en redes sociales, persigue expulsar a las mujeres de los lugares de poder, disciplinarlas. Hay que trabajar para que estos espacios estén libres de misoginia. Este es un reto pendiente en la lucha por la igualdad que, sin duda, estará muy presente en los años venideros por cuanto nuestra vida digital se solapa cada vez más con la física.

En 2022 se ha abierto el camino para nuevos derechos, como el largamente peleado paro para las empleadas del hogar, y se culminarán otros como las incapacidades temporales por reglas dolorosas o por interrupción del embarazo y la bajada del IVA de compresas y tampones como medida para combatir la hasta hace poco silenciada pobreza menstrual. El acceso al aborto no se convertirá en un suplicio en función del lugar de residencia de las mujeres cuando la reforma de la ley vea la luz.

Se han empezado a diseñar políticas para ayudar a las mujeres víctimas de trata y/o explotación sexual y en contextos de prostitución a acceder a alternativas vitales, pero continúa pendiente la ley integral contra la trata, que Justicia debe impulsar con urgencia si aspira a aprobarla en esta legislatura.

Precisamente las diferencias en el feminismo sobre prostitución se han dejado sentir este año en el seno del Gobierno de coalición a la hora de legislar contra el proxenetismo, aspecto que quedó fuera de la ley del sólo sí es sí precisamente debido a estas sensibilidades pero sobre el que el Parlamento deberá pronunciarse de forma inminente.

Adopte la forma que adopte la ley, este país no puede permitir ni un día más que haya niñas y mujeres esclavizadas. Las Cortes también tendrán que resolver el contenido de la ley trans y de derechos LGTBI.

La implicación de los hombres en la igualdad es otro aspecto sobre el que España debe trabajar más, esta cuestión no sólo atañe a las mujeres. Es irreal aspirar a la equidad si ellos no se implican y corresponsabilizan de los cuidados ni renuncian a ocupar todos los espacios. También se debe ahondar en políticas de empleo que acaben con la precariedad, la temporalidad y la pobreza femeninas: ellas ganan una media de 5.000 euros menos que ellos al año.

En el debe del país, hace falta una apuesta decidida para reconocer la violencia institucional -cuando el Estado ha fallado a las víctimas- y desarrollar mecanismos para no repetirla. Hasta la fecha tampoco ha habido decisión para incluir en la legislación la violencia obstétrica para erradicar las malas praxis en embarazo y parto, ni una protección reforzada de las familias monomarentales que tanto acusan la precariedad.

No se puede consentir que haya niños y niñas que tienen que visitar en prisión a sus padres condenados por violencia machista: avanza la ley para proteger a los menores de las consecuencias de la violencia machista, pero también los operadores jurídicos y las distintas instituciones tienen que aplicarla para lograr su efecto deseado. Hasta el Consejo de Europa ha llamado la atención sobre la resistencia de la judicatura a la hora de retirar la custodia y suspender las visitas a padres violentos.

300 años: una cifra intolerable

La pandemia, el cambio climático y las crisis bélicas y humanitarias del último año alejan el objetivo de la igualdad. ONU Mujeres ha advertido de que alcanzarla puede llevar casi 300 años si continúa el ritmo actual de progresos, en concreto 286.

En la retina tenemos el abandono que han sufrido las mujeres de Afganistán, cuya existencia y autonomía han sido borradas por los talibanes, al igual que la lucha de las mujeres iraníes, que están llegando a poner en peligro sus propias vidas por la reivindicación de la libertad.

El cuerpo de las mujeres es utilizado como arma de guerra y terror, la cercana guerra en Ucrania nos lo ha recordado: trata con fines de explotación sexual, violaciones, esterilizaciones forzosas, embarazos y abortos forzados...

En la actualidad hay más mujeres y niñas desplazadas por la fuerza que nunca: unos 44 millones a finales de 2021 y casi 400 millones vivirán en situación de pobreza extrema cuando termine este año

En la actualidad hay más mujeres y niñas desplazadas por la fuerza que nunca: unos 44 millones a finales de 2021 y casi 400 millones vivirán en situación de pobreza extrema cuando termine este año (con menos de 1,90 euros al día) y muchas más no dispondrán de los ingresos suficientes para satisfacer necesidades básicas como la alimentación, la ropa o la vivienda.

La ONU señala que cerrar las brechas en materia de protección legal y eliminar leyes discriminatorias requerirá casi 300 años, otros 140 para llegar a una representación equitativa en los puestos de poder y liderazgo y cuatro décadas para lograr una representación igualitaria en los parlamentos.

Son tiempos de reacción al feminismo y de cuestionamiento de los derechos de las mujeres. La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el derecho al aborto debe servir de recordatorio de que las conquistas nunca son eternas. Ya lo advirtió Simone de Beauvoir: «No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida».

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA permanecerá vigilante, en el lado correcto de la historia. No hay democracia sin igualdad.