Los funcionarios amenazan con llevar a Llop al Supremo y Justicia les cita para el martes

Los funcionarios de justicia no quieren dejar pasar la oportunidad que significa la próxima cita electoral y, lejos de suspender las movilizaciones y acercarlas a las elecciones, han decidido continuar con la huelga y, además, trasladar su propuesta a los propios tribunales en busca de una visibilidad que cada día resulta más difícil. El comité de huelga denunciará a la ministra de Justicia, Pilar Llop, a y su secretario de Estado de Justicia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por vulneración de los derechos sindicales al no sentarse a negociar con ellos.

Los sindicatos, que ya habían pedido la dimisión de la ministra, consideran que "cada día que pasa" sin ser convocados "queda patente el nulo interés de este ministerio por una Justicia que se hunde y su clasismo y rancio corporativismo que le lleva a negar el diálogo y la negociación a 45.000 empleados públicos mientras que sí lo hace con la élite judicial", en referencia a los acuerdos que sí ha firmado con los letrados de la Administración de Justicia y jueces y fiscales.

Justicia despeja de momento la amenaza de huelga de los jueces

Como revulsivo el siguiente paso acordado por el comité de huelga será "presentar una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra la ministra de Justicia y el secretario de Estado de Justicia por vulneración del derecho fundamental de libertad sindical y por incumplimiento del deber establecido en el artículo 8.2 del Decreto 17/77 de 4 de marzo de relaciones laborales (comúnmente conocido como Decreto de huelga) de convocar al comité de huelga durante la duración de la misma". Argumentan incluso que "la actitud antisindical de estos responsables políticos raya la prevaricación".

Nada sin el LAJ

Antes de formalizar la denuncia, el comité de huelga ha vuelto a dirigirse al ministerio para exigirle que le convoque. Además, se va a dirigir un escrito al secretario general, a los secretarios de gobierno y secretarios coordinadores advirtiendo de que no se va a aceptar ninguna presión para que un funcionario realice funciones que no están recogidas en la ley mientras que no se retribuyan adecuadamente y para que no se realice sin su presencia ninguna actuación que tenga que ser firmada por el letrado de la Administración. De producirse, se denunciará en la instancia correspondiente.

Además, se va a extender el reparto de la guía de funciones para colocar detrás de cada pantalla del ordenador, para explicar al ciudadano y al profesional por las razones que llevan a no realizar un acto procesal sin la presencia del letrado o del juez, tal y como exige la ley con independencia de que la costumbre anterior fuera que se hicieran sin su presencia. El objetivo es que todo el mundo sea consciente de las actuaciones que realmente realizan los funcionarios.

Conscientes de que una huelga conlleva un perjuicio notable para los ciudadanos y para los profesionales, el comité contactará con los Colegios de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales de cada ámbito territorial para exponerles la ausencia de voluntad de negociación del ministerio y acordar la publicación de una declaración exigiéndole diálogo y la negociación para solucionar el conflicto.