España estrena la presidencia de la UE con un Poder Judicial aún sin renovar

La presidencia Española de la UE arranca este sábado, 1 de julio, sin que se haya logrado solucionar la crisis institucional que mantiene desde hace casi cinco años sin renovar uno de los órganos constitucionales clave, el Consejo General del Poder Judicial. El acuerdo político ha sido imposible -en gran parte por la negativa del PP para llegar a un acuerdo, alegando diferentes argumentos a lo largo de los años- y ello pese a las continuas llamadas al consenso por parte de la Comisión Europea.

El pasado mes de septiembre, el comisario de Justicia, Didier Reynders, protagonizó un intenso periplo institucional de dos días por nuestro país en el que insistió en que el acuerdo de renovación debería ser una prioridad antes de que llegara la fecha de la presidencia española, dejando claro no obstante que no era el papel de las instituciones europeas señalar cuál debía ser el sistema de elección de vocales. 

Unas semanas después, y cuado parecía que el acuerdo entre el PSOE y el PP estaba a punto de anunciarse, el partido de Feijóo formalizó mediante un comunicado la ruptura de las negociaciones, alegando que el anuncio la reforma del delito de sedición suponía "una incongruencia insalvable" para alcanzar un pacto. La posibilidad de renovar el Consejo durante la actual legislatura saltó por los aires.

La reforma del modelo actual, para que en vez del Parlamento "sean los jueces quienes elijan a los jueces" que integran su órgano de gobierno, es otra de las claves que divide al Gobierno y al principal partido de la oposición para renovar una institución que tiene limitada una de sus principales competencias, la de nombrar a los integrantes de los altos órganos judiciales. Actualmente, unas 80 plazas se mantienen sin cubrir en Audiencias y tribunales superiores, y las bajas superan la veintena en el Tribunal Supremo. 

No somos Polonia ni Hungría

La situación, incómoda para un Estado que pasa ahora a presidir la UE, no es, en ningún caso, comparable a la de países como Hungría o Polonia, que han recibido por parte de la Comisión Europea serias advertencias por la degradación de su estado de derecho.

Así lo dejó claro el propio Reynders durante su visita cuando reconoció que, aunque la situación de la justicia podía mejorarse, España no puede compararse a lo que ocurre con Polonia, multado con un millón de euros diarios "por falta de implementación de sistemas de independencia de los jueces" y que puede ver comprometida la llegada de fondos europeos. Tampoco con Hungría, que por problemas parecidos ha visto suspendido el envío de hasta 7.500 millones en ayudas. Más allá de lo que ocurre con el Consejo General del Poder Judicial, Europa no pone en cuestión la independencia de los jueces españoles. 

El denominado informe Reynders sobre el Estado de Derecho en España, que cumple ahora un año, ser refería igualmente a otro asunto que de forma recurrente sale a colación cuando se habla sobre la calidad de nuestro Estado de derecho. Se trata de la coincidencia de los mandatos del Gobierno y del fiscal general, algo que según el comisario belga "no gusta" a la Unión Europea y sobre el que no hay prevista ninguna reforma por el momento.

Sentencia del TEDH

El inicio de la presidencia española de la UE coincide además con la reciente sentencia del Tribunal de Estrasburgo - que ha puesto en evidencia la incapacidad de España para renovar el Consejo del Poder Judicial. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estima que la situación ha llegado a tal punto que ha supuesto una vulneración de los derechos fundamentales de seis de los jueces que integran la lista de aspirantes a ser elegidos por las Cortes, que además recibieron un portazo injustificable por parte del Tribunal Constitucional. Este órgano está estudiando ahora si la decisión le obliga a adoptar alguna respuesta concreta.

 A todo ello se unen las protestas protagonizadas por diferentes operadores jurídicos desde principios de año que ponen en tela de juicio la gestión de la Administración de Justicia del actual gobierno socialista. 

Tras el paro de dos meses de los letrados que presiden las oficinas judiciales en demanda de un mayor salario, y que causó el retraso en la tramitación de miles de asuntos, la situación se ha visto agravada por una huelga de funcionarios que ha cumplido más de un mes, a los que en los últimos días se han sumado concentraciones de abogados frente a los órganos judiciales para denunciar la situación.