Canarias parte con desventaja en el debate para la reforma de la financiación

Canarias es la comunidad autónoma que podría partir con mayor desventaja en el nuevo debate abierto sobre la reforma del sistema de financiación autonómica al hilo de la oferta realizada por el PSOE para lograr el apoyo de los partidos nacionalistas a la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno tras el 23J. 

La dependencia de los votos de ERC, PNV, Bildu, BNG y CC, más al menos la abstención de Junts, ha lanzado a la número dos del PSOE y ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, a poner sobre la mesa la "reforma urgente" del actual modelo, que lleva casi una década prorrogado, pero ha abierto muchas suspicacias sobre la posibilidad de que cesiones a Cataluña en esta materia, como una posible relación financiera bilateral, perjudique a otros territorios.

El Gobierno de Canarias afronta este debate con cautela en espera de que la propuesta del PSOE se concrete y aclare los elementos en juego, y también porque tendrá oportunidad de hacer sus propias reclamaciones en el marco de la investidura a través de la negociación que se abrirá y en la que los intereses de las Islas estarían, al menos sobre el papel, representados por la diputada de CC, Cristina Valido, cuyo voto podría ser determinante. 

Revisión en profundidad

Los nacionalistas canarios, que presiden el Ejecutivo regional en pacto con el PP, plantearán en esa negociación la necesidad de una revisión en profundidad hacia un modelo en el que se excluyan los recursos del REF del cómputo general en el sistema de reparto de fondos estatales, en el que se pondere más la insularidad como factor corrector del criterio de población ajustada como principio básico de ese reparto, y que se tengan en cuenta otros elementos como la condición ultraperiférica del Archipiélago, así como tasas de pobreza y desempleo o el PIB regional.

"Es urgente la reforma y no parece razonable que haya una diferencia como la actual entre las mejor financiadas y las que estamos en la cola. No podemos seguir esperando a que se den las condiciones necesarias que entiende el gobierno del Estado para abrir este asunto, porque siempre parece que haya algo más importante para aplazarlo", resalta el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello. "Los diferentes resultados electorales van polarizando las posturas, pero se tiene que abordar. Si esperamos el contexto ideal se seguirá retrasando", subraya.

Cabe recordar, sin embargo, que una negociación formal ya entre comunidades autónomas y Gobierno central, independientemente de que sea Sánchez el que opte a la investidura, correspondería al PP a través de la consejera de Hacienda, Matilde Asián, al haber quedado este departamento en manos de los populares canarios en el reparto del poder entre los dos socios de gobierno.

Desde ambas formaciones se asegura que hay plena sintonía sobre este aspecto esencial de la legislatura y que no habrá disfunciones en el marco del debate general que se ha abierto, en el que la posición del Ejecutivo se plasmará en sus aspectos esenciales en la posición defendida por los nacionalistas durante las negociaciones para la investidura. Aseguran que serán básicamente las mismas que la propia Matilde Asián defendería en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el marco legal en el que el Estado discute el asunto con las comunidades autónomas antes de que cualquier reforma al respecto se tenga que aprobar por mayoría absoluta en el Congreso al modificar una ley orgánica, en este caso la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas). 

El Estado inyectó a las autonomías 417.000 millones en una década

Pérdida de recursos

Sin embargo, la principal preocupación para Canarias de entrada es la desventaja con la que parte si la reforma que plantea el PSOE y la ministra Montero es el informe del Comité de Expertos difundido a finales de 2021 y en el que las Islas perdían tres puntos porcentuales de recursos respecto al modelo actual, según un estudio que realizó el instituto Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada). Era, junto a Galicia, la región peor parada de la reforma porque reducía el peso de la insularidad como factor corrector, frente a una mejor ponderación de los factores de despoblación, dispersión, envejecimiento o coste fijo de los servicios, y porque, además, no aclaraba si los recursos del REF se excluían de ese cómputo para el reparto de los fondos con que las comunidades cubren el coste de los servicios básicos que prestan, sanidad, educación y asuntos sociales. 

Esa diferenciación entre recursos del REF y financiación ya está blindada en la reforma del propio fuero y en el Estatuto de Autonomía y a ello apelará Canarias en la negociación para la reforma del sistema. Incluso el anterior Gobierno de Canarias del pacto de progreso presidido por el socialista Ángel Víctor Torres rechazó la mencionada propuesta del Ministerio de Hacienda aunque se presentara como mero “borrador”. “Ese no es un buen punto de partida porque no queda claro que se vayan a excluir los recursos del REF y vamos a rechazar cualquier punto de partida que nos perjudique. Nosotros no vamos a permitir que cualquier de las fórmulas que se planteen perjudiquen a Canarias”, aclara Cabello en nombre del actual Ejecutivo regional. 

En todo caso, la propia Montero rebatió en su momento, sin datos, las conclusiones del mencionado informe de Fedea respecto al efecto que la propuesta del Comité de Expertos tendría sobre las distintas regiones, y se mostró abierta a mejorar la insularidad como factor de corrección en el sistema de reparto. Canarias considera que en la liquidación de 2021 publicada por el Ministerio de Hacienda percibió 1145 euros menos por habitante que la comunidad mejor financiada, Cantabria, y 377 euros menos que la financiación media per cápita estatal, situando al Archipiélago a la cola, superando solo a Baleares, con un déficit respecto al coste de los servicios de más de 700 millones. Para muchos dirigentes políticos, la cuadratura de la futura financiación pasa por un incremento de las aportaciones estatales de en torno a 18.000 millones.

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Deudas muy dispares

Otro de los elementos que preocupan a algunas comunidades es la posibilidad de que el acuerdo para la investidura de Sánchez suponga, como contrapartida al apoyo de ERC y Junts, la condonación de la deuda contraída por Cataluña con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), el mecanismo de préstamos a bajo coste que el Gobierno del Mariano Rajoy (PP) aprobó en 2012 para hacer frente a la crisis financiera y de deuda de las administraciones territoriales durante la crisis económica de 2010. Ese mecanismo llevó a algunas comunidades, que no tenían posibilidad de financiarse en los bancos por su ya considerable deuda pública, a la solicitud de préstamos estatales a muy bajo interés, alcanzando cifras como las que hoy ofrecen comunidades como la propia Cataluña, 71.852 millones; Comunidad Valenciana, 46.274 millones; Andalucía, 25.276 millones; o Castilla-La Mancha, 11.069 millones.

La condonación de esa deuda por parte del Estado supondría un claro agravio a las regiones mejor saneadas y que no han requerido de esos préstamos, como sería el caso de Canarias, que con 1.296 millones es la tercera que menos ha utilizado el FLA solo por encima de comunidades de mucha menor población como Asturias, con 858 millones, y La Rioja, con 758 millones. Canarias está siendo desde hace más de una década una de las comunidades más saneadas económica y financieramente, llegando a tener superávit en muchos ejercicios, y con una de las menores tasas de deuda pública total, 7.178 millones en el primer trimestre de este año, lo que supone un 14,9 % de su PIB regional. Solo el País Vasco. Navarra y Madrid están por debajo. 

Esta posibilidad de hacer un quita a la deuda con el Estado para algunas comunidades en el marco del debate sobre financiación autonómica es uno de los elementos de fricción interna entre los presidentes regionales del PP y del PSOE, en función de si se benefician o no de la medida. El portavoz del Gobierno regional elude entrar en esta posibilidad y señala que "no sabemos exactamente qué elementos están sobre la mesa y entendemos que hay que conocerlos todos para adoptar una posición". "Carecemos de mucha información y como gobierno consideramos que cuando se plantee por parte del Ministerio las medidas concretas las valoraremos", aclara.