Marlaska insiste en que Interior compró mascarillas a la trama Koldo con "legalidad absoluta"

Mujeres bajo amenaza, inmigrantes irregulares, estafados online, víctimas del terrorismo, minorías étnicas, jóvenes perseguidos por pandillas... Todos estos colectivos que demandan el servicio de la seguridad pública son el objetivo del trabajo del Ministerio del Interior, según los planes de legislatura que ha ido desgranando este lunes el titular del departamento, Fernando Grande-Marlaska, ante la Comisión de Interior del Senado.

Marlaska ha avanzado previsiones para esta legislatura agrupándolas en un pronunciamiento contra la violencia machista, con el que ha iniciado su comparecencia, y en cinco grandes planes de seguridad que van a ser reformados, algunos de ellos con vigencia renovada para los próximos cinco años: la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Criminalidad Organizada y la Delincuencia Grave; un plan de nuevo cuño, de lucha contra el cultivo y el tráfico de marihuana; una renovada Estrategia Nacional contra el Terrorismo, que ha de regir hasta 2030; el Plan Estratégico de Prevención de la Violencia Sexual, con la creación de una oficina nacional de seguimiento, y el Plan Estratégico Nacional contra la Trata de Seres Humanos.

Y ha sido en este último aspecto uno de sus componentes, el de la inmigración irregular y sus delitos aledaños, en el que más se ha detenido el ministro del Interior. "No podemos tolerar, y yo no lo haré, correlacionar inmigración y delincuencia", ha advertido. Los datos oficiales demuestran que "esas afirmaciones son totalmente falsas", ha remarcado.

Inmigración

"Nuestras costas suponen una puerta de entrada no solo a España, sino a la Unión Europea", ha recordado Marlaska en su intervención, antes de reseñar cifras que ya ha sacado en otras comparecencias parlamentarias. Así ha presentado la crisis migratoria en una dimensión continental. El año pasado 154.000 migrantes irregulares llegaron a Italia; "a España fueron 55.000 con un aumento del 82%, y Grecia y Chipre tuvieron un incremento del 266% y del 396% respectivamente".

Ante esta situación ha enarbolado el titular de Interior la creación de la Comisión Interministerial de Inmigración, con la presencia de siete ministerios, pero también la "mejora de equipos de atención en la isla de El Hierro" y su voluntad de "intensificar las gestiones de España en Mauritania con el objetivo de reducir al máximo la salida de embarcaciones de sus costas". Mauritania es clave para Marlaska. "Más del 80% de los migrantes en situación irregular que ha llegado a Canarias procedía de este país africano", ha recordado.

Grande-Marlaska pone sus esperanzas en el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, al que ha tildado de "extraordinaria noticia" por ser "la base de un sistema común de la migración y el asilo basado en la responsabilidad compartida y la solidaridad de los países europeos" que será "implementado con un escrupuloso respeto de los derechos humanos".

El ministro ha querido atajar, antes de que se produjera, el permanente reproche que PP y Vox le hacen sobre un supuesto efecto llamada de las políticas de este Gobierno. "Muchos acostumbran a simplificar un desafío complejo", ha aseverado.

Violencia machista

Fernando Grande-Marlaska ha arrancado su comparecencia en el Senado confirmando como delito de violencia machista el terrible caso de violencia vicaria de este lunes en Almería. El ministro, ha lamentado este "aberrante" fenómeno, contando ya 1.246 mujeres asesinadas desde que existen estadísticas en España.

Para Marlaska esta lacra "hunde sus raíces en el machismo y la dominación de la mujer, que niega la ultraderecha y demasiadas veces, por acción u omisión, también la derecha". El ministro ha valorado el Protocolo Cero, como "valioso instrumento para activar los procedimientos de protección de la mujer cuando es reticente a denunciar".

También ha valorado "una nueva modalidad que denominamos "inactivación supervisada"", para casos de amenaza de alta complejidad con menores en situación de riesgo.

Hablando de menores amenazados pero también de otras personas en pelitro, Marlaska ha recordado que su ministerio reforzará la "actuación ante las personas vulnerables, víctimas de trata, lucha contra los delitos de odio, personas desaparecidas, personas mayores, y la actuación policial contra los grupos violentos juveniles".

Concesiones

Ha hablado Marlaska en el Senado después de un fin de semana en el que policías y guardias civiles se han manifestado ante el Congreso para exigir unas condiciones de prejubilación equiparables a las de las policías autonómicas y municipales (59 años, por ser profesión de riesgo), y en el que han protagonizado los funcionarios de prisiones airadas protestas tras el asesinato de Nuria, cocinera de la cárcel de Mas d'Enric, a manos de un preso.

El ministro ha hecho dos anuncios a esos colectivos de descontentos, y contra las razones que provocan sus reproches: "Ahora nos toca centrarnos en las jubilaciones de los agentes y adecuarlas a sus pretensiones en los términos que nos sean posibles", ha prometido el titular de Interior.

También ha asegurado que su departamento cumplirá con una vieja exigencia de los funcionarios de prisiones, para "constituirlos como agentes de autoridad", medida que podría contribuir a la disuasión de los ataques de internos.

Narcos

Marlaska ha retomado las críticas recibidas por la emergencia narco en el Estrecho de Gibraltar. Y lo ha hecho recordando que, cuando llegó a ese ministerio, "hasta entonces no se había hecho absolutamente nada" y ahora van gastados "120 millones de euros para fortalecer recursos humanos, medios materiales y de inteligencia".

Como suele hacer en este debate, Marlaska ha sacado cifras. Entre 2012 y 2018 se perdieron en la comarca 1.649 efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional. En diciembre de 2023 "se alcanzó el máximo histórico en esta zona con 3.690 agentes más que antes de la ejecución del plan especial", ha remarcado.

Ha enmarcado el ministro este dato entre otros sobre su gestión en hasta ahora. "Se han recuperado más de 14.000 plazas netas en ambos cuerpos policiales -ha reclamado- y se ha llegado hasta 25.000 efectivos en instituciones penitenciarias, una cifra que no teníamos desde hace diez años".

De ese incremento de policías y guardias contratados por Interior (un departamento de 180.000 con 180.000 empleados), el 49% de los nuevos efectivos ha sido destinado a la prevención y lucha contra la violencia machista.

Un 4,6% de esos efectivos refuerzan la lucha contra el terrorismo, un 11,5 están en seguridad ciudadana y hay un 13,7 más de agentes en lucha contra la inmigración irregular. 

Para Marlaska es reseñable un dato del CIS según el cual "solo el 2,3% de los españoles considera la inseguridad ciudadana como principal problema de nuestro país, por mucho que se empeñe la extrema derecha en dibujar un panorama catastrofista, a veces apocalíptico".