La Fiscalía mantiene su petición de 3,1 millones de euros por el 1-O y la acción exterior del Govern catalán

La Fiscalía ante el Tribunal de Cuentas no considera que la responsabilidad contable que exige por el 1-O y la acción exterior del Govern haya cambiado y en sus conclusiones sigue solicitando que la Generalitat sea resarcida con 3,1 millones de euros, la cantidad que fijó tras la celebración de la vista con la que hace algo más de un año se preparó la prueba del juicio. Esa es la suma con la que el fiscal jefe Manuel Martín-Granizo pide al tribunal que condene a reponer al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, al presidente de ERC, Oriol Junqueras, y a otros 33 demandados.

La acusación que ejerce Societat Civil Catalana hizo lo propio la semana pasada y mantuvo su reclamación de 5,3 millones de euros, informan a El Periódico de Cataluña, del mismo grupo editorial, fuentes jurídicas. Ahora ha llegado el turno de las defensas para defenderse de la acusación de responsabilidad contable. La consejera encargada de juzgar estas actuaciones, Elena Hernáez, tenía intención de dar a conocer su sentencia en un plazo de 20 días una vez que estuvieran en su poder las conclusiones de todas las partes.

Las cantidades reclamadas por el ministerio público son 883.695 por los gastos de referéndum, que es la cifra obtenida de restar los 336.143 euros de la campaña Civisme -que Martín-Granizo excluyó hace más de un año-, a los 1.219.838 que supuso la consulta ilegal. Por los gastos de acción exterior la cantidad reclamada nunca se ha modificado, así que el fiscal sigue exigiendo los mismos 2.209.503 iniciales. Todo ello suma un total de 3,1 millones de euros.

Los demandados tuvieron que aportar 5,4 millones como fianza, tras realizarse una liquidación provisional, cantidad que fue avalada por el Institut Català de Finances (ICF) A ello se suma la inminencia de la promulgación de la ley de amnistía, que el ministerio público, que se opuso a la suspensión del procedimiento, menciona en su escrito de conclusiones.

"Trascurridos cinco meses desde la celebración de la vista, es un hecho notorio que la proposición de ley ha sido aprobada por el Congreso, que en la actualidad se encuentra pendiente de ser aprobada por el Senado y que en el artículo 8 de la referida proposición de ley se dice expresamente que quedarán extinguidas las responsabilidades civiles y contables derivadas de los actos descritos en el artículo 1.1 de esta ley, incluidas las que están siendo objeto de los procedimientos tramitados ante el Tribunal de Cuentas", afirma.

Menoscabo real y efectivo

En sus conclusiones, la Fiscalía declara que "el menoscabo es real y efectivo, al haberse producido la salida de los fondos implicados del patrimonio del ente perjudicado, y se encuentra plenamente individualizado, con identificación de cada uno de los actos que dieron lugar al perjuicio".

En su opinión, "se encuentra acreditado que fueron los actos desplegados por los demandados los que dieron lugar a la producción del perjuicio, por ser su causa inmediata y directa, sin que exista ninguna duda acerca de que los daños resultan objetivamente imputables a su conducta". La responsabilidad contable de Puigdemont por el 'procés' viene dada por "su condición de responsable máximo de la Generalitat".

Con la sentencia del 'procés' que dictó el Tribunal Supremo muy presente, el fiscal atribuye una responsable contable a los condenados por malversación de caudales: Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull, según los hechos que reflejó la propia resolución, a la vez que deja fuera a los que fueron absueltos. En cuanto a los huidos Toni Comin y Lluis Puig "sostiene que pusieron sus departamentos al servicio de actos nucleares de ejecución".

La Fiscalía señala que el hecho de que Puigdemont "no interviniera" en todas las "fases de la tramitación presupuestaria" no afecta a su "presunta responsabilidad contable", porque deriva "de ser la autoridad que aprobó la totalidad de los gastos inherentes a la consulta". A Junqueras "se le atribuye responsabilidad contable por la totalidad de los gastos, atendiendo al especial protagonismo que la Ley de Finanzas Públicas de Catalunya (...) otorga al consejero del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de la Generalitat".

En cuanto a la acción exterior, afirma que la responsabilidad de Puigdemont y de su antecesor, Artur Mas, "deriva precisamente de su participación y dirección de todos los proyectos, estrategias y procedimientos necesarios para desarrollar relaciones y actividades en el ámbito internacional, excediendo los límites de la promoción en el exterior de los intereses del conjunto de Cataluña".

Por todo ello el fiscal pide a la consejera Hernéz que "dicte sentencia de conformidad con lo interesado en la demanda que formuló en el presente procedimiento, con las modificaciones introducidas en su momento al desistir de la reclamación por la Campaña Civisme y con expresa petición de rectificación de los errores materiales detectados".

Su resolución podrá ser recurrida ante los otros tres consejeros que forman parte de la Sala de Enjuiciamiento y luego ante el Tribunal Supremo.